IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
En tres días, tres reporteros de medios digitales fueron obligados a acudir, sin ninguna citación oficial y violando el debido proceso, a interrogatorios policiales. Los funcionarios de inteligencia los conminaron a revelar sus fuentes de información, los obligaron a dar información personal y confiscaron un teléfono celular. A través de estos hechos se vulneró el derecho de reserva de la fuente que fundamenta el ejercicio periodístico, y se restringió el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de los reporteros
Caracas.- Entre el 23 y el 25 de junio de 2016, Román Camacho, del portal de noticias La Patilla, Josselyn Torres y Darvinson Rojas, del medio independiente El Pitazo, fueron interrogados por funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo de inteligencia policial del Estado. El hecho ocurrió luego de la cobertura de un suceso por un enfrentamiento en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), en el centro de Caracas, luego de que un hombre irrumpiera en la sede estatal con un arma de fuego, el lunes 21 de junio.
Pese a que las conversaciones transcurrieron en cordialidad, de acuerdo a los testimonios que recibió IPYS Venezuela, los tres periodistas fueron obligados de acudir al interrogatorio en la sede del Sebin, de manera arbitraria, pues no hubo ninguna citación oficial impresa por parte del organismo, por lo que se violó el debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución Nacional.
No se respetó el procedimiento legal de las citaciones en calidad de testigo, estipulado en el artículo 168 del Código Orgánico Procesal Penal: “La citación personal se hará mediante boleta con la orden de comparecencia expedida por el tribunal, entregada por el o la Alguacil a la persona o personas cuya comparecencia sea requerida, en su domicilio, residencia o lugar donde trabaja, y se le exigirá recibo firmado por el citado o citada, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo deberá expresar el lugar, la fecha y la hora de la citación. Excepcionalmente, en caso que las circunstancias lo requieran el juez o jueza podrá solicitar apoyo a organismos de seguridad para la práctica de la citación”.
El primer interrogatorio fue el de Román Camacho, que ocurrió el 23 de junio. David Morán, editor de La Patilla, declaró a IPYS Venezuela que a las 2:30 pm de ese día, llegaron dos funcionarios del Sebin a la sede de este medio digital. Preguntaron por el reportero que no se encontraba en ese momento. Los policías de inteligencia se quedaron apostados en las afueras del edificio y a las 5:00 p.m. se encontraron con Román Camacho. El reportero relató a IPYS Venezuela que cuando llegó al lugar lo estaban esperando.
Le dijeron que necesitaban hacerle unas preguntas por el suceso del Banco Central de Venezuela. Según su testimonio querían información de cómo él había obtenido el vídeo, en el que presuntamente un hombre identificado como Juan David Olivero García había llegado a la institución armado y sometió a trabajadores del lugar, así lo reseñaron diversos medios de comunicación. Esto generó un enfrentamiento con funcionarios de seguridad en el que este ciudadano fue asesinado.
Camacho aseguró que eran dos funcionarios, que sin identificarse, le dijeron: “Tienes que venir a juro (al interrogatorio) porque si no puede ser peor”, de acuerdo a sus palabras.
El reportero acató la orden y se trasladó hasta El Helicoide donde queda la sede del Sebin. Ahí fue interrogado por tres policías de inteligencia quienes, de manera reiterada, le obligaban a revelar sus fuentes de información y le ordenaban que les dijera como había obtenido el vídeo que él publicó que contenía el testimonio supuestamente de la persona que había muerto en la sede del BCV. El mismo ciudadano presuntamente lo había dejado grabado en su celular.
Camacho contó que, durante el interrogatorio, le pidieron su teléfono celular pero no lo cargaba en ese momento, por lo que lo obligaron a irlo a buscar en su residencia. Se trasladó a su casa acompañado por funcionarios y se devolvieron hasta la sede policial. Luego, le quitaron el teléfono y lo revisaron fuera de la sala donde él se encontraba mientras continuaban las preguntas.
Dijo que funcionarios revisaron sus conversaciones de los grupos de chats móviles. Encontraron un grupo de periodistas en el que habían compartido el vídeo que motivaba la investigación.
Le preguntaron si conocía a Yosselyn Torres y Darvinson Rojas, quienes luego también fueron interrogados por el Sebin. Insistieron que dijera cómo había obtenido este contenido. Posteriormente, le dijeron “que su declaración estaba lista” pero “te vas a quedar aquí”, relató.
Lo consultaron también por la cobertura de otros hechos de sucesos que él ha hecho en Caracas. Según narró, uno de los funcionarios dijo que “había mucho alboroto” por su caso por lo que iban a terminar con ese proceso, pues en esa noche las redes sociales y diversos medios de comunicación le hicieron seguimiento a este caso. Camacho dijo que no recibió amenazas durante este proceso.
Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, Yosselyn Torres recibió dos llamadas de un funcionario que se identificó como Ronald Navarro y dijo ser un subinspector del Sebin, de la Brigada II de Investigaciones Estratégicas. Le informó que debía acudir a un interrogatorio por el mismo caso, y según su relato el policía le manifestó que si ella no se podía trasladar ellos la podían ir a “buscar a su casa o a su oficina”. A las 2:00 p.m. ella llegó a la sede del Sebin y se presentó por su propia voluntad, pese a que no recibió ninguna boleta de notificación, tal como lo establece la ley venezolana.
La periodista relató a IPYS Venezuela que estuvo acompañada por un abogado, que pese a que entró a la sede del Sebin no lo dejaron que la acompañara durante el interrogatorio.
