Bogotá | Audiencia 167 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Agresiones físicas, procedimientos judiciales contra periodistas, bloqueos, leyes restrictivas de la libertad de expresión, son algunos de los patrones que representantes de organizaciones no gubernamentales presentaron ante la Audiencia 167 Período de Sesiones  de la Comisión Internacional de Derechos Humanos realizada en Bogotá

Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela; Adriana León, Jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad de Perú; Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador tuvieron a cargo la vocería por estos cuatro países. Reproducimos los textos leídos durante la sesión

Señores Comisionados, Señor Relator, Señor Secretario Ejecutivo, buenas tardes. Nos presentamos ante ustedes Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Adriana León, Jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, y quien les habla, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador.

Queremos agradecer a ustedes por haber otorgado esta audiencia que nos permitirá poner a su consideración información sobre la peligrosa situación que viven las libertades de expresión y de prensa en la Región Andina, describiendo particularmente el entorno de estos derechos fundamentales en Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

En Ecuador, 2017 cerró con una cifra de 297 agresiones a la libertad de expresión, de un total de 2348, desde 2008. Fue el primer año en el que se registró una disminución de ataques, con un 40% menos frente a los casos reportados en 2016, que cerró con 491.

2017 también evidenció una marcada diferencia, en cuanto a agresiones y cifras, entre el primer y segundo semestre, producidos por un contexto político tras un cambio de gobierno que pasó de estar en manos de Rafael Correa, a su sucesor Lenin Moreno. Entre enero y mayo, el promedio de agresiones reportadas fue de 37 casos por mes, mientras que, entre junio y diciembre, se reportaron en promedio 15 agresiones, coincidiendo con el cambio de mando presidencial que se dio a partir de mayo.

Desde la segunda mitad del año, el discurso estigmatizante, los insultos y descalificaciones en contra de periodistas o activistas durante los enlaces sabatinos, y las sanciones casi diarias contra los medios de comunicación dejaron de sumar cifras exponenciales en los registros que realiza Fundamedios, sin que esto signifique que la salud de este derecho humano fundamental este fuera de peligro, puesto que el aparataje estatal y leyes restrictivas como la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) siguen intactas.

Desde que asumió el presidente Moreno se evidenciaron cambios, no solo por la caída en cifras de ataques, sino por la apertura mostrada con el llamado al diálogo, la eliminación de los Enlaces Ciudadanos, o el refrescamiento de líneas en la administración de los medios públicos e incautados -que ha prometido marcar un antes y después hacia una línea editorial más plural y menos gobiernista-. Fue muy simbólico que las cadenas se dejaron de utilizar como un recurso para estigmatizar y atacar a periodistas.

En cuanto a las agresiones, el principal ataque en este 2017 se dio por violaciones a los derechos digitales, con 59 casos. Estos incluyen: ciberamenazas y acoso en redes sociales; hackeos, así como el abuso de normas de propiedad para censurar contenido o dar de baja cuentas.

En segundo lugar, se ubican las agresiones verbales, con 56 casos, entre amenazas e insultos y descalificaciones, mientras que el tercer lugar es para las agresiones dadas por el uso abusivo del poder estatal, con 43 casos. Dentro de esta categoría se incluyen 26 casos de abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado, como réplicas impuestas; 14 casos de abusos de organismos de control estatal, y dos casos de incautación de equipos y cancelación arbitraria de frecuencia.

Asimismo, en cuarto lugar, se ubican las agresiones físicas, con 42 casos, seguidos muy de cerca por las sanciones en aplicación de la LOC, con 39 reportes. Un número que llama la atención puesto que el año pasado fue la principal agresión y en este, las sanciones a medios disminuyen drásticamente, sumado a hechos como la reciente anulación de la sentencia en contra de Teleamazonas, tras aceptarse una acción de protección que impidió que el medio sea multado con el 10% de su facturación de tres meses por  no difundir un video de réplica del superintendente Carlos Ochoa, así como otros procesos más antiguos en contra de diarios como El Universo y Expreso, cuyas sanciones fueron anuladas por el Tribunal Contencioso Administrativo por considerar que no debieron ejecutarse.

Finalmente, en quinto lugar, se ubican los procesos penales, con 36 casos, entre procesos iniciados, sentencias y detenciones arbitrarias. En menor medida se reportaron 8 casos de censura, 5 por uso abusivo del poder no estatal, 4 procesos constitucionales o administrativos y un proceso civil.

