IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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El reporte “Acceso a la Información Pública – Capítulo Venezuela” concluyó que en el país la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades constituyen una utopía
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Según el informe de IPYS Venezuela, un total de 136 violaciones al derecho de acceso a la información pública se contabilizaron en el país entre enero de 2020 y noviembre de 2021
IPYS Venezuela, febrero de 2022. El hermetismo caracteriza el accionar de las autoridades venezolanas al momento de referirse a datos de interés social, así lo reflejó el reporte “Acceso a la Información Pública – Capítulo Venezuela”, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). El informe explicó que en el país predomina una política de secretismo sobre la información oficial, lo que hace que esté cercada y cautiva.
Según el reporte de IPYS Venezuela, un total de 136 violaciones al derecho de acceso a la información pública en el país entre enero de 2020 y noviembre de 2021. Materias como la salud, la economía, la educación, la seguridad y la alimentación permanecen en la opacidad gubernamental y desde hace algunos años no se ofrecen cifras en estos ámbitos de relevancia nacional. La transparencia y la rendición de cuentas son una utopía en el país, así como la posibilidad de acceder a fuentes plurales distintas al discurso oficial que resulta escaso, discrecional y autoritario.
El reporte “Acceso a la Información Pública – Capítulo Venezuela” determinó que la insuficiencia de datos oficiales ha generado desinformación y corrupción y ha deteriorado el derecho a saber de los venezolanos. Además, señaló que entre enero y diciembre de 2021, se documentaron 71 denuncias de restricciones de acceso a la información pública en 18 estados del país y el Distrito Capital.
Este informe de IPYSve abordó el tema de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público que entró en vigencia en el país el 20 de septiembre de 2021. Además, recopiló las apreciaciones acerca de esta temática de Mildred Rojas, abogada; Édgar López, periodista y activista de derechos humanos; María Fernanda Rodríguez, periodista y docente de la Universidad de Los Andes (ULA); Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea; y Ronna Rísquez, periodista e investigadora.
Los consultados aseguraron que, entre otros puntos, “la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público no cumple con los estándares mínimos para garantizar el derecho de acceso a la información debido a la excesiva discrecionalidad que faculta a los funcionarios al establecer las excepciones para limitarlo”.
