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Las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, y otras muchas más, como las religiosas que realizan acciones caritativas deberán cumplir además con la gran cantidad de trámites que el texto incorpora, so pena de multas o desaparecer”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de la organización civil Acceso a la Justicia, durante un foro organizado por Cedice, con el apoyo de Sinergia.
Si la Asamblea Nacional sanciona el proyecto de Ley Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 24 de enero, fundaciones creadas por empresas o corporaciones privadas que se dedican al deporte, a la cultura e incluso a la educación, igual serán consideradas ONG y deberán inscribirse en el nuevo registro, pues de lo contrario no podrán funcionar.
Así lo informó la abogada Laura Louza, directora y fundadora de la organización civil Acceso a la Justicia, durante un foro organizado por Cedice, con el apoyo de Sinergia y de la Cámara de Comercio de Caracas, en el que fue desglosando parte del proyecto de ley y dando argumentos de por qué no debe ser aprobado.
Destacó que las instituciones que realizan «actividades con fines benéficos, sociales o de interés general» y, además, «por la naturaleza propia de la actividad que ejercen», no se rigen por una normativa legal especial, por ejemplo, los gremios de profesionales o los sindicatos.
«Pero, las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, y otras muchas más, como las religiosas que realizan acciones caritativas deberán cumplir, además, con la gran cantidad de trámites que el texto incorpora, so pena de multas o desaparecer».
En su exposición, ante representantes de ONG y del sector empresarial, mencionó que ya hay otras iniciativas legislativas que cercan el espacio cívico y, “en la misma sociedad donde vivimos, las propias asociaciones de vecinos han perdido sus potestades, sus derechos, y han sido sustituidas por los consejos comunales… La sociedad civil organizada ya está regulada, y este texto lo que hace es incluir disposiciones que dificultan enormemente la posibilidad de ejercer los derechos a la asociación y a la participación ciudadana en los asuntos públicos”.
Ve cómo, poco a poco, el gobierno ha ido con medidas totalitarias, “esto tiene muchos años y la gente ha resistido mucho, porque este es un país con una tradición democrática importante, y van por lo que queda. También lo medios de comunicación, que tienen una ley especial, se verán afectados, tal vez entren en en esta legislación, porque algunos reciben aportes internacionales para poder subsistir. Entonces, este proyecto es el punto final para cerrar la sociedad y las posibilidades, justamente, de existir”.
Señaló que la democracia es algo más específico, es libertad. «Por eso usted (se refiere al gobierno) no puede hacer algo que, de una vez, anule la libertad de funcionar, de emprender, de defender a otro, de reclamar y de pedirle cuentas al Estado. Eso es la base de la democracia y eso es lo que hacemos las organizaciones de DD.HH».
Regresiva y represiva
«Es tan grave que se apruebe, pues -por ejemplo- si yo voy a la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre, a la Asamblea de Estados partes, a lo mejor cuando regrese me dicen que mi participación en ese espacio atenta contra la estabilidad nacional. Los conceptos legales que plantea son difusos y muy peligrosos. Si no hay un estado de derecho, no hay derecho a la defensa, al debido proceso, entonces como voy a discutir contra eso, es muy peligroso», apuntó.
Dijo que no hay manera de cumplir con lo que exige ese texto, y lo que va a pasar es que las organizaciones van a ser usadas de ejemplo, para que todo el mundo tenga miedo, para que -de alguna manera- nadie reciba plata del partido, por ejemplo.
El proyecto #antisociedad impone a las organizaciones que ya operan en el país la obligación de realizar cuatro registros para no ser clausuradas.
Louza, en su presentación hizo un espacio para recordar que vienen unas elecciones presidenciales, «y nos hemos dado cuenta de que eso es un patrón gubernamental. En 2005, en medio de un proceso comicial se promovió una norma contra las ONG, contra e l financiamiento internacional en particular, el proyecto de ley cooperación internacional; en 2010 salieron con una ley aún vigente, la de la soberanía y determinación de los pueblos.
«Cada cuatro o cinco años vienen con algo, y nosotros queremos que se entienda todo esto, que esto no es contra mí, o es con él, afecta a todos los ciudadanos, y si no podemos límites, ellos avanzan más. Por eso hay que sensibilizar a la población y subir el costo a todo esto. El régimen acaba de firmar un acuerdo en México que ayudará a mejorar un poco la crisis energética, entregarán más comida en las regiones, pero igual se sabotea. ¿Con qué fin? No lo sabemos».
#CómoTeAfecta El proyecto de #LeyAntiSociedad fue aprobado en primera discusión, falta la segunda y que el Ejecutivo nacional la promulgue y publique #EnGaceta. Si eso ocurre, la amenaza sobre la sociedad civil va a ser una realidad #JusticiaVe https://t.co/zWpGu5yhK4 pic.twitter.com/8iXnX5TXpC
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 15, 2023
Entonces, aseguró, esta ley es regresiva, estatiza a las organizaciones, impone objetivos diferentes a los establecidos por los asociados, obliga a tener nuevos miembros.
«No se busca supervisar a las ONG, sino a todas la organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Las de derechos humanos, ni siquiera son autorizadas, pues entran en la prohibición, pero eso depende mucho de qué artículo se lean y logran decir usted hace esto o aquello, por eso es represivo y viola la retroactividad de los principios constitucionales y eso nadie lo puede suprimir. Si ya existes como organización no te pueden echar para atrás. Pero, esta ley dice que existes de un día para otro».
También obliga a estas entidades civiles a inscribirse en otros registros como el de Defensa Integral. Esto convertirá a todos los integrantes, trabajadores, miembros y voluntarios de las distintas organizaciones civiles que operan en Venezuela en potenciales reservistas de la FANB y, por lo tanto, podrán ser convocados por el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de la institución castrense, a realizar entrenamientos y capacitaciones en materia militar o a incorporarse a los cuarteles en caso de guerra, conmoción o desastre nacional.
Fuente: https://acsinergia.org/2023/02/16/la-leyantisociedad-afectara-tambien-a-fundaciones-creadas-por-empresas-privadas/
