IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó sentencia contra el diario El Nacional, que deberá pagar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diodado Cabello, un monto que supera los 13 millones de dólares como indemnización por “daño moral gravísimo”, producto de una demanda interpuesta por el dirigente chavista en 2015.
1/1 #AvanceIPYSve | Desde IPYSve rechazamos y alertamos la persecución contra @ElNacionalWeb. Este #16abr el TSJ condenó al diario a pagar más de 14 millones de dólares al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) April 17, 2021
La Sala, dirigida por Yván Darío Bastardo Flores, condenó al Diario a pagar el monto equivalente a 237.000 petros, moneda virtual creada por la administración de Nicolás Maduro y que no corresponde a la moneda de curso legal en Venezuela, bajo el argumento de que “las perjudiciales incidencias de la fuerte inflación” convirtieron el primer monto, de mil millones de bolívares (Bs.1.000.000.000), sentenciado el 31 de mayo de 2018 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en “exiguo y no compensa en lo absoluto el daño en evidencia”, según reza el documento.
Una solicitud de avocamiento del abogado Alejandro Castillo Soto, defensa de Cabello, elevó el caso al máximo tribunal del país, que ha sido acusado de favorecer al gobierno de Maduro, el pasado 29 de enero, y desde el 1 de marzo, el ente ordenó al Juzgado Tercero de Primera Instancia y a su juez, el abogado Gustavo Hidalgo Bracho, entregar el expediente número AP11-V-2015-001114 que contiene el proceso contra el medio.
Cabello denunció al diario El Nacional el 11 de agosto de 2015, cuando también señaló a los medios Tal Cual y La Patilla, luego que replicaran un reportaje del diario español ABC, que registró testimonios de Leamsy Salazar, exescolta del dirigente, quien lo señaló de tener vinculaciones con el narcotráfico.
El Nacional denunció como “exabrupto jurídico” el accionar del TSJ a toda cuenta de que no existe una explicación sólida sobre los motivos para imponer tal sanción, más allá de los argumentos subjetivos que esgrime el avocamiento, el cual señala que “el juez debe percibir cuál es la importancia del daño sufrido y atendiendo a la escala de sufrimientos, debe colocarse en la situación de la víctima para comprender qué cantidad razonable y equitativa podría reparar por equivalente dicho daño. Los criterios empleados por el sentenciador son enteramente subjetivos y guiados por su condición humana.”
Por su parte, El Nacional señaló que “sin pruebas y solo por arte de magia los magistrados del TSJ han indexado el monto de la demanda por daño moral incoada y encaminada por Diosdado Cabello (…). Decimos por arte de magia porque argumentos jurídicos no hay. Se trata de una jurisprudencia nueva que pasa a ser un exabrupto jurídico nunca antes aplicada y hecha a medida del régimen para atacar al diario El Nacional. Por lo tanto, no es posible deducir cómo los jueces concluyeron semejante monto a pagar”.
Tal escenario consolida las declaraciones de Diosdado Cabello en 2019 cuando señaló que solo esperaba la sentencia judicial para exigir la sede del diario como modo de indemnización por el supuesto delito de daño moral, para luego entregar las instalaciones al gobierno venezolano y así convertirlas en la sede de la Universidad Internacional de la Comunicación, creada por Maduro.
El estado venezolano por años ha asfixiado a los medios de comunicación nacionales. Desde 2013, y con la creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, los impresos han vivido serias limitaciones para adquirir insumos como el papel periódico. Ese escenario fue vivido por El Nacional, que desde el 2018 no circula y sus rotativas se mantienen paralizadas.
Un escenario similar han experimentado los medios audiovisuales que producto de las presiones gubernamentales se han doblegado a la autocensura y a la complacencia de las autoridades para evitar ser cerrados. Escenario de ello es la escasez de temas de interés público y abordajes críticos para quienes dirigen la administración pública del país.
En la mayoría de los casos de los medios que han sido perseguidos y eliminados de su principal modo de circulación o transmisión, han sido víctimas de procesos judiciales y administrativos que han dado como resultado la incautación de equipos y el aumento de los desiertos informativos en la población.
IPYS Venezuela condena categóricamente este procedimiento del TSJ que da cuenta de una situación agonizante para la libertad de expresión, y que avista nuevos obstáculos y mecanismos para arrinconar los medios y las voces críticas al discurso unitario de la parcialidad política que dirige al país.
