IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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En los primeros días de octubre al menos 12 periodistas y reporteros gráficos se vieron afectados en el ejercicio de sus labores por la acción de los cuerpos policiales y entidades dependientes del Estado
Yhoger Contreras y Juan Pablo Lares, equipo IPYS Venezuela
Red Nacional de Corresponsales: (Jhoalys Siverio, Bolívar; Irene Revilla, Falcón; Gregoria Díaz, Aragua; Judith Valderrama, Táchira)
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) registró durante las dos primeras semanas de octubre ocho casos donde se vieron vulnerados los derechos informativos de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en cinco regiones del territorio nacional. Aragua, Táchira, Falcón, Bolívar y el Área Metropolitana de Caracas fueron las entidades donde la censura y las limitaciones de acceso impidieron la labor periodística.
De acuerdo al registro del equipo de monitoreo de libertades informativas de esta organización, con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales, se pudo constatar que el principal victimario hacia las agresiones de la prensa en los primeros trece días del décimo mes de 2019, fueron los cuerpos de seguridad del Estado con cuatro de los ocho casos totales.
El periodista y escritor británico John Carlin también fue víctima de las medidas coercitivas del Estado venezolano, al ser “inadmitido” y deportado en su llegada a Venezuela el lunes 7 de octubre, cuando se disponía a presentar el foro “Mandela y el camino a la paz, horizontes posibles para Venezuela”, una conferencia que buscaba relatar las experiencias de Carlin con el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, mientras fuera corresponsal del medio The Independent entre 1989 y 1995.
Los derechos del periodista Jesús Medina y el ciudadano Pedro Jaimes volvieron a ser violentados luego que se suspendieran las audiencias que tenían previstas para el jueves 3 y miércoles 2 de octubre, respectivamente. La audiencia de Jaimes fue diferida por décima vez, mientras que la de Medina fue pospuesta para el jueves 5 de diciembre luego de más de un año desde que fuera detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
IPYS Venezuela rechaza la violación a las libertades informativas de los medios, los ciudadanos y periodistas que de forma sistemática se han venido intensificando durante los primeros meses de 2019. Es responsabilidad del Estado velar por los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores de la prensa en su compromiso con la información.
Equipos reporteriles fueron intimidados por cuerpos policiales en Táchira y Bolívar
Durante los primeros ocho días del mes de septiembre, los equipos reporteriles de los diarios La Nación en Táchira, Nueva Prensa de Guayana y Primicia en el estado Bolívar fueron intimidados y obligados a borrar el material fotográfico de las coberturas informativas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) respectivamente, el viernes 4 y martes 8 de septiembre.
El equipo de prensa del diario La Nación en Táchira conformado por el periodista Freddy Durán y el reportero gráfico Jhonny Parra fueron perseguidos y obligados por la PNB a borrar las fotografías que habían realizado a la estación de servicio “Zerpa” en el sector de Barrio Obrero en San Cristóbal donde se llevaba a cabo una cola para el surtido del combustible el martes 8 de octubre.
#AvanceIPYSve | El periodista Freddy Durán y el fotógrafo Jhonny Parra de @lanacionweb en #Táchira fueron intimidados por funcionarios de la #PNB mientras realizaban cobertura informativa en las colas para surtir gasolina el #8oct
Parra fue obligado a borrar las fotografías
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) October 9, 2019
De acuerdo con declaraciones de Jhonny Parra a IPYS Venezuela, se encontraban realizando un sondeo en las diferentes colas para el suministro de gasolina en la ciudad capital del estado andino, cuando un hombre que hacía una “fila que pagan express” para acceder a la estación, se percató y comenzó a señalarlo y perseguirlo de forma alterada para evitar el testimonio gráfico que evidenciara la práctica irregular.
