IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Sin mediar palabras, el GNB le arrebató el teléfono celular al periodista y le ordenó que conversará con su superior
Pedro Izzo, reportero de El Pitazo Informativo, relató a IPYS Venezuela que el miércoles 21 de diciembre registró en imágenes cómo las personas se concentraron por segundo día consecutivo para formar largas filas en las agencias bancarias, públicas y privadas, de la ciudad capital para cobrar 27 mil bolívares de pensión.
Izzo aseguró que, alrededor de las tres de la tarde, registraba imágenes de los hechos cuando un funcionario militar, sin mediar palabras, le arrebató su teléfono celular en la calle e ingresó a la sede del Banco Mercantil de San Juan de Los Morros. 5 minutos después, el funcionario militar le pidió al reportero que pasara para que conversara con un sargento de la GNB.
“Aunque entré y me identifiqué como periodista, el sargento me notificó que debía pedirle permiso para tomar las imágenes pues muchas personas se prestaban para hacer montajes y dejar mal a la Guardia Nacional”, dijo.
El reportero explicó que no era un delincuente y que no hacía nada ilegal, pues solo registraba las imágenes de la situación por la que atravesaban las personas para poder cobrar su pensión. El sargento pidió a Izzo ver las fotografías del hecho.
El funcionario militar entregó al reportero su teléfono celular, no sin antes tomarle fotografías al carnet de prensa del reportero y argumentar: “Esto es porque uno nunca sabe si tú llegas a publicar algo de uno por allí”.
Esta alerta a la libertad de expresión representa un uso abusivo del poder estatal que vincula la función militar con hechos de intimidación y limitaciones arbitrarias de acceso a la cobertura de asuntos de interés público.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la censura previa, la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, información u opinión a través de los medios de comunicación, deben estar prohibidas por la ley.
En su numeral 9 establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