En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación y los periodistas y trabajadores de la prensa siguen siendo los más agredidos, con 125 y 70 ataques, respectivamente, seguido por ciudadanos, 54 casos, personajes públicos, 22 y 9 ciberactivistas.

De todos estos ataques, los principales agresores siguen siendo los funcionarios públicos, en 93 ocasiones y el Estado, en 87, por medida administrativa, legislativa o judicial. Esto a pesar de estos cambios y la disminución de la agresividad que han dado un ligero respiro a quienes ejercemos la libertad de expresión.

En resumen, las 297 agresiones no nos deben dejar tranquilos mientras sigan existiendo leyes restrictivas y un aparataje estatal que en los inicios de este 2017 fueron utilizados como herramientas de persecución y estigmatización y que hoy sigue casi intactos. El gobierno nacional ha dado muestras de buena voluntad para reformar la Ley Orgánica de Comunicación y ajustarla a estándares internacionales. Se ha dado una mayor apertura de parte de instituciones como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación para escuchar las inquietudes de la sociedad civil, los medios de comunicación y los periodistas. En Ecuador esperamos que este sea el inicio de un cambio real en favor de las libertades de expresión y de prensa, que han sido los derechos fundamentales más vulnerados en el país en la última década.

No quiero terminar mi intervención sin mencionar al periodista Freddy Aponte, víctima de una furiosa persecución por parte del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Hace pocas semanas se ha declarado su muerte civil y ratificado su condición de interdicto e incapaz de administrar sus bienes. Esta decisión judicial forma parte de uno de los seis procesos seguidos por Castillo en contra de Aponte, para quien ya no hay instancias legales a las que acudir y su condición de interdicto es inapelable, lo que le impide trabajar, manejar cuentas y ser un ciudadano.

En Venezuela está ocurriendo un progresivo y acelerado deterioro de los principios democráticos y un resquebrajamiento sostenido de las instituciones y del Estado de derecho.

Derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida se están vulnerando a diario sin que el Estado reaccione eficientemente ante las denuncias de una realidad marcada por la escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, muerte de niños y ancianos, desnutrición, represión e inseguridad, y más recientemente una masiva salida de venezolanos al exterior. El común denominador en estos asuntos son las restricciones al acceso a la información, pues prevalece la opacidad y la rendición de cuentas de parte de las instituciones públicas en materia de social y económica principalmente.

El Índice de Libertades Periodísticas del año 2017, de esta organización así lo demostró. El cierre o restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales; las negativas constantes de funcionarios públicos a rendir cuentas, así como los obstáculos para acceder a datos públicos en instituciones y plataformas digitales, fueron las principales preocupaciones de 253 periodistas que fueron consultados por nuestra organización. Calificaron como altas las restricciones en materia de acceso a la información pública, categoría en la que ocurrieron 283 violaciones.  En segundo lugar, los periodistas refirieron el temor a las agresiones de calles como una barrera para el ejercicio periodístico, así como también las arbitrariedades para de parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante la cobertura informativa, los cuales además figuraron como los principales victimarios a lo largo del año. Estos hechos no fueron fortuitos, pues el sistema de monitoreo de IPYS contabilizó 507 violaciones por agresiones y ataques, la mayoría de ellos ocurridos en el contexto de protestas.

Esto evidencia que en el contexto de crisis que se ha acentuado en el país, la violación a la libertad de expresión y el derecho a la información, cuyo resguardo está contemplado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela, se manifiesta además de forma reiterada el acoso judicial, hostigamiento, ataques y amenazas a periodistas y medios de comunicación. La libertad de expresión e información ha sufrido uno de los peores retrocesos durante el año 2017 demostrando el talante antidemocrático y autoritario del gobierno venezolano.

Este análisis se sustenta en una realidad concreta: en 2017, IPYS Venezuela registró al menos 518 casos de violaciones a la libertad de expresión e información en Venezuela. Este número supone un registro sin precedentes en 15 años, pues representa un aumento de 57% en comparación con los registros del año 2016, y supone más de 300 casos más con respecto año 2012. Al menos 74% de los ataques contra la libertad de expresión fueron cometidos por funcionarios o instancias estatales, quienes han desconocido los compromisos internacionales que ha asumido Venezuela frente a Naciones Unidas y frente a las insistentes recomendaciones que ha realizado la CIDH.