Durán y Parra continuaron su recorrido hacia la 7ma avenida de San Cristóbal donde se mantuvo la persecución por parte de los civiles quienes en reiteradas oportunidades les dieron la voz de alto, pero ante lo irregular del hecho, el equipo de prensa no se detuvo hasta que una motocicleta con funcionarios de la PNB los interceptaron y les pidieron las credenciales del medio, para posteriormente obligarlos a mostrar y eliminar las fotografías que había hecho en la estación de servicio.
En Bolívar, el equipo reporteril del diario Nueva Prensa de Guayana fue interceptado por funcionarios del Sebin cuando se desplazaban en un vehículo en la zona industrial de Matanzas, en Puerto Ordaz, la mañana del viernes 4 de octubre. Las periodistas Yessika Muñoz, Diana Medina y Sarays Díaz y el reportero gráfico Wilmer Barrero, realizaban un trabajo relacionado con el desarrollo de “una obra en construcción identificada como el Complejo Industrial Manuel Carlos Piar”, según publicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta en la red social Twitter.
#AlertaSNTP | Funcionarios del Sebin interceptaron vehículo de Nueva Prensa de #Guayana, cerca de una obra en construción identificada como el Complejo Industrial Manuel Carlos Piar.
Los funcionarios apuntaron al equipo con armas largas pese a que mostraron sus carntes de prensa— SNTP (@sntpvenezuela) October 5, 2019
La periodista Yessika Muñoz confirmó a Jhoalys Siverio, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, que dos funcionarios obligaron al equipo a borrar todo el material audiovisual, mientras uno de ellos los apuntaba con un arma R15. Los uniformados no se identificaron en ningún momento y alegaron que estaban en una zona de seguridad, por lo que fueron posteriormente escoltados a las afueras del lugar, según informó el SNTP.
Los funcionarios obligaron al reportero gráfico Wilmer Barrero y a las periodistas Yessika Muñoz
y Sarays Díaz a borrar las fotos de la obra de sus teléfonos y los escoltaron fuera del lugar.Tomaron fotos del carro y de las identificaciones. #4Oct
— SNTP (@sntpvenezuela) October 5, 2019
Ese mismo viernes, el equipo del diario Primicia, en Puerto Ordaz, fue amenazado e intimidado por funcionarios de las FAES cuando el reportero gráfico Ángel García realizaba unas fotografías de un choque de vehículos cerca del Palacio de Justicia, donde estaban implicados los oficiales y una sexagenaria.
La periodista Luisángela Delgado denunció que los uniformados les exigieron borrar el material audiovisual. Ante la negativa de los trabajadores de la prensa, fueron rodeados por más de seis funcionarios con armas largas, quienes señalaron al equipo reporteril de ser amarillista y armar “una película con un simple choque”, según informó Delgado a través de su cuenta en la red social Twitter.
#Guayana Hace minutos hubo un choque en la esquina de los Tribunales en #PuertoOrdaz Los involucrados eran oficiales de la Faes y una sexagenaria. Cuando llegué al sitio en compañía del reportero gráfico Ángel García e hicimos el trabajo para tener los datos del hecho…
— Luisángela Delgado♡ (@Luisangelad14) October 4, 2019
“Para que se le quite lo alzada”, fue una de las frases de las FAES cuando mandó a una de las funcionarias a intentar intimidar a la periodista por negarse a dar su cédula de identidad. La uniformada alegó que era un caso “político” y no era prudente hacerlo público. Posterior al hecho, cuando el equipo del diario Primicia se disponía a retirarse, “enviaron a un oficial a comprobar que abandonáramos el lugar sin alguna evidencia gráfica” destacó Delgado.
Estas acciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado coartan la libertad de expresión y el derecho que tienen los periodistas a ejercer su labor, además del derecho de los ciudadanos a informarse sobre casos de interés público. IPYS rechaza toda acción de intimidación y violencia que restrinja la labor informativa de los trabajadores de la prensa, y recuerda que el Estado venezolano tiene la obligación de brindar las condiciones necesarias para que los medios de comunicación cumplan su rol informativo.
