IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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En el marco del duodécimo foro de Gobernanza de Internet de América Latina y El Caribe (LACIGF 12), que se llevó a cabo por primera vez en Bolivia del 6 al 8 de agosto de 2019, IPYS Venezuela conversó sobre el panorama de internet en el país y su impacto sobre los derechos digitales de los ciudadanos.
La duodécima edición del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF 12 por su sigla en inglés), que tuvo lugar del 6 al 8 de agosto en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz, Bolivia, fue un espacio para el diálogo entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las cuales participó IPYS Venezuela, la comunidad técnica, la academia, así como el sector público y privado.
Este año el Lacigf fue un evento hospedado por lnternet Society Capítulo Bolivia, y estuvo conformado por 12 sesiones de trabajo que abordaron las prioridades en latinoamérica en materia de internet incluyendo los siguientes temas: la libertad de expresión en la red, la digitalización y transformación productiva, inteligencia artificial y ciberseguridad, entre otros asuntos relevantes de internet.
En los diálogos y ponencias se destacó la necesidad de marcos regulatorios para la protección de datos personales en internet, la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso a este servicio, las fallas de infraestructura de telecomunicaciones, la censura en los medios de comunicación y también los sistemas de vigilancia y cómo estos pueden ir en contra de los derechos humanos en Internet y la privacidad de los usuarios.
En el panel sobre Tecnologías de vigilancia en nuestra región: una mirada desde la experiencia y la práctica para trabajar por un entorno digital más seguro, Daniela Alvarado Mejias, periodista y coordinadora del área de Derechos Digitales de IPYS Venezuela, expuso los resultados de una investigación sobre los patrones de censura en internet que se han evidenciado en el país con la colaboración de aliados internacionales como el Observatorio Abierto de Interferencias en Internet (OONI por su siglas en inglés) y la organización Netblocks.
Alvarado indicó los desafíos que atraviesa Venezuela en el entorno digital, y que dichas restricciones son consecuencia de problemas asociados, principalmente, a la infraestructura para los servicios de internet y a las motivaciones políticas de los actores que regulan su funcionamiento. Estas dos circunstancias derivan en los bloqueos masivos de fuentes de información —ejercidos bajo la complicidad de empresas de telecomunicaciones estatales y privadas—, en los controles de los contenidos que se publican en la red que vulneran la libertad de expresión, y en las precariedades de la calidad de la navegación de los usuarios.
La investigación presentada por IPYS Venezuela constató que solo entre enero y julio de 2019 ocurrieron 881 episodios de bloqueos intermitentes en 144 páginas web y plataformas digitales. Los hallazgos demostraron que la mayoría de las afectaciones, temporales y continuas, ocurrieron en los portales informativos y se ejecutaron mayormente desde las conexiones de los proveedores de servicio de internet, privados y estatales, CANTV, Movistar, Digitel, Inter y Movilnet.
Estos controles de contenidos en internet se han dado bajo un marco normativo que ha avalado los bloqueos en Venezuela. Desde la aprobación de la normativa contra el odio, se han implementando prácticas de silenciamiento en los espacios tradicionales y digitales a pesar de los riesgos para la libertad de expresión. Esta ley establece penas de cárcel, tributarias y administrativas para sitios web, intermediarios, proveedores o funcionarios que se nieguen a cumplir las órdenes de censura.
En este escenario donde las empresas de internet deben cumplir con la legislación nacional aunque esta va en contra de las estándares globales en materia de derechos digitales, en 2019 los usuarios en línea navegan a una velocidad de 1,8 megabit por segundo en Venezuela, de acuerdo con la plataforma de Measurement Lab (M-LAB). Esta rapidez de conexión ubica al país por debajo de los índices de navegación de Bolivia y Suriname, y aún no se acerca al estándar mínimo de la región que, según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, ronda una velocidad de 5 megabits por segundo.
A estas limitaciones también se suman los episodios de incomunicación que resultaron de los apagones nacionales y locales que se experimentan desde marzo de 2019, los cuales han dejado fuera de línea hasta el 97% de los usuarios, según los datos de Netblocks, una organización que sigue las disrupciones en Internet en distintas partes del mundo
