IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Quinto apagón general de Venezuela afecta servicios de telecomunicaciones durante más de 10 horas
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Organismos de seguridad estatal sostienen ataques a periodistas y trabajadores de la prensa como métodos de intimidación a la labor informativa
El registro de IPYS Venezuela totalizó ocho casos de agresiones a las libertades de expresión, acceso a la información y a los derechos digitales durante la tercera semana del mes de julio. En los últimos días destacaron los hechos intimidatorios, las acciones legales como medidas de censura en contra de los periodistas y medios de comunicación, así como las limitaciones en los servicios de comunicación y conexión a internet, como consecuencia del quinto apagón nacional que ocurrió en Venezuela el lunes 22 de julio.
Los datos obtenidos por el equipo de monitoreo de la organización revelaron ataques dirigidos contra periodistas en el Área Metropolitana de Caracas, Bolívar, Mérida, Lara Miranda, Apure y Falcón.
Crecen las cifras de restricciones a las libertades de la prensa por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en un contexto de censura y opacidad informativa que restringe la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Venezuela. Los organismos de seguridad fueron responsables de al menos 116 vulneraciones a los derechos a la libertad de prensa en lo que va de año. Solo en los meses de abril, mayo y junio estos organismos sumaron 45 casos de vulneraciones a los derechos de los periodistas, mientras que en el mes de julio estos hechos ocurrieron en otras seis ocasiones.
Miranda: Periodista de los Valles del Tuy emigró de Venezuela tras amenazas
Las amenazas de acciones legales en contra de periodistas y medios de comunicación también destacaron la tercera semana de julio como medidas alternativas para censurar. El periodista del Diario La Voz Jean Carlos Rodríguez emigró del territorio venezolano luego de haber sido amenazado, vía mensajes de texto y notas de voz, por funcionarios de la policía del municipio Tomás Lander, en los Valles del Tuy, estado Miranda luego de denunciar el desvío de los recursos alimentarios de algunas escuelas en la entidad.
De acuerdo con declaraciones del periodista a esta organización, los alcaldes de los municipios Tomás Lander y Cristóbal Rojas, Genkerve Tovar y Humberto Marte respectivamente, además del ex alcalde del municipio Simón Bolívar y ahora diputado regional, Saúl Yánez, también intimidaron en diferentes momentos la labor del periodista al exponerlo públicamente a través de medios radiales.
Las amenazas en contra de Rodríguez son ejecutadas constantemente desde el mes de mayo y provocaron que el periodista emigrara del territorio venezolano por temor a represalias por parte de sus agresores.
#AlertaSNTP | El periodista Jean Carlos Rodríguez ha sido víctima de amenazas desde el pasado #26May, tras publicar una denuncia sobre la presunta desviación de alimentos escolares en sus redes.
Las amenazas vienen de funcionarios de la policía de Tomás Lander,en #Miranda #10Jun— SNTP (@sntpvenezuela) July 11, 2019
Apure: Funcionario público acosó a periodista de El Pitazo
María Eugenia Díaz corresponsal del medio digital El Pitazo y de IPYS Venezuela en el estado Apure fue acosada por un funcionario de la medicatura forense del Hospital Pablo Acosta Ortíz en San Fernando de Apure el 25 de julio. La periodista relató haber asistido al centro hospitalario para cubrir una denuncia sobre la destitución del personal de enfermería por rehusarse a suministrar agua destilada en agua estéril por solución 0.9% a pacientes recluidos en el centro de salud.
Díaz decidió acercarse a la morgue a realizar una fotografías para otro trabajo periodístico y William Herrera, trabajador de la entidad forense, con quien había hablado en otros momentos, le insinuó en reiteradas oportunidades mensajes sugerentes para que pasara a la habitación donde duerme el funcionario cuando realiza sus guardias.
IPYS Venezuela repudia este hecho y todo acoso a las mujeres periodistas del país por parte de funcionarios públicos y privados; y recuerda a las autoridades del Estado que tienen la obligación de generar las condiciones idóneas para que las féminas puedan trabajar sin ningún tipo de riesgo o coacción en su oficio.
Impiden cobertura de periodistas a encuentros de trabajadores de Corpoelec
Funcionarios públicos retiraron a periodistas de las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cuando hacían cobertura periodística sobre los encuentros de trabajadores en los estados Falcón y Lara el 17 de julio y el 22 de julio, respectivamente.
Los periodistas Joanne López de Cactus 24 y Radio Coro, y Javier Reyes de la Televisora Falcón y Notifalcón fueron expulsados de la sede de la Caja de Ahorro de Corpoelec en el estado Falcón por el equipo de comunicaciones del viceministro de Electricidad, Gustavo Carrasquero, mientras cubrían una reunión de los trabajadores de la entidad el miércoles 17 de julio de acuerdo con el reporte de nuestra corresponsal en la entidad, Irene Revilla.
