Alerta IPYSve | Braulio Jatar y María Lourdes Afiuni continúan con restricciones en sus libertades de comunicación

Ipys Venezuela exige la eliminación de restricciones que afectan el ejercicio de la expresión y los derechos digitales y pide el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas

Ana Carolina Arias (Nueva Esparta), Daniela Alvarado y Yhoger Contreras

El abogado y periodista Braulio Jatar y la jueza María Lourdes Afiuni, denunciaron que los procesos judiciales en su contra por asuntos de libertad de expresión, continúan abiertos, a pesar de que Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) anunció su liberación en el marco de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, el 5 de julio de 2019.

https://twitter.com/ONU_derechos/status/1147190338194485248

La alta comisionada también destacó la liberación por parte del gobierno de Nicolás Maduro de otros 20 detenidos el jueves 4 de julio, así como la aceptación de la presencia de dos funcionarios de derechos humanos en el país, medidas que catalogó como “muestras de un nuevo compromiso”.

Además de exigir la liberación de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado venezolano adoptar otras recomendaciones inmediatas como “revocar las clausuras de medios de comunicación y poner fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación”. También pidió que se garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

El lunes 8 de julio, luego de que Jatar y Afiuni asistieron a tribunales respectivos en Nueva Esparta y en la ciudad de Caracas para conocer las condiciones de la liberación anunciada desde Ginebra, y confirmada en la cuenta en Twitter del Tribunal Supremo de Justicia, ambos se encontraron con la decisión de que su libertad y sus derechos comunicacionales aún estarán sometidos a una serie de limitaciones. Jatar, quien es director del sitio web Reporte Confidencial, continúa con régimen de presentación y prohibición de salida del país, mientras que Afiuni sigue con limitaciones para declarar a los medios de comunicación e incluso no puede expresarse a través de sus cuentas personales en plataformas digitales.

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) rechaza los procesos judiciales que vulneran las garantías de comunicación y las posibilidades de expresión libre en plataformas digitales de Braulio Jatar y María Lourdes Afiuni.

Jatar, libertad condicionada

Luego de cumplir, desde 2017, una pena de casa por cárcel Jatar compareció ante los tribunales del estado Nueva Esparta el lunes 8 de julio. Allí le ratificaron el régimen de presentación cada 15 días, y cuenta con una prohibición de salida del país. La decisión fue tomada por el tribunal segundo en funciones de control de la circunscripción judicial de esa entidad, a cargo de la jueza Nubia Guzmán.

A su salida de los tribunales, el periodista chileno-venezolano señaló que su libertad es “limitada y condicionada a un proceso injusto e ilegal”, y expresó que “cuando hablamos de liberaciones como ésta, nos sacan de la jaula y nos tiran una cadena al cuello”. 

Jatar, quien es director del portal informativo Reporte Confidencial, fue encarcelado el 3 de septiembre de 2016 en el estado Nueva Esparta luego de que la justicia venezolana lo acusó de legitimación de capitales, por supuestamente portar un maletín con 25 mil dólares en efectivo en el asiento trasero de su carro, y que el dinero estaba destinado a financiar actos para perturbar la Cumbre de Países No Alineados, que iba a celebrarse 10 días después en la isla. Tras ser trasladado a diversas cárceles, el periodista cumplía arresto domiciliario desde el año 2017.

La privación de libertad del periodista y abogado ocurrió un día después de que publicara en el sitio web que dirige unos videos de las protestas protagonizadas por pobladores del sector Villa Rosa, en Nueva Esparta, contra el presidente Nicolás Maduro, cuando se dirigía a la emisora donde tenía un programa radial sabatino junto a otros dos periodistas, sin embargo, antes de llegar fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según lo reseñó la periodista Ana Carolina Arias en Braulio Jatar no deja de escribir, texto que fue parte del repertorio de la serie Crónicas insumisas, en la que se aborda la vida de periodistas que han sufrido violaciones a la libertad de expresión.

La detención de Jatar fue registrada por los relatores especiales de libertad de expresión tanto de la ONU como de la OEA, quienes expresaron su preocupación al gobierno de Maduro a través de una comunicación que enviaron el 24 de abril de 2017, a través del mecanismo de procedimientos especiales que tiene Naciones Unidas. Además, los relatores solicitaron información sobre los fundamentos legales de dicha acción y su apego al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establecen que nadie debe ser castigado por el ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

Braulio Jatar, sigue con una causa judicial que afectó sus derechos digitales y los del medio que dirige. Por esta razón, IPYS Venezuela exige su libertad plena. Esta organización considera que son desproporcionadas las medidas en su contra. 

Afiuni, sin redes sociales

Nelson Afiuni, hermano de María Lourdes Afiuni anunció que a la jueza solo le quitaron la medida cautelar de presentación, y destacó que se mantienen vigentes el resto de medidas entre las que se encuentran prohibición para declarar a la prensa y usar redes sociales.

María Lourdes Afiuni se encuentra privada de libertad desde el 17 de diciembre de 2009, debido a  una orden de aprehensión dictada en su contra por el Tribunal 50° de Control del Área Metropolitana de Caracas, luego de que el expresidente de la República, Hugo Chávez, en cadena nacional pidiera 30 años de prisión por la decisión de la jueza en el caso de libertad bajo fianza para el empresario venezolano Eligio Cedeño. Desde entonces y hasta febrero de 2011 estuvo detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), a las afueras de Caracas, cuando pasó a arresto domiciliario. En su momento, la jueza afirmó haber trabajado el caso de Cedeño apegado a la legislación venezolana vigente y una recomendación hecha por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quienes conocían del caso del empresario.

En 2013 IPYS Venezuela registró que el Tribunal 17 de Juicio de Caracas emitió una medida cautelar que prohíbe a Afiuni declarar a los medios de comunicación y a expresarse a través de redes sociales, pero tal medida viola el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala el derecho de toda persona “a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecer censura”.

Según los estándares internacionales, las penas, los procesos judiciales por el ejercicio de la expresión en plataformas digitales, así como las medidas de censura configuran una forma de restricción de las libertades en internet. Por eso, IPYS Venezuela insta a las autoridades públicas a cumplir las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado y eliminar los procesos que restringe los derechos de comunicación que se mantienen en contra de Braulio Jatar y María Lourdes Afiuni.

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