Se impuso la violencia por el uso desproporcionado de la fuerza pública para contener las protestas, y en este contexto hubo un patrón claro de criminalización de reporteros y corresponsales, por lo cual se registraron 54 detenciones arbitrarias y algunos casos terminaron en juicios penales y militares. A partir de 2016, al menos 30 periodistas extranjeros han sido expulsados o se les ha impedido la entrada al país.

Se ha hecho común el uso de acciones legales y el Estado venezolano ha ejecutado más de 70 medidas judiciales contra periodistas y representantes de medios de comunicación. Estas medidas han sido desproporcionadas y se han enmarcado en la aplicación de delitos penales que por su vaguedad resultan violatorios del principio de legalidad y de los estándares interamericanos, como los delitos de difamación.

Una de las consecuencias más graves de este patrón se observó en septiembre de 2017 cuando la justicia venezolana decretó la muerte en vida del periodista Teodoro Petkoff, sobre quien pesaban siete procedimientos judiciales. A pesar de continuar en su residencia, el juez lo declaró sin proceso legal, incapaz o entredicho y así su capacidad jurídica como ser humano quedó limitada a lo que apruebe su tutor provisionalmente designado. Esto ocurrió dos meses antes de que el diario suspendiera su versión impresa y pasara a estar activo solo en la plataforma digital.

El más reciente caso de hostigamiento judicial ocurrió hace un mes cuando los editores y periodistas del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Roberto Deniz se han visto obligados a abandonar Venezuela para salvaguardar su libertad y su derecho al libre tránsito, a raíz de las amenazas y acciones penales ejercidas en su contra por los delitos de difamación continuada e injuria agravada, como consecuencia de las revelaciones tras la publicación de dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal que distribuye alimentos a precios subsidiados en sectores de la población. El acoso judicial en Venezuela ha afectado a 31 periodistas y directivos de medios, y tiene como finalidad silenciar o en su defecto y castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público.

Para agudizar la coacción del Estado a fin de limitar el derecho a la libertad de expresión y profundizar en la criminalización de la opinión y el control del discurso público, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” una norma, al margen de los principios constitucionales, que contempla disposiciones regresivas en materia normativa de los medios de comunicación tradicionales y digitales. Estipula restricciones en materia de acceso, pluralidad y diversidad y establece sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicio. Prevé penas de cárcel entre 10 y 20 años, sanciones administrativas, multas y bloqueo de contenido. Es un mecanismo creado para el control de los mensajes a través de medios digitales y propiciar la censura y la autocensura.

El espectro radioeléctrico en Venezuela se encuentra en una situación de inseguridad jurídica, pues a las emisoras y los canales de TV se les niega la renovación de la concesión, aun cuando cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente regulador en el país. El gobierno de Nicolás Maduro utiliza esta situación para chantajear a los medios y torcer su línea editorial a fin de alinearlas con la oficial. Conatel ordenó la salida del aire, de forma arbitraria, de 54 medios, la mayoría de ellos emisoras de radios comunitarias y de sectores populares, que significaban las ventanas de denuncias más inmediatas que tenían los ciudadanos en distintos poblados y sectores urbanos.

Desde 2005, cuando se aprobó la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión) han censurado cerca de 100 medios nacionales de radio y TV. Seis televisoras internacionales han salido de la parrilla de programación de las cableras por orden expresa de Conatel, entre 2014 y 2017.

Desde agosto de 2013 hasta febrero de 2018, 35 diarios han dejado de circular debido a dificultades en la adquisición de papel periódico y otros insumos requeridos en la producción informativa. De esta cifra, 18 periódicos han salido de circulación de manera definitiva y los otros 15 han suspendidos sus operaciones por lapsos temporales.

Durante los dos últimos años (2016 – 2017) el monitoreo del estado de la libertad de expresión realizado por el IPYS en el Perú reportó ataques a la prensa vinculados en su mayoría a querellas y procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación.

Los procesos se relacionan con presuntos delitos de injuria, difamación, calumnia. IPYS ha demostrado que en Perú es sistemático el uso de la justicia, desde los sectores público y privado, para intentar callar aquella prensa fiscalizadora y preocupada de los asuntos de interés social y público.

El acoso y la censura contra los periodistas peruanos se da sobre todo al interior del país, en el marco de una política regional y local que, en buena parte de las regiones del Perú, es ya estructuralmente mafiosa y cuya cobertura periodística se está volviendo una actividad de alto riesgo.

