Balance IPYSve | Servicios de internet inasequibles

• La internet es asequible cuando los usuarios pueden adquirir el equivalente a un gigabyte de datos móviles con el 2% o menos de sus ingresos mensuales, según destaca la Alianza para una Internet Asequible

• A pesar de que los costos de internet puedan estar dentro de los más bajos de la región, los mismos siguen siendo elevados para la población más desprotegida en medio de una crisis humanitaria compleja

• Las constantes fallas eléctricas, los cortes de fibra óptica, los daños de infraestructura de telecomunicaciones, y la poca información sobre estas limitaciones por parte de los proveedores de internet no disminuyen en Venezuela, a pesar de los aumentos constantes en las tarifas de estos servicios

El acceso a internet en Venezuela ha estado constantemente limitado por las dificultades de infraestructura producto de la falta de inversión y las constantes fallas en los servicios públicos en todo el país. A este escenario se suma un elemento de principal preponderancia que limita el desarrollo de los individuos: la asequibilidad se ha convertido en un nuevo obstáculo de inequidad en la ciudadanía a la hora de acceder a este derecho humano de forma óptima.

Con el aval del Estado venezolano, los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) en el país han aumentado sus costos para responder a las necesidades que tienen las infraestructuras en el territorio, y para intentar sobreponerse a una economía hiperinflacionaria que ha obstaculizado cualquier mecanismo de inversión.

En una nación donde el salario mínimo integral se ubica en 10.000.000 de bolívares soberanos (Bs.S) mensuales (en promedio unos 3 dólares), alimentarse es el principal reto de los ciudadanos, y hacerse con más ingresos por medio de actividades extras forma parte del día a día de muchos en el país, pero bajo un escenario donde las medidas de cuarentena se imponen, los mecanismos de trabajo y de estudios de muchos venezolanos se vieron configurados a una ya desgastada infraestructura de conectividad.

El Objetivo 9 de la Agenda 2030 promovida desde el seno de las Naciones Unidas llama a los países miembros a “aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet”, pero Venezuela parece estar lejos de cumplir esta meta, además de otras tantas que conforman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda supranacional.

Reflejo de esta realidad es la escasa velocidad en internet con la que ha contado el país en los últimos años. De acuerdo con pruebas realizadas por esta organización con apoyo de la Red Nacional de Corresponsales entre diciembre de 2020 y enero de 2021, se pudo evidenciar que la velocidad promedio de navegación es de 1,5 megabit por segundo (mbps), valor evidentemente negativo comparado con el promedio de 5 mbps que tiene la región y los más de 15 mbps que median a nivel mundial.

Aunque el Índice Global Speedtest, plataforma especializada en registrar el comportamiento de la conexión a internet en el mundo, señaló en marzo que Venezuela presentó una mejoría en su velocidad comparado con años anteriores, registrando un promedio de 16,26 mbps en banda ancha fija y 6,87 mbps en velocidad móvil, IPYS Venezuela no descarta que tal realidad puede estar vinculada a nuevas ofertas de servicios de conexión que han surgido en el país, pero que se escapan de ser asequibles para toda la población ya que responde a nuevas condiciones de costos e infraestructura que deben ser constantemente mantenidas.

En medio de una crisis sostenida como la que vive Venezuela, y el panorama de la pandemia de Covid-19, el acceso libre y asequible a internet es de vital importancia para salvar vidas. Más allá de ser un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado a través de políticas públicas coherentes, el acceso a internet funciona como eje transversal para garantizar otros derechos a la ciudadanía.

Internet: entre costos y limitadas opciones

De acuerdo con la Alianza para una Internet Asequible (A4AI, por sus siglas en inglés), la internet es asequible cuando un ciudadano puede adquirir un gigabyte (GB) de datos móviles prepagados con el 2% o menos de sus ingresos mensuales medios. Pero en Venezuela la mayoría de la población es asalariada y depende en gran parte de los 10.000.000 de bolívares normativos por el Estado para su salario mínimo. De ese monto, solo 200.000 Bs.S (USD 0,064) representan el 2% que señala la A4AI como valor justo para adquirir 1 GB de datos.