Aragua: Negaron acceso a periodistas al Hospital Central de Maracay
Un funcionario de la Policía del estado Aragua impidió el acceso a los periodistas Alfredo Morales, corresponsal del medio digital El Pitazo, Carmen Elisa Pecorelli de Unión Radio y Te lo Cuento News y Gregoria Díaz de Crónica Uno y corresponsal de IPYS Venezuela en el estado del centro del país, cuando se disponían a ingresar al Hospital Central de Maracay el lunes 7 de octubre.
https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1181199417803718656?s=20
El grupo de periodistas se encontraban realizando la cobertura informativa al incendio que se produjo en el área de emergencia pediátrica del centro de salud, cuando un funcionario de Poliaragua les prohibió el acceso y retuvo el carnet de identificación de Gregoria Díaz a quien le exigió borrar el material audiovisual que había realizado con su equipo de trabajo, orden a la que la periodista se resistió.
Este hecho se suma a los 28 casos que registró esta organización durante los primeros nueve meses de 2019, donde se ha visto imposibilitada la función de los equipos reporteriles en cumplir su misión de informar. Impedir el acceso a información de interés público y al trabajo de los periodistas, es una acción que desde IPYS Venezuela es rechazada porque tales derechos se encuentran amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código de Ética del Periodista
Falcón: Conatel apagó y decomisó equipos a dos emisoras
Las emisoras Médano Radio 95.5 FM y Extrema 92.5 FM, ubicadas en Coro, capital del estado Falcón, fueron apagadas y sus equipos decomisados por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el martes 2 de octubre.
La comisión de Conatel llegó acompañada de uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana a las sedes de las emisoras e incautaron parte de los equipos, entre los que destacaron micrófonos, computadoras y consolas. Los trabajadores de las estaciones radiales informaron que el argumento de la Comisión rectora correspondía a un procedimiento por la falta de concesión para salir al aire, autorización que aprueba Conatel, y que de acuerdo a miembros de las emisoras, han hecho todo para que les sean renovadas.
#AlertaSNTP | Comisión de Conatel visitó y ordenó el cierre de @FMedano, en #Falcón.
Un grupo conformado por tres funcionarios de junto a Guardias Nacionales se llevó micrófonos, computadora y consola de la estación y apagaron la emisora. #1Oct
— SNTP (@sntpvenezuela) October 1, 2019
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Falcón, emitió un comunicado de prensa donde rechazaron las acciones que no se fundamentan en el respectivo protocolo administrativo y jurídico, y que afecta el patrimonio particular, familiar o de grupos económicos, especialmente si se han cumplido las exigencias del ente rector para la aprobación de las concesiones radioeléctricas en el país.
#2Oct La seccional Falcón del Colegio Nacional de Periodistas @cnpfalcon emite comunicado por el cierre de las emisoras Medano radio 95.5 FM y Extrema 92,5 FM, por parte de Conatel. pic.twitter.com/tsN1P8es3s
— CNP Caracas (@CNPCaracas) October 2, 2019
De acuerdo con Irene Revilla, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, las emisoras tenían más de dos años esperando las concesiones para operar de forma libre en el espectro radioeléctrico; Médano Radio 95.5 FM desde que salió al aire hace seis años y Extrema 92.5 FM superaba los 36 meses, pero a pesar de contar con toda la documentación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones nunca les brindó el aval.
IPYS Venezuela lamenta las medidas coercitivas aplicadas por el Estado venezolano hacia los medios de comunicación tradicionales en todo el país, sobre todo a las estaciones radiales, las cuales suman más 20 cierres entre programas informativos y estaciones en lo que va de 2019.
Caracas: Tribunal prohibió proyección de documental en la Universidad Simón Bolívar
El Tribunal Trigésimo Sexto de Primera Instancia Estadal en lo Penal en la ciudad de Caracas, prohibió la proyección del documental “Chavismo: la peste del siglo XXI” en la Universidad Simón Bolívar (USB) el martes 8 de octubre, bajo el argumento de “promoción o incitación al odio”.