El otro hecho de expulsión a trabajadores de la prensa ocurrió el lunes 22 de julio en el estado Lara mientras los equipos reporteriles de Promar TV, VPI Tv, diario El Impulso y una periodista independiente, realizaban cobertura a una rueda de prensa del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec Lara en el edificio Fermín Sánchez en Barquisimeto.
Los periodistas Diana Arenas, Alberth Cárdenas, Andreína Ramos, Rafael Riera, Enrique Suárez, Katherine Nieto y Yelitza Figueroa, fueron desalojados por el vigilante de la sede quien alegó seguir órdenes de la Gerencia Regional de Protección y Resguardo de Corpoelec Lara.
IPYS Venezuela rechaza las constantes vulneraciones ejecutadas por los funcionarios públicos del Estado venezolano quienes, desde los cuerpos de seguridad y dependencias gubernamentales, intimidan, agravian a través del discurso, agreden física o verbalmente a periodistas y limitan el acceso de los medios independientes en la cobertura de temas de interés público.
Caracas: PNB limitó cobertura de traslado fúnebre del Capitán Rafael Acosta Arévalo
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) limitaron los derechos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación social al restringir la cobertura informativa del traslado fúnebre del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo el miércoles 10 de julio.
Mientras los periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos cubrían el traslado, un funcionario de la PNB apuntó el arma de fuego contra la motocicleta en que se trasladaba el reportero gráfico del medio digital El Pitazo, Francisco Touceiro, quien en declaraciones para esta organización relató el impedimento del libre tránsito por parte de los funcionarios, quienes “respondieron de forma agresiva, cercándonos con sus motocicletas y amenazando con derribarnos, para que nos detuviésemos” según informó Touceiro.
https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1149044326015623169
#AlertaSNTP | Durante el recorrido hacía el Cementerio del Este, funcionarios de la Policía Nacional detuvieron a los equipos de Televen y Venevision y les tomaron fotos a sus carnets.
Al fotógrafo Francisco Touceiro, de @ElPitazoTV, un policía lo apuntó con un arma. #10Jul
— SNTP (@sntpvenezuela) July 10, 2019
Las limitaciones por parte de la PNB acrecentaron al ejecutar la detención arbitraria de los equipos de prensa de Televen y Venevisión. Se conoció que los funcionarios exigieron a los periodistas de ambos medios de comunicación las credenciales para ejercer su labor reporteril, y fotografiaron las mismas. Los datos obtenidos por esta institución totalizan al menos 41 casos de detenciones arbitrarias y 60 hechos intimidatorios contra periodistas, entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2019.
#AlertaSNTP | Denunciamos que efectivos de la Policía Nacional impiden el trabajo de periodistas que cubren el entierro del capitán Acosta Arévalo, torturado en la Dgcim.
Fotografiaron identificaciones de los reporteros y los apuntaron cuando iban al Cementerio del Este #10Jul— SNTP (@sntpvenezuela) July 10, 2019
El caso de Rafael Acosta Arévalo, difunto Capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha sido liderado por la opacidad de las informaciones con respecto a su muerte dentro de las instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas. Luego de constantes denuncias de torturas, vejaciones y tratos crueles en los sótanos de la Dgcim, murió el Capitán Acosta Arévalo en condiciones aún sin explicar a los familiares de la víctima.
Este hecho posee precedentes similares a los ocurridos durante las muertes y actos fúnebres de Oscar Pérez, ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y sus acompañantes de afrenta al gobierno de Nicolás Maduro. Así como de las informaciones que surgieron en torno al caso de Fernando Albán, ex Concejal del Área Metropolitana de Caracas, muerto en condiciones no esclarecidas tras el anuncio del Ministerio Público del presunto suicidio de Albán bajo la custodia del Estado venezolano.
IPYS Venezuela rechaza que cada vez resulte más frecuente para los periodistas en Venezuela ser víctima de oficiales de cuerpos de inteligencia y contrainteligencia militar, cuerpos policiales nacionales, regionales y municipales por cumplir sus responsabilidades informativas.
Mérida: Militar intimidó labor periodística de reporteros de El Pitazo y ULA FM
Un funcionario del ejército, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intimidó a los periodistas Violeta Santiago, corresponsal de El Pitazo y a José Gregorio Rojas, de ULA 107.7 FM, mientras realizaban unas fotografías a las colas de vehículos en las adyacencias de las estaciones de servicio producidas por las fallas en el suministro del combustible en la zona andina.
#AlertaSNTP | Funcionario de la Guardia Nacional amenazó y fotografió a los periodistas Violeta Santiago, de @elpitazoTV y a José Gregorio Rojas, de 107.7 ULA FM.
Los reporteros hacían fotos de una cola de gasolina en la Av. Urdaneta de #Mérida. #15Jul
— SNTP (@sntpvenezuela) July 15, 2019
El hecho ocurrió el lunes 15 de julio en la avenida Urdaneta de la ciudad capital del estado Mérida. En declaraciones para esta organización, Violeta Santiago afirmó que el funcionario fotografió el vehículo de la periodista cuando se retiraban.