Los costos para hacerse con un plan de datos en Venezuela pueden variar dependiendo de la prestadora del servicio. Los proveedores móviles Digitel y Movistar establecen el costo por cada gigabyte para el 9 de junio, en 2.477.200,00 bs.S. y 1.217.136,38 bs.S., respectivamente. En el caso de la estatal Movilnet no se hallaron datos disponibles ni actualizados en sus canales oficiales de comunicación, las únicas tarifas conocidas recientemente fueron difundidas por el portal Banca y Negocios donde se señaló que el paquete de 800 megabytes (MB) se ubicó en un monto de Bs 1.529.600,00. Cifras ampliamente distantes de la guía recomendada por la A4AI.

Un escenario similar se vive en las empresas que prestan el servicio de acceso a internet residencial o banda ancha fija. A inicios de junio, diversos medios de comunicación dieron a conocer un aumento de los precios en los servicios de la estatal CANTV, la de mayor penetración en el país, que ya se habían actualizado en mayo.

De acuerdo con la lista difundida, los planes que varían desde los 4 mbps hasta los 22 mbps de velocidad ubicaron sus precios entre los ocho millones y los más de 47 millones de bolívares, pero, y a pesar de que estos costos siguen siendo bajos comparados con la región, son inasequibles para una población con escaso poder adquisitivo, quienes además de denunciar los aumentos constantes, señalan las periódicas fallas y deficiencias del servicio.

Los otros operadores de mayor alcance en el territorio son las empresas privadas Inter, Supercable y NetUno. Cada una brinda diferentes opciones en sus servicios de banda ancha que van desde los 2 mbps hasta los 20 mbps. Sin embargo, sus planes pueden variar entre ser limitados o no, además de la disponibilidad para las diferentes zonas territoriales.

En el caso de Inter, su servicio de conexión a la red presenta cuatro principales planes residenciales que van desde el más económico en 3.457.835 Bs.S de 2 mbps de velocidad, pasando por el de 4 mbps en más de ocho millones de bolívares, mientras que el de 10 mbps se ubica en los 21.553.385 bolívares, y un cuarto plan de 20 mbps que supera los 42 millones, es decir más de 13 dólares de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por medio del servicio al cliente de Supercable, IPYS Venezuela pudo conocer que los únicos planes de conexión banda ancha que ofrece esta empresa se ubican en 68.400.000 bs.S con una velocidad de 2 mbps, mientras que el plan que ofrece el doble de velocidad alcanzó los 76.000.000 en moneda local.

NetUno en cambio solo ofrece actualmente un servicio de conexión con 12 mbps que tiene dos modalidades, uno con límite de consumo de 100 GB en un costo equivalente en bolívares a los 20 dólares, (62.468.403,8 bs. con la tasa del BCV del 9 de junio), y una opción ilimitada de consumo con la misma velocidad por 50 dólares norteamericanos.

Este panorama deja en evidencia que Venezuela se aleja cada vez más de contar con una conexión óptima que premie los principios rectores de una internet libre tal como establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que enumera “el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad, así como la neutralidad de la red y la gobernanza multisectorial”, donde la asequibilidad forma un rol trascendental dentro de la característica del acceso universal.

Banda ancha en progresiva debilidad

De acuerdo con una de las metas de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, creada en el 2010, para 2025 los países en desarrollo deberían lograr que los servicios de banda ancha básicos sean asequibles, representando para los ciudadanos menos del 2% de la renta nacional bruta mensual per cápita, lo que significa una disminución de la brecha digital en cuestión de acceso y costos para los habitantes.

En su reporte “El estado de la banda ancha. Abordar las desigualdades digitales: una década para la acción”, presentado en 2020, la Comisión destacó que la pandemia de Covid-19 puso en mayor relieve las disparidades en el acceso a la conectividad de alta velocidad y centró la trascendental importancia que tiene la internet en pro de lograr el desarrollo sostenible de los ciudadanos.

En el caso venezolano, y a partir de la información publicada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la penetración de internet en Venezuela cerró en 2019 —última fecha publicada por el ente— en 60,89%, dato que fue mayor comparado con los trimestres anteriores, pero menor a los presentados durante 2015, 2016 y 2017.

Los últimos tres meses de 2015 son hasta ahora el tiempo que mayor porcentaje de penetración de internet ha registrado el país, cuando se ubicó en 62,51%. Asimismo en 2017, el primer trimestre reportado por la Conatel reseñó 62,48% en el avance de la conectividad en el territorio.

Para 2019, CANTV tenía el más alto porcentaje de suscriptores con el 66,42% de acuerdo con la distribución del mercado de Internet tradicional. Luego se ubicó Digitel con el 16,27% en su banda ancha móvil (BAM). Mientras que Inter obtuvo 6,75%, solo pocos puntos más arriba que los logrados por Telefónica Movistar (5,22%) y Movilnet (3,54%), ambos en banda ancha móvil dedicada.

