IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 1 de junio de 2016, personal de seguridad de un tribunal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, impidieron que Alexander Olvera y Gilbert Casadiego, periodistas de El Pitazo Informativo y el diario La Opinión, respectivamente, tuvieran acceso a una audiencia por el proceso que se sigue a un grupo de personas presuntamente vinculadas con un desfalco a la Dirección de Hacienda de la Gobernación de Cojedes. El hecho ocurrió en San Carlos, capital de esa entidad.
Alexander Olvera, reportero de El Pitazo Informativo, relató a IPYS Venezuela que en horas de la mañana del miércoles un agente de seguridad del tribunal le impidió el acceso al tribunal donde se desarrollaba una audiencia en contra de los funcionarios Jenny Carolina Dawson Rodríguez, Alexis José Díaz Aponte, Aida Josefina Álvarez, Williams Enrique Cacique Urbina y Lidanys Deymar Herrera Castillo.
La orden de aprehensión contra estas personas fue emanada el 20 de mayo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control número tres de esa jurisdicción por delitos previsto en la Ley contra la Corrupción, por estar presuntamente vinculadas a un desfalco a la Dirección de Hacienda de la gobernación; hecho que produjo el retraso de pagos contractuales.
Olvera y Casadiego aseguraron que el agente de seguridad les notificó que no podían tener acceso al proceso judicial por órdenes de “la jefa del Circuito Penal del estado Cojedes”. Los reporteros no precisaron su nombre. “El señor también nos dijo que si queríamos, podíamos esperar afuera. Nosotros nos fuimos a los cinco minutos”.
Aseguraron que no es la primera vez que les impiden el acceso a los tribunales para hacer seguimiento a los procedimientos judiciales que se suceden en la ciudad. “Al decir que somos periodistas, nos ven como enemigos”, recordó Olvera, quien explicó que la única manera de recopilar información acerca de los juicios es a través de lo publicado en la página web del Ministerio Público en Caracas, ciudad capital del país.
Este hecho representa un uso abusivo del poder estatal vinculado a una limitación de acceso a la cobertura de asuntos de interés público.
De acuerdo con el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas las personas tienen el derecho de acceder a la información en poder del Estado. “Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”. De igual manera, el principio 2 establece que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de comunicación e información.
Se hará seguimiento.
