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Alerta IPYSve | Telefónica omitió cifras de Venezuela en su reporte de transparencia 2022

La empresa Telefónica, casa matriz de la operadora Movistar, omitió las cifras de las interceptaciones solicitadas por el Estado venezolano a las comunicaciones de los usuarios de la empresa en el país, en su Informe de Transparencia correspondiente a 2022, publicado en octubre de 2023.

Venezuela es el único país, de los 11 que abarca el reporte, del que en esta oportunidad no se ofrece ningún dato sobre intervenciones a las comunicaciones, solicitudes de metadatos, bloqueos y restricciones de contenido y suspensiones geográficas o temporales. Solo se leen número de clientes, información corporativa y contexto sobre el marco legal de las interceptaciones y bloqueos, sin las respectivas cifras.

La introducción del informe señala que en él se detallan las solicitudes recibidas durante el período anual reportado, en cada uno de los países de operación de la compañía, a menos que se les prohíba hacerlo o que un gobierno u otra entidad pública ya haya revelado dicha información.

En junio de 2022, en el reporte correspondiente a 2021, Telefónica admitió que entre 2016 y 2021 el Estado venezolano le solicitó interceptar las comunicaciones de más de 3,5 millones de usuarios, de las cuales la compañía confirmó haber cedido los datos de tráfico en tiempo real de 1,5 millones. En ese periodo, Telefónica entregó a las autoridades venezolanas los metadatos asociados a las comunicaciones de 997.679 usuarios. Para ese año, el documento señala que se ejecutaron bloqueos a 27 sitios web.

IPYS Venezuela ha alertado desde 2017 sobre las prácticas de restricciones de acceso aplicadas a sitios web desde Movistar —y otras operadoras, incluida la estatal Cantv— principalmente bajo la modalidad de bloqueos por DNS.

De acuerdo con el informe de las cifras del sector de 2022 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Telefónica, a través de Movistar, lidera el mercado de telefonía móvil, con 39,58% de los usuarios.

Tras conocer la información del reporte de transparencia de 2021, difundido en junio de 2022, IPYS Venezuela, otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión y medios de comunicación independientes enviaron un comunicado conjunto a Telefónica, que no fue respondido, para solicitarle información sobre las motivaciones de las autoridades venezolanas para cada petición hecha a la operadora, y si cada una respondió al debido proceso.

En su reporte del 4 de julio de 2023 sobre la situación de Venezuela, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación ante esta información “por las posibles interferencias indebidas en el derecho a la intimidad de las personas afectadas”. 

La falta de protección de los derechos digitales de los usuarios en Venezuela es una situación que señala la organización Freedom House en su reporte de libertad en la red sobre el país 2023. Con 30 puntos de 100, el país caribeño es inseguro en el ámbito del internet no solo por las dificultades para acceder a la conectividad por los problemas de infraestructura y los altos costos de los planes de navegación, sino por las limitaciones de contenidos y violaciones a los derechos de los usuarios en la red.

“Existen preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para hacer uso indebido de datos personales recopilados para seguridad, servicios de bienestar y programas públicos. Ante la ausencia de una legislación de protección de datos personales, el destino, almacenamiento, y propósito final de la recolección de información por parte del gobierno permanece desconocido”, señala el reporte de Freedom House. (Traducción de IPYS Venezuela).

La opacidad de Telefónica respecto a Venezuela en su reporte de 2022, en contraposición a los detalles de transparencia ofrecidos sobre 2021, representa una limitación al derecho de la ciudadanía de saber cómo, con qué fines y en qué medida el Estado utiliza los datos de los usuarios. El derecho a la privacidad y al acceso a la información pública son esenciales para el libre ejercicio de la libertad de expresión.

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