A nivel de la telefonía móvil, la Conatel presentó datos que fueron encabezados por Movistar con el 48,73%. Movilnet se ubicó en segundo lugar con el 38,55%, mientras que Digitel marcó 12,72 puntos porcentuales de la suscripción a internet en banda ancha móvil normalizada.

No obstante, son justamente todas estas ISP las que han sido reseñadas de forma reiterativa por medios de comunicación, ciudadanos e IPYS Venezuela con fallas constantes que limitan el acceso a sus usuarios, realidad que se ve aumentada por las dificultades de asequibilidad, hiperinflación, y las deficiencias de estructura y servicios públicos que vive la nación.

Fallas que no se detienen

En un país donde los apagones continuos, los cortes de fibra óptica, los daños y robos en el sistema de infraestructura y la escasa información sobre estas limitaciones por parte de los proveedores de internet imperan, el acceso a la red se vuelve un servicio inalcanzable.

Ya no es solamente la realidad de la asequibilidad a la que se deben enfrentar los ciudadanos, sino a limitaciones mucho más complejas que desencadenan en una extensión de los desiertos informativos y en territorios donde reina la zozobra y la desinformación. Es justamente en estos espacios donde la toma de decisiones de forma consciente disminuye y los riesgos de toda índole se transforman en los escenarios más comunes.

En una medición realizada por el Observatorio Venezolano de Servicio Públicos (OVSP) entre abril y mayo de 2020, pudieron constatar que el 58,1% de los encuestados, en 10 importantes ciudades del territorio, “estaría de acuerdo con el aumento de las tarifas de los servicios públicos si estos presentan mejoras en su desempeño”. Sin embargo, en un estudio más reciente del Observatorio, realizado en enero de 2021, halló que “el 65,5% de los encuestados señaló no tener acceso a internet en el hogar”, datos que dejan en evidencia un escenario más complejo donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente.

Además, la consulta arrojó que alrededor del 50% de las encuestas por ciudad reportaron fallas en el servicio de internet fijo, mismo boletín en el que el OVSP señaló que CANTV fue reportado por los encuestados como el principal proveedor de este servicio al que tienen acceso, marcando un 70,8% del total de los consultados. En ese conteo, Inter obtuvo el 10,9%, mientras que Digitel (2,1%), Movistar (1,8%) y otros (5,0%), estuvieron por debajo del 5% total.

Las formas de pago del servicio de internet es otro de los retos que enfrentan los ciudadanos. Actualmente las recargas pueden ser realizadas en gran mayoría a través de la banca en línea, los servicios de billeteras electrónicas y en algunos casos en comercios afiliados y en los propios agentes autorizados de los proveedores.

Sin embargo, las empresas no han escapado de sufrir dificultades técnicas que impiden a los usuarios ejecutar recargas, tal como ocurre actualmente con la estatal Movilnet, que reportó fallas el 9 de junio, y una semana después aún persistía la imposibilidad para que los abonados recargaran sus líneas o pudieran acceder a servicios como consultas de saldo, detalles de costos y planes adquiridos, pero estas limitaciones no son recientes, durante los últimos años Movilnet no ha dejado de presentar serias fallas en sus servicios. 

Incluso, el sábado 12 de junio la empresa optó por liberar el servicio de llamadas a sus clientes ante la imposibilidad de dar una respuesta inmediata sobre los mecanismos de recargas.

De la misma manera, producto de la hiperinflación, las empresas de internet han aumentado de forma constante en los últimos meses sus montos mínimos de recargas, que van desde 1.000.000 de bolívares, es decir, el 10% del sueldo mínimo, hasta los 50.000.000, cifra que representa cinco veces el monto total del sueldo base decretado por el Estado.

Estas limitaciones estructurales, de acceso y costos, además de los constantes bloqueos aplicados desde los mismos operadores de internet a portales de interés público, dejan en evidencia que no existe un pleno compromiso por parte de las autoridades nacionales para brindar una internet libre.

Venezuela se aleja cada vez más de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan garantizar este derecho de forma universal, sin limitaciones y asequible a la población. Entender que el acceso a internet en un panorama como el de la pandemia de Covid-19 es de vital importancia, y que es garante de forma trasversal de otros derechos es una tarea que debe ejecutar y garantizar el Estado por medio de sus políticas públicas.