El asesinato del periodista Hernán David Choquepata Ordóñez en Camaná, Arequipa, al sur del país a fines de 2016, muerto a tiros en su cabina radial mientras hacía la transmisión de su programa, es uno de los ejemplos más dramáticos de la situación descrita: un periodista dedicado a fiscalizar la gestión local, asesinado por ello y que continúa en la impunidad, empezando por los vicios que presenta desde el inicio de la investigación.

En menor grado durante este período también se reportaron situaciones de amenazas e intentos de censura sobre todo en zonas de conflictividad social por actividad extractiva, narcotráfico, minería ilegal y otras mafias.

En Lima, la prensa afronta situaciones de riesgo relacionadas leyes y a juicios contra periodistas y columnistas. La coyuntura política, marcada por el caso Lava Jato, el sistema de corrupción más grave de los últimos tiempos que en el Perú involucra a diversos funcionarios públicos incluyendo a congresistas, ministros, al presidente y a ex presidentes ha desatado represalias contra la prensa que investiga y da cobertura al caso. Esto se ha visto reflejado básicamente de dos maneras: intentos de regular a la prensa violando la libertad de expresión, y acoso judicial a través de querellas por delitos de prensa.       

Entre 2016 y 2017 IPYS registró varias querellas contra periodistas:

• En Tarapoto, Glenda Mello, conductora de un programa televisivo y uno radial fue querellada por un ex presidente del Congreso.
• En Cajamarca, Lalo Valera, conductor de televisión fue querellado por el rector de la Universidad Nacional de Cajamarca.
• En Tumbes, Milagros Rodríguez, reportera de Diario Tumbes 21 y conductora de un programa de TV fue querellada por el gerente general del gobierno regional.
• En Chincha, Eucadio Gutiérrez, columnista de un medio fue querellado por la empresa minera Milpo.
• En Lima, los periodistas Oscar Castilla, Edmundo Cruz, Carlos Castro y Cecilia Valenzuela fueron querellados por un investigado por delitos de narcotráfico. Eduardo Abusada fue querellado por un empresario. Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción y columnista de un semanario fue querellado por un ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pero el acoso judicial contra periodistas en el Perú no solo se traduce en querellas y procesos judiciales sino también desde el Poder Legislativo con una lista de proyectos de ley que, como lo ha dicho en varias oportunidades de manera pública el IPYS, son una grave amenaza contra la libertad de expresión. El último proyecto de ley fue lanzado a mediados de noviembre de 2017 y propuesto por la bancada aprista para prohibir la publicidad estatal en medios privados. Dicha prohibición alcanza a todas las entidades públicas, incluidas las de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y regionales.

Durante los primeros años del período legislativo 2016-2021 se han presentado varias iniciativas de ley referidas a regulaciones respecto a las libertades de expresión y de prensa:

1. 1. Para sancionar la difusión no autorizada de chats, conversaciones de mensajería instantánea, planteando una pena privativa de la libertad de hasta dos años, por publicar “una comunicación telefónica o la grabación de la misma”.
   2. Para sancionar con prisión de entre tres y seis años la difusión de videos íntimos sin consentimiento.
   3. Para regular publicidad del Estado, habilitando a las entidades estatales a contratar publicidad directamente con los medios.
   4. Para que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ocupar altos cargos en un medio de comunicación.
   5. Para obligar a los medios de comunicación a destinar el 2% de sus ventas anuales a un “fondo nacional del seguro social del canillita, o vendedor de periódicos, que, en la práctica, crea un impuesto adicional a los medios de prensa escritos, calculado sobre sus ventas.
   6. Para modificar diversos artículos de la Ley de Radio y Televisión para un cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de la Constitución en un marco de respeto a la libertad de expresión.
   7. Para declarar de interés nacional el fomento de la cultura a través de los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, de preferencia en los programas de horario familiar.
   8. Para modificar la Ley de Radio y Televisión extendiendo el horario familiar a lugares públicos con posible acceso de menores durante la prestación del servicio.

En cuanto a acoso político destacamos el caso ocurrido en octubre pasado, en el que el congresista Héctor Becerril, del partido de mayoría liderado por Keiko Fujimori, envió una carta formal a la primera ministra para saber cuántos ejemplares de la revista Caretas compra el Estado para los distintos despachos ministeriales. Además, exige saber cuánto dinero en publicidad invierte el Estado en dicha revista. La carta es enviada luego de que la revista publicara columnas de sátira política contra los miembros de la bancada fujimorista. El acoso contra la revista no ha cesado por parte de algunos miembros del Legislativo.

