IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Latinoamérica, 01 de febrero de 2023· Las organizaciones que integran la Red Voces del Sur, IFEX-ALC y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión condenamos esta nueva iniciativa para criminalizar organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana, protegidas por el derecho humano a la asociación. El pasado 24 de enero, la asamblea nacional aprobó en primera discusión el proyecto de „Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines‟. Desde su presentación ante el Parlamento se plantea un discurso estigmatizante, que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de Derechos Humanos como “enemigas de la patria”.
Venezuela atraviesa desde hace varios años una crisis estructural, con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Esta situación ha sido atendida por organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia social y humanitaria, cuyo trabajo se vería restringido a través de esta ley. A la fecha de publicación de este comunicado, el instrumento no es de acceso público. Una vez presentada, la propuesta se aprobó de forma inmediata; la Asamblea Nacional no discutió la normativa ni cumplió el proceso establecido en la Constitución para el tratamiento de los proyectos de ley.
El objeto de este texto es controlar a las organizaciones. Sin embargo, en Venezuela las organizaciones ya están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Por el contrario, es el Estado el que impide de facto que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación, al paralizar los procesos en los registros públicos.
La normativa otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia. Además, el proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al Gobierno. La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica; sin embargo, la obligatoriedad contenida en la ley debe estar enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación.
Exhortamos a la comunidad internacional a rechazar abiertamente esta ley que copia otras legislaciones que no son nuevas en la región, y buscan mermar el espacio cívico en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes e incentivan más acciones de este tipo por parte de sectores de poder con motivaciones cada vez menos democráticas.
El trabajo de la sociedad civil —personas, organizaciones, movimientos y colectivos— es sustancial para contener el avance de políticas que buscan limitar y controlar las bases del sistema democrático, al desnaturalizar los mecanismos, vaciarlos de contenido y convertirlos en meros instrumentos para conservar y aumentar el poder, a costa de una vida digna para todas las personas.
Firman las organizaciones:
IFEX-ALC
Alianza Regional por la Libertad de Expresión
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
FUNDAMEDIOS (Ecuador y Estados Unidos)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC).