Al descubrir la acción del militar, Santiago realizó el respectivo registro fotográfico y el funcionario le intimidó diciendo: “Vamos a ver quién es más bravo si usted o yo”, después de estas palabras Santiago en compañía de José Gregorio Rojas abandonaron la zona.
Bolívar: Director de TV Río censuró programa televisivo
El programa “Diálogo en la voz de jubilados y pensionados”, transmitido por el canal TV Río en Ciudad Bolívar salió del aire el 11 de julio luego que la dirección del medio notificara a sus conductores la medida, vía mensaje de texto, según reseñó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
De acuerdo con nuestra corresponsal en el estado Bolívar, Jhoalys Siverio, la razón de esta medida surgió luego de que el 8 de julio entrevistaran en el programa al ex constituyentista, Diógenes Jiménez, y utilizaran palabras como “escasez” y “régimen”. El espacio conducido por José Castellanos, coordinador del Comité de Derechos Humanos de jubilados y pensionados en el estado Bolívar, tenía al aire 15 años de transmisión continua.
#AlertaSNTP | La dirección del canal TV Río, en el municipio Heres de #Bolívar notificó, vía mensaje de texto a sus moderadores, que el programa “Diálogo en la voz de jubilados y pensionados”, con 15 años de transmisión, no continuaría al aire a partir del #11Jul.
— SNTP (@sntpvenezuela) July 12, 2019
Entre enero y julio de 2019, los registros de IPYS Venezuela señalan que al menos 19 programas radiales, informativos y de opinión, han salido del aire por medidas de censura previa e interna, ejercidas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) así como por órdenes de la directiva de los medios de comunicación.
Derechos digitales
El Pitazo denunció bloqueo de operadoras ante el Ministerio Público
César Batiz, director del medio de comunicación El Pitazo, denunció el jueves 11 de julio ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público (MP) a las compañías telefónicas Movistar y Digitel, así como a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por el bloqueo que le han hecho al dominio del portal web informativo.
Los bloqueos al dominio elpitazo.net comenzaron el lunes 17 de junio a las seis de la tarde, desde los servicios de Movistar e Inter. IPYS Venezuela registró evidencias de estos episodios de censura a través de una serie de mediciones bajo los criterios de OONI, una organización mundial que se encarga de documentar interferencias en internet, que resultaron en 49 pruebas recabadas entre el lunes 17 y el martes 18 de junio con la colaboración de los corresponsales de esta organización, en 11 estados del país.
Se trata del cuarto dominio creado por El Pitazo que es censurado desde el 8 de septiembre de 2017. Hasta la fecha en la que se publica este balance, el medio afirmó que no ha recibido explicaciones de Conatel ni de las operadoras telefónicas sobre las razones de estas medidas de silenciamiento. “Esto afecta a que las personas, nuestros seguidores, no puedan acceder a la información que publicamos; pero también afecta el derecho a la libertad de expresión y el derecho al trabajo de los periodistas de El Pitazo”, expresó Batiz en un video difundido por el medio.
IPYS Venezuela rechaza cualquier tipo de bloqueo o restricciones a contenidos que puedan realizar autoridades gubernamentales, proveedores de servicios o intermediarios, y recuerda al Estado que tiene la obligación de preservar las condiciones que rigen a una internet libre y plural.
Diputada de Táchira pidió investigar a medios digitales
Ante la plenaria del Consejo Legislativo del estado Táchira, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nellyver Lugo, solicitó el martes 9 de julio abrir una investigación a siete medios de comunicación digitales por presuntamente difundir “imágenes que producen sensibilidad en la población”.
Lugo, pidió a Conatel y a la fiscalía del Ministerio Público (MP), evaluar los contenidos del portal web de El Pitazo y las cuentas oficiales en las redes sociales de Táchira Noticias, Reporte.V, Crónica Policial, Noticias Tachirenses, Táchira Norte y Fogón Informativo, por la publicación de imágenes sobre el caso de Rufo Chacón, adolescente que perdió la visión en ambos ojos tras recibir en el rostro el impacto de perdigones que detonaron funcionarios policiales durante la represión en protesta ciudadana para exigir gas doméstico.
“Estos medios se encargan de transmitir imágenes que pueden o que producen sensibilidad en un pueblo que quizás no está preparado para poder observar imágenes de esos niveles de violencia, de esos niveles que nos exhortan a nosotros a buscar alternativas, con el propósito de concientizar a estos portales web y estas cuentas, acerca de lo que es oportuno, no es oportuno, lo que es prudente y no es prudente (…)”, afirmó la diputada.
IPYS Venezuela reitera su preocupación sobre las acciones que pretenden criminalizar la labor de los medios de comunicación digitales por difundir información de interés público. Esta organización exhorta al Estado venezolano a prevenir e investigar estos hechos y proteger el ejercicio libre de los portales que están en riesgo.