Respecto de amenazas, lo más saltante es el acoso contra el periodista Manuel Calloquispe, reportero de la región Madre de Dios, lugar donde operan con total impunidad las mafias que trafican minería ilegal y la trata de personas. Calloquispe es de los pocos periodistas que reporta desde la zona de emergencia, donde la corrupción alcanza las esferas policiales y judiciales. El periodista es corresponsal del diario El Comercio y el canal de Tv Latina. Su situación es de peligro. Él y su familia viven permanentemente amenazados.

Finalmente, sobre la situación de la libertad de expresión en Internet y redes sociales destacamos el caso del abogado y periodista José Arrieta Caro, quien solicitó vía ley de transparencia y acceso a la información pública a la Municipalidad Metropolitana de Lima la lista de usuarios bloqueados de su página de Facebook. La Municipalidad denegó el pedido aduciendo que se trataba de información confidencial. El Primer Juzgado Constitucional, al considerar que divulgar el nombre con el que se han inscrito los usuarios en la red social no pone en peligro su derecho a la intimidad personal, declaró fundada la demanda. El caso actualmente sigue en curso.

Soy Marcelo Miralles Iporre, Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia que representa a los medios impresos y que desde hace 48 años tiene como misión la defensa de la libertad de expresión y las libertades ciudadanas.

En los últimos 12 años, las libertades de expresión y de prensa han perdido terreno en Bolivia. Diversos hechos nos llevan a la conclusión de que la amenaza de censura, la asfixia financiera al trabajo de los medios de comunicación y la intolerancia con los puntos de vista críticos generan un peligroso ambiente adverso a la democracia.

Entre 2010 y 2017, la ANP ha reportado un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios, y registró otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas. Pero lo más preocupante ha sido la actuación de la justicia que determinó el encarcelamiento preventivo de los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco, en el año 2015.

El partido gobernante califica de “opositores” a periodistas y medios independientes transformando el discurso en incitaciones a sectores afines al gobierno para golpear, despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales.

Desde 2016, una campaña organizada desde el gobierno y ejecutada por funcionarios, legisladores del oficialismo y organizaciones afines intenta desvirtuar el trabajo de investigación periodística al calificar como “cártel de la mentira” a comunicadores y medios independientes. Es un discurso orientado a silenciar la voz valiente y generar descrédito ante los públicos. El presidente Evo Morales ha declarado a la prensa como su “enemigo número uno”, como “terroristas mediáticos”, y en consecuencia aplica una política sistemática para silenciar a los medios independientes.

En 2010 se inicia la promulgaron normas dirigidas al control de los medios, la censura de la opinión ciudadana, y las advertencias del cierre de medios con la aplicación la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Ante el riesgo de cierre, los medios optaron por la censura previa suprimiendo espacios de comentarios de los lectores en los portales de internet, y reemplazándolos con un lenguaje de signos de aprobación, reprobación o emoticones. La ANP fue la única organización periodística que en su momento advirtió que esta norma contravenía el artículo 106 de la Constitución que reconoce el derecho de todo ciudadano “a emitir libremente ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

El tiempo nos ha dado la razón. En agosto de 2012, el Ministerio de la Presidencia abrió procesos contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Diario y Página Siete por supuestos delitos de “difusión e incitación al racismo o a la discriminación”. Hasta ahora esta Ley sólo ha servido para enjuiciar a medios. También se usa frecuentemente como instrumento para intimidar a periodistas que cuestionan la gestión gubernamental.

Junto a esta ley comenzó otro capítulo de atropellos a los medios, pues desde octubre de 2010 se obliga a radios, canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias a difundir de manera gratuita campañas de gobierno con enormes costos para las debilitadas finanzas de los medios independientes. Hasta hoy suman 12 leyes y decretos que obligan a los medios a convertirse en portavoces de promoción de políticas gubernamentales, sin retribución alguna.

Las normas de la publicidad obligatoria son inconstitucionales, el artículo 46 de la Carta Magna expresa claramente que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y sin justa retribución, y por ello las calificamos de atentado contra la libertad de prensa. Cada nueva ley o decreto supremo incorpora la obligación de publicar espacios gratuitos para mensajes de políticas gubernamentales. Para algunos diarios pequeños esta obligación equivale hasta un 30 por ciento de la publicidad o más y por consiguiente un elevado costo no retribuido, con un despojo de valiosos recursos de sus debilitadas finanzas.