El documental disponible en Youtube y dirigido por Gustavo Tovar sería proyectado el miércoles 9 y formaba parte de la asignatura “Venezuela ante el siglo XXI” dirigida por el profesor José Alberto Olivar, de acuerdo a una publicación de USB Noticias. “Desde el punto de vista didáctico y al ser la USB una universidad autónoma, pluralista, donde tienen cabida todas las corrientes del pensamiento, consideramos pertinente fortalecer este objetivo con la proyección y discusión de este documental” señaló Olivar.
Un tribunal del régimen pretende acallar la libertad de expresión una vez más en Venezuela. Académicos de la USB afectados porque la universidad se ve exigida a paralizar un cine foro. Esperamos el respaldo nacional e internacional. @Almagro_OEA2015 @mbachelet @CorteIDH @hrw_ru pic.twitter.com/xDsn77MuLz
— APUSB (@APUSB) October 9, 2019
La jueza Norelys León Zaa decretó una “medida cautelar innominada, relativa a la prohibición de promocionar y difundir el material audiovisual” el cual había sido apoyado por las autoridades universitarias, la dirección de cultura de la casa de estudios y la asociación de egresados. Días previos a la medida, los organizadores del cine foro habían denunciado a través de la cuenta en la red social Twitter de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (@APUSB), recibir presiones por parte de algunas autoridades de la universidad para que fuera cancelada la proyección.
El rector de la casa de estudios, Enrique Planchart destacó luego de conocer la medida, que “por ser un espacio de discusión abierto al debate de ideas de cualquier corriente de pensamiento, en la universidad no debe haber censura ni temas tabú”. Luego de la decisión del tribunal, la actividad que contaría con las participaciones de los catedráticos Jorge Orellano, Jonás Estrada y José Alberto Olivar, fue suspendida.
IPYS Venezuela recuerda que las universidades son espacios donde deben predominar la libertad de expresión y el libre pensamiento de todas sus partes; la medida tomada por el Tribunal es motivo de rechazo para esta organización que vela por el respeto a los derechos informativos de los ciudadanos.
Caracas: Walter Martínez volvió a suspender su programa Dossier por presiones estatales
El periodista para el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) y la cadena internacional Telesur, Walter Martínez suspendió su programa Dossier del jueves 3 de octubre, luego que fuera interrumpido por un en “vivo de embuste e impertinente” como informó a través de su cuenta en la red social Twitter @WalterDossier.
Es mi deber informar q una vez más me INTERRUMPIERON DOSSIER PARA PONER UN "VIVO" DE EMBUSTE E IMPERTINENTE Y DECIDÍ SUSPENDERLO. NO FUE CULPA de .@VTVcanal8 sino de un tal GUSTAVO CEDEÑO de .@PresidencialVen q violando MI CONTRATO se creyó con autoridad para DESTRUIR LA EMISIÓN.
— Walter Martínez (@WalterDossier) October 4, 2019
Martínez informó que la decisión no fue orden de VTV sino de “un tal Gustavo Cedeño” de Prensa Presidencial como lo señaló a través de Twitter. “Es mi deber informar que una vez más me interrumpieron Dossier para poner un ‘vivo’ de embuste e impertinente y decidí suspenderlo. No fue culpa de VTV sino de un tal Gustavo Cedeño de prensa presidencial, que violando mi contrato se creyó con autoridad para destruir la emisión”, expresó el presentador.
En agosto de 2019 el programa transmitido en VTV también fue suspendido por Martínez, luego de recibir una notificación por parte de la presidencia del canal que prohibía llevar a cabo la entrevista que tenía prevista para el 15 de agosto al presidente del partido político Organización Renovadora Auténtica (ORA), Luis Reyes Castillo. De acuerdo con Martínez, la decisión en ese momento había sido dada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Coartar la libertad de expresión dificulta que medios y periodistas participen en una sociedad democrática. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela rechaza que estas acciones impidan el libre ejercicio de los trabajadores de la prensa en su compromiso con la información y la pluralidad de opiniones.