Le dijeron que había llegado ahí porque supieron que ella compartió el vídeo a un grupo de conversación celular, pese a que ella no cubrió este hecho ni lo compartió en sus redes sociales. Le insistieron que dijera cómo había obtenido esa información. Le preguntaron si conocía a Román Camacho y a Darvinson Rojas.
Le hicieron varios cuestionamientos relacionados a su ejercicio periodístico. Durante el procedimiento, estuvieron siete funcionarios que no se identificaron, y tres de ellos dirigían el interrogatorio. Le pidieron el teléfono personal y ella no lo cargaba en ese momento.
Contó que en medio del interrogatorio los funcionarios hacían comentarios anecdóticos y un funcionario “con ironía”, le dijo “que él había llegado a una casa a las 3 de la madrugada a buscar a algunas personas y que hubiese sido necesario (en su caso) lo hubiese hecho”.
Los funcionarios le insistieron que revelara la fuente de dónde provenía el vídeo. Le hicieron varias consultas sobre su interacción por los chats móviles. Luego del interrogatorio la dejaron esperando un rato y los funcionarios alegaron “que estaban esperando la respuesta de Gustavo González López”, director del Sebin, quien además es ministro de Interior, Justicia y Paz, y también director del Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria”, órgano creado en 2013 con funciones para restringir el acceso a la información pública y legalizar las actuaciones de vigilancia e inteligencia policial.
Torres contó que los funcionarios le obligaron a dar la dirección exacta de su vivienda así como el nombre de su madre, lo cual vulnera el derecho a la privacidad y los asuntos personales. También le pidieron información sobre la sede y la dinámica de trabajo de El Pitazo, al igual que le ocurrió a Darvinson Rojas, quien acudió a la sede del Sebin el 25 de junio.
DATO: Antes de morir dentro del BCV, Juan David Olivero García (27), grabó un vídeo para explicar porqué iría a la entidad financiera
— Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 22 de junio de 2016
Tres horas duró este último encuentro con Rojas, que pese a haber sido “cordial”, le confiscaron su teléfono celular, supuestamente por orden del fiscal del Ministerio Público que lleva la causa del asesinato en el Banco Central de Venezuela. Este hecho vulnera el derecho a la privacidad de las comunicaciones y a la protección de los datos personales.
El reportero contó que Heiker Campione, fiscal 27° del Área Metropolitana de Caracas, llamó en varias oportunidades durante el proceso y que igualmente los funcionarios mantuvieron comunicación directa con el ministro de Interior y Justicia.
Al igual que Torres, a Darvinson Rojas se le impidió entrar con su abogado al proceso del interrogatorio. Los funcionarios del Sebin también le insistieron que dijera cómo había obtenido el vídeo y dónde lo había visto por primera vez.
No hubo una orientación de la fiscalía, sino un acto arbitrario de Campione por desconocimiento. A los otros dos no se les incautó el teléfono. Ahí estaba involucrado el ministro. El funcionario Mendoza me reportó que el ministro estaba al tanto. Son dos funcionarios encargados por la investigación de periodistas.
Rojas pidió comunicarse con su representante legal cuando le pidieron entregar su teléfono celular.
Marino Alvarado, activista y representante de Rojas por Espacio Público, intentó comunicarse con Gioconda González, directora de Despacho de la Fiscal General. No tuvo éxito. Por esta razón, se comunicó con el fiscal Campione en dos oportunidades para comunicarle que la incautación del teléfono celular en contra de la voluntad del reportero era una medida inconstitucional.
A las cuatro y treinta de la tarde, Alvarado recibió una llamada del director de asuntos interinstitucionales de la Fiscalía, quien le sugirió comunicarse con Campione, puesto que el fiscal 61 del MP no había ordenado la incautación. Minutos más tarde, el Ministerio Público (MP) negó, a través de su cuenta de Twitter @MPvenezolano que el fiscal hubiese ordenado la incautación de teléfonos a los periodistas que fueron citados con relación a la investigación por el hecho ocurrido en el BCV.
Por su parte, Campione también negó en su cuenta Twitter, @hcampione, haber emitido la orden: “No he ordenado incautar teléfonos a periodistas por la investigación sobre situación ocurrida en el BCV”.
Después del interrogatorio, a las seis de la tarde, la Fiscal Superior de Delitos Comunes de la Fiscalía, se comunicó con Rojas para notificarle que el MP estaba en contra de la incautación y que tenía la opción de formular una denuncia, debido a la irregularidad del proceso.
Rojas notificó a IPYS Venezuela que el caso fue reasignado a Lucila Hurtado, fiscal 61 del Ministerio Público (MP) en el Área Metropolitana de Caracas. Rojas aseguró que se encuentran a la espera que Hurtado emita un oficio en las próximas horas para que el reportero pueda solicitar su teléfono celular en la sede del Sebin.
Pese a que los periodistas pueden colaborar en las investigaciones en calidad de testigos, en favor de la justicia, IPYS Venezuela considera que esta serie de hechos que conminan a revelar las fuentes de información son arbitrarios y demuestran un uso abusivo del poder estatal. Buscan intimidar a los medios, a los periodistas y a sus propias fuentes.
En los últimos dos años, IPYS Venezuela ha observado con preocupación que han aumentado las presiones hacia los periodistas para que revelen sus fuentes, pese que la protección de sus informantes es un derecho profesional.
En el estudio de percepción de 2015 de censura y autocensura entre periodistas y medios de comunicación en el país, IPYS Venezuela determinó que existen “constantes presiones que se ejercen para que revelen de dónde provienen los datos que ellos manejan. Al revisar las tendencias son pocos los periodistas que han cedido a las presiones de actores estatales y no estatales, entre los que, principalmente, están los cuerpos de seguridad del Estado”.
