IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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La acción judicial fue emprendida por una estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), tras la publicación del artículo “¡Los comunistas lo advierten!”Esta
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es la primera investigación contra periodistas que se registra bajo los delitos tipificados en la norma contra el odio, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular, en noviembre de 2017
Directivos del Diario Región, único medio impreso independiente que circula en el estado Sucre, fueron citados ante la División de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) el martes 30 de enero de 2017, tras ser denunciados ante la Fiscalía Superior del estado Sucre por una estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), luego de que el medio publicara una nota de análisis sobre la coyuntura actual y los hechos de violencia de El Caracazo.
La empresa comunicacional fue denunciada por tres integrantes de un Círculo de Lucha Popular (CLP), de la parroquia Altagracia de Cumaná, capital del estado, bajo delitos contemplados dentro de la norma del odio. Por la publicación de la nota: “¡Los comunistas lo advierten!”, en el que referían la crisis política que vive actualmente Venezuela y describían las condiciones que motivaron El Caracazo, el escenario de conflicto que dejó personas desaparecidas, detenidas y asesinadas, en 1989, y el cual se conoce como uno de los episodios de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela, en las últimas cuatro décadas. La nota fue publicada en la página 3 de la edición del jueves 11 de enero. La denuncia está bajo el expediente MP-10942-2017 de la Fiscalía Superior del estado Sucre.
https://www.diarioregion.com/2018/01/11/los-comunistas-lo-advierten/
El texto decía: “El Partido Comunista de Venezuela, ha encarado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, alertándolo de que no se haga de oídos sordos ante la ola de protestas y saqueos que siguen produciéndose en el país desde comienzos de año por comida. En ese sentido, la tolda del “gallo rojo”, precisó que en el país hay “incertidumbre, desesperación e indignación” y exigió al Gobierno Nacional que actúe. Y es que el fantasma de El Caracazo, la revuelta popular del 27 de febrero de 1989, sigue en las cabezas de una parte del liderazgo político venezolano, y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no es la excepción. Los dirigentes comunistas advirtieron, que Venezuela “puede estar a las puertas de grandes estallidos sociales”
La norma contra el odio fue promulgada el pasado el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), legalizando restricciones en materia de acceso, pluralidad y diversidad. En su texto se establecen sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicio, y prevé penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “discursos de odio”.
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Interrogatorio sin garantías
#AvanceIPYSve 1/3 La Dirección de contrainteligencia militar citó a declarar a Yndira Lugo, directora del diario La Región en Cumaná. También acudieron representantes del medio.
Nuestra corresponsal en #Sucre @nabybi con el reporte.#30Ene pic.twitter.com/YRkCWy7rHV— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) January 30, 2018
El martes 30 de enero a las 9:15 a.m. la Directora de Información del Diario Región, Yndira Lugo, su abogado Ángel Barreras, el Editor en Jefe Daniel Trujillo y su abogado Jesús Amaro, junto al propietario del medio impreso, Luis Marcano Barrios, ingresaron a la sede de la Dgcim en el sector El Bosque de Cumaná. Al iniciar el interrogatorio, no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público y se le negó el acceso al abogado de Trujillo, Jesús Amaro.
Tras una hora de interrogatorio, el abogado, el editor en jefe y el propietario de Diario Región salieron de la sala de interrogatorio, pero Yndira Lugo estuvo retenida por treinta minutos más. Su abogado indicó que le solicitaron la firma de actas.
Este es el primer registro de investigación contra periodistas que contabiliza Ipys Venezuela en el marco de la norma contra el odio. Con anterioridad, los ciudadanos Erika Palacios y Ronald Sevilla habían sido privados de libertad por protestar el pasado 3 de enero en la avenida Universidad de Naguanagua, estado Carabobo, e imputados por detentación de sustancias incendiarias, obstaculización de la vía pública e instigación pública, además de instigación al odio.
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Al salir de la sede del Dgcim, Lugo explicó que los militares le preguntaron sobre sus funciones dentro de Diario Región y le informaron que en las próximas horas realizarían inspecciones en la sede física del impreso. El propietario del medio de comunicación, Luis Marcano Barrios, también sería citado posteriormente a la sede militar.
Lugo destacó que las tres personas que formalizaron la denuncia no acudieron a la sede del Dgcim luego de presentar la querella.
#AvanceIPYSve 2/3 Funcionario militares hicieron preguntas relacionadas a la publicación de una nota de análisis sobre los hechos de El Caracazo e informaron que el Ministerio Público continúa con la investigación que fue presentada por simpatizantes oficialistas.#30Ene#Cumaná pic.twitter.com/qin2j3VcMz
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) January 30, 2018
IPYS Venezuela rechaza todo tipo de ataque a la libertad de expresión Y de persecución a los medios independientes así como las aquellas normas que avalen la figura de los delitos de opinión. Alertamos con preocupación sobre el incremento de las presiones que esta norma contra el odio, creada al margen de la constitución, en el seno de la ANC, una instancia con totalidad de parlamentarios oficialistas ejerce sobre periodistas y ciudadanos. Este marco legal pudiese concretarse en un instrumento de persecución contra de periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Este tipo de acciones contradice los estándares internacionales de libertad de expresión y violentan los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional venezolana, que señalan que la comunicación es libre y plural. Y por ende, todo ciudadano tiene derecho a expresar sus pensamientos y opiniones a través de cualquier medio de comunicación y a recibir información oportuna, veraz e imparcial, sin censura.