El ataque gubernamental es una política sistemática de asfixia económica dirigida a eliminar las fortalezas de los medios, además de la generación de cuantiosos costos, se priva de la publicidad estatal a todo medio reacio a someterse a sus políticas comunicacionales, al extremo de que hubo medios que despidieron a varios periodistas de investigación y análisis bajo la amenaza de perder pauta publicitaria estatal.   

El 4 de mayo de 2017, el presidente Morales justificó su política. “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”. Al admitir la exclusión intencional de los medios independientes de la pauta publicitaria pagada por todos los ciudadanos, también admite una censura indirecta al trabajo periodístico de investigación sobre uso y aplicación de recursos fiscales.

De manera simultánea, entidades estatales realizan persecuciones a medios que difunden denuncias sobre corrupción. El Servicio de Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Reparto, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la Autoridad de Fiscalización del Juego, las direcciones departamentales de Trabajo y el Viceministerio de Políticas Comunicacionales encargada de fiscalizar la difusión de avisos gratuitos, realizan inspecciones y aplican multas inexplicables.

Ejemplos tangibles de esa persecución son el congelamiento de cuentas de la ANP y procesos injustos a varios medios de comunicación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. La entidad encargada de administrar el seguro social de largo plazo exige documentos con una antigüedad de 32 años, pese a que las normas bolivianas ordenan la conservación de documentos por cinco años, y en el caso de información contable, por diez años. Nunca se observó eficiencia extrema en inspectores de trabajo al observar señalética o ausencia de mediciones lumínicas y acústicas en los escritorios de los periodistas.

Los medios de comunicación son las únicas empresas en otorgar transporte nocturno gratuito a sus dependientes desde las 22.00 horas, y ahora el gobierno y un sector sindical aliado a sus consignas preparan una confiscación de recursos bajo el argumento de un fondo para el seguro de vida de periodistas, de carácter privado y libre de fiscalización.

Con esta medida, los medios pequeños y medianos sufrirán el despojo del uno por ciento de sus ingresos globales que representan extracciones de entre el 20 y el 100 por ciento de las utilidades, con esta nueva agresión económica muchos medios estarán a un paso de cerrar con la consecuente pérdida de empleos. Así, el intento de beneficiar con un doble seguro de vida pasará a convertirse en una amenaza para los medios independientes y un duro golpe a la democracia que requiere medios y voces libres.

La ANP se solidariza con el periodista Wilson García Mérida y pide que cese la persecución judicial generada tras denuncias periodísticas contra un alto funcionario y se escuche su petición de ser procesado por un Tribunal de Imprenta, tal como lo dicta la Constitución. Reclamamos justicia para las periodistas Yadira Peláez y Claudia Pardo que, tras denunciar acoso en la empresa estatal de televisión, enfrentan una demanda que puede interpretarse como represalia por las denuncias realizadas ante instancias judiciales. En lugar de obtener la atención de los administradores de justicia, hoy viven una injusta persecución.

En el caso bolivianos, exhortamos a las autoridades a cumplir con su propia Constitución Política del Estado, pues así se evitaría esta serie de atropellos a las libertades de prensa y expresión, garantizando la preservación de los derechos humanos y la vida en democracia.

En virtud de todo lo expuesto, hacemos las siguientes peticiones a la Honorable Comisión y a su Relatoría Especial:

PRIMERO, dado que son varias las ocasiones en las que se ha solicitado una visita in loco sin que esta se haya concretado, solicitamos que la Comisión inste a nuestros Estados a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión y al Relator Especial monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión en nuestros países.

SEGUNDO, ante el panorama restrictivo que se impulsa en varios de nuestros Estados, en clara oposición a las recomendaciones y compromisos adoptados en el ámbito internacional, solicitamos se exija garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar órdenes de bloqueos y censura, respetando el derecho a la información.

TERCERO, que se exija a los Estados actúen de manera eficaz y eficiente para garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan desempeñar sus funciones libremente, sin presiones económicas, sin procesos injustificados, riesgos, amenazas ni presiones, pero, sobre todo, sin censura previa.

CUARTO, que la Honorable Comisión recuerde a los Estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.