IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Miguel Cardoza
IPYS Venezuela
La noche del viernes 4 de noviembre de 2016, aproximadamente 15 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuerpo de seguridad del Estado, golpearon salvajemente e intentaron detener arbitrariamente al locutor Magno Barros de Radio Autana 90.9 FM.
El hecho ocurrió cuando se presentaba una protesta de familiares y amigos del joven Francisco Antonio Zambrano Fuentes de 36 años de edad, trabajador de la morgue del hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, quien fue asesinado presuntamente por agentes del Cicpc.
En un video divulgado por el portal Waka Noticias se observa el momento cuando en vehículos de organismos de seguridad sacaban a los cuatro detenidos, señalados por el crimen, de la sede del cuerpo detectivesco hacia los calabozos de la Policía del estado Amazonas.
Mientras Barros filmaba y grababa la voz en off se le abalanzaron violentamente varios funcionarios. Los vecinos de la zona tuvieron que interceder para evitar que siguieran arremetiendo contra el comunicador.
Video. Waka Noticias.
Producto del incidente sufrió una crisis hipertensiva y prolongado cuadro de vómitos, lo que ameritó el traslado hacia el principal centro de salud de la entidad sureña de Venezuela.
Al locutor también le recriminaron por informaciones emitidas en su programa “Autana es Noticia”, transmitido el referido día en la mañana, en cuyo espacio salió al aire -en vivo- una llamada de la madre de Liener Trigo, otro joven asesinado -según la progenitora- por miembros de la policía científica.
Los derechos a la libre expresión y a estar informado se encuentran contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La normativa nacional establece que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir información que sea de su interés, a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.
Cabe destacar que el numeral 5 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida con la ley.
Los hechos de intimidación, amenaza, secuestro y asesinato a los comunicadores sociales, así como la destrucción de sus materiales de trabajo, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan gravemente la libertad de expresión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El asesinato
El hecho tuvo origen en el trabajo como asistente de Medicina Legal en la morgue del HJGH de Zambrano Fuentes.
En su informe por la autopsia de Liener Trigo dejó constancia que había muerto por torturas, justo después de ser llevado por agentes del Cicpc al hospital, tras ser detenido dos días atrás.
Por hacer su trabajo fue amenazado. Mientras tanto la madre de Trigo reveló el caso en los medios y exigió justicia. Toda esta situación generó otro caso parecido
El viernes aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando Zambrano Fuentes esperaba para cortarse el cabello en una barbería en el sector Puente Loro de la capital amazonense fue detenido sin motivo aparente.
Familiares acudieron al organismo de seguridad y les negaron que estuviese en la sede. Dos horas después había muerto por el maltrato recibido -presuntamente- por los funcionarios Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Al respecto el gobernador Liborio Guarulla escribió un emotivo post y dio detalles del caso.
“Los agentes del Cicpc lo presionaron y lo amenazaron. Desgraciadamente lo cumplieron. La autopsia al cuerpo de Francisco Zambrano (de contextura fuerte y más de 80 kilogramos) reveló que murió por asfixia mecánica mientras estaba esposado, además sus órganos estaban destrozados, tenía coágulos de sangre producto de los golpes y batazos que recibió”.
Guarulla enumeró los que considera culpables. “Primero, el régimen que trasladó a agentes vinculados en la reciente masacre de 14 mineros en Tumeremo, estado Bolívar. Segundo, son agentes del Cicpc que vienen castigados al Amazonas desde otras delegaciones donde matar en nombre del Estado no es delito ni tiene castigo. Por ahora son 4 los agentes del señalados”.
Los vinculados al caso son: Yorman Alexander Delgado Báez, de 22 años de edad, oriundo de Barcelona (Anzoátegui); Daniel José Sanz Ortegano (23), natural de Achaguas (Apure); Marvin José González Herrera, (24), nacido en Puerto Ordaz (Bolívar); y Anderson Alejandro Mirabal Sequera, (24), oriundo de Caracas.
El caso está a orden de la Fiscalía 4ª del Ministerio Público en el estado.
