IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 25 de febrero de 2016, a las 10:30 de la mañana, la fotoreportera del Diario El Mío, Kleyda Colina, quien es la titular de la fuente comunidad, se dirigió a la comunidad de La Mora, en el municipio Palavecino del estado Lara, para cubrir una supuesta protesta que se desarrollaba en el lugar.
Al llegar, Colina observa una aglomeración de personas. Tomó varias gráficas mientras se acercaba, hasta que se da cuenta que el motivo de la concentración es un arrollado, quien aún estaba tirado en el asfalto de la carretera.
“Interrogué a los presentes para saber qué pasó, y después de tomar una foto discretamente del arrollado, una mujer se me acercó y me dio un golpe en el rostro. Le pregunté por qué estaba molesta y en ese momento me empujó y me haló la camisa, mientras otras me rodearon y me insultaron. Decían que no querían fotos porque nosotros (el periódico) éramos unos amarillistas”, sentenció Colina.
Una colega al ver la agresión se bajó del vehículo e intercedió para que las mujeres que rodearon a Colina la dejaran ir. Mientras tanto, ella forcejeaba hasta que le quitaron la cámara y rompieron el tirante de su equipo de trabajo.
“Para calmar los ánimos les dijimos que borraríamos las fotos, y que se acercaran para que certificaran que lo haríamos. Hasta que no eliminamos las gráficas no nos dejaron ir. Yo me identifiqué y cargaba el carnet del Diario”, contó Colina, quien agregó que un funcionario de la Policía del estado Lara se encontraba en el lugar, subido a su motocicleta, y a pesar de observar desde un primer momento la agresión no hizo nada para mediar con los manifestantes.
Kleyda Colina dijo que la semana pasada hubo una protesta por escasez de gas en una comunidad cercana, y algunas de las mujeres que la agredieron, estaban en esa oportunidad, también con actitud agresiva ante los medios de comunicación.
Esta alerta a la libertad de expresión representa una agresión física y un ataque contra la herramienta de trabajo de la periodista, que se vincula a una limitación del ejercicio periodístico durante el cumplimiento de sus funciones en la calle.
En cuanto a la no participación de los cuerpos de seguridad del Estado presentes en el lugar, constituye un caso que por mala praxis policial produce impunidad para los agresores a la libertad de expresión.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que los hechos de agresión, amenazas e intimidación a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
En base a este numeral, IPYS Venezuela rechaza las agresiones en contra de los periodistas afectados y exige al gobierno venezolano que investigue estos hechos, sancione a sus autores y asegure a las víctimas una reparación adecuada.
