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Este 7 de febrero se hizo del conocimiento público que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth Amoroso, hermana de Elvis Amoroso, contralor general de la administración de Nicolás Maduro, adjudicó la sede del diario El Nacional y los lotes del terreno sobre el cual está construida, a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien introdujo una demanda contra el medio por “daño moral” en abril de 2015.
1/2 #AvanceIPYSve | @ElNacionalWeb informó que el Tribunal 3ro de Primera Instancia del #ÁreaMetropolitanaDeCaracas, a cargo de la jueza Lisbeth Amoroso, entregó la sede del diario a Diosdado Cabello en medio de un proceso irregular y clandestino. #7Feb pic.twitter.com/26eXdnVbG7
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) February 7, 2022
De acuerdo con la nota de El Nacional, la decisión de adjudicación fue emitida el pasado 27 de enero, y se trata de un “irregular y clandestino remate judicial”, puesto que incumplió las reglas procesales establecidas para llevar a cabo el caso, como publicar regularmente los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados ofertaran, no se informó al diario y a su defensa, y solamente estuvo de testigo el abogado de Cabello, Alejandro Castillo Soto.
Con esta medida del tribunal competente se completa parte de la condena impuesta al diario por supuestos daños morales a Cabello, quien en 2015 inició acciones judiciales contra El Nacional, La Patilla y Tal Cual luego que estos medios replicaran en sus portales una investigación original del periódico español ABC, en la que se señalaba al número dos del chavismo de estar vinculado con el narcotráfico, de acuerdo con el testimonio de Leamsy Salazar, ex escolta del dirigente oficialista.
En 2018, tres años después de interpuesta la demanda, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas sentenció a El Nacional a pagar una indemnización de mil millones de bolívares (12.500 dólares a la tasa oficial Banco Central de Venezuela de ese entonces) a Cabello.
Tres años más tarde, el 29 de enero de 2021, el representante judicial de Cabello presentó una petición de avocamiento para revisar el monto inicial de la condena. Ese mismo año, el 1 de marzo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó al diario a pagar 13 millones de dólares bajo el argumento de que el monto establecido inicialmente era “exiguo y no compensa en lo absoluto el daño en evidencia” debido a los efectos de la inflación.
Finalmente, en abril de 2021, el Juzgado Tercero de Primera Instancia elevó la sentencia a más de 30 millones de dólares debido a que se había vencido el plazo concedido a la parte demandada para cumplir con la condena de la Sala de Casación Civil del TSJ. Por tal motivo, el Juzgado ordenó el embargo sobre las propiedades de El Nacional hasta cubrir la cantidad mencionada.
1/4 #AvanceIPYSve | El Juzgado 3ro de Primera Instancia en lo Civil de #Caracas obliga a @ElNacionalWeb a pagar más de 30 millones de dólares por la demanda que interpusiera Diosdado Cabello en 2015 y que previamente correspondía a más de 13 millones de dólares. #10Jun pic.twitter.com/L2lhrXBs12
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El 14 mayo de 2021 el abogado del diario interpuso una acción donde solicitaba que se revisara la sentencia de indemnización por ser excesiva. El 22 de julio el Tribunal denegó la solicitud y confirmó la condena de pagar 30,5 millones de dólares a Cabello.
1/2 #AvanceIPYSve | El TSJ denegó la acción interpuesta el #14May por el abogado de @ElNacionalWeb donde solicitaba la revisión de la sentencia de indemnización por “daño moral” a Diosdado Cabello por ser excesiva. #18Ago pic.twitter.com/2YWouyVsbc
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En diciembre de 2019, el vicepresidente del PSUV declaró que esperaba la sentencia judicial para exigir la sede de El Nacional como indemnización y convertirla en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Comunicación, creada por Maduro.
Este proceso judicial, inmerso en irregularidades, acciones arbitrarias y medidas excesivas, es uno más de los diversos mecanismos de censura aplicados desde el Estado contra este diario para coartar su labor informativa. Con el proceder del Poder Judicial en este hecho sin precedentes, queda en evidencia la inexistente separación de las instituciones públicas y la grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la defensa y al debido proceso.
IPYS Venezuela repudia la continuada persecución contra El Nacional y contra los medios de comunicación que se han dado a la tarea de dejar en evidencia los actos irregulares realizados por funcionarios e instituciones públicas en el país.
#InformarNoEsDelito
