IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Por María Virginia Velázquez
El 10 de enero de 2015, dos periodistas de medios impresos y un reportero gráfico fueron agredidos en el estado Mérida, durante la cobertura periodística de un enfrentamiento entre la policía de la entidad y una banda delictiva denominada “los Rusos”.
Las periodistas Jessi Ruíz del Diario Pico Bolívar y Luz Mar Romero del Diario Frontera fueron agredidas por los familiares de los seis hombres abatidos por efectivos de la Policía del estado Mérida en la avenida Los Próceres sector La Pedregosa.
Jessi Ruíz relató a IPYS Venezuela que los familiares de los hombres se acercaron a ellas con agresiones verbales mientras trataban de hacer las fotografías de respaldo para su nota informativa. “Váyanse a trabajar”, “ustedes se burlan del dolor de los familiares”, “por culpa de los periodistas el país está como está”, son parte de las expresiones que lanzaban tres mujeres, “dos jóvenes y una mayor” especificó la comunicadora.
Lus Mar Romero manifestó que las mujeres eran muy ofensivas y estaban muy violentas. “Hubo un momento en el que se abalanzaron contra Agustín Volcanes, – el reportero gráfico -, para quitarle el teléfono celular”.
Los funcionarios de la policía se acercaron al lugar para mediar. Lo extraño es que “empujaron a Volcanes con los escudos y no lo protegieron, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo”, señaló Romero.
Agustín Volcanes es reportero gráfico del Diario Pico Bolívar. Según la versión de ambas periodistas, Volcanes fue obligado, – bajo amenaza de robo de su reloj, – a borrar las fotografías del teléfono celular. Además fue empujado y golpeado por las tres mujeres.
Los efectivos de seguridad del Estado Venezolano tienen la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos. Los periodistas en ejercicio de sus funciones no escapan de esa regla.
Este caso constituye una limitación al acceso a la cobertura de asuntos de interés público por hostilidad de grupos sociales, ataques a la integridad física del periodista por intimidación y amenazas de agresión física. Es un ataque contra los bienes del periodista, en este caso del reportero gráfico.
En cuanto a la no participación de los cuerpos de seguridad del estado presentes en el lugar, constituye un caso que por mala praxis policial produce impunidad para los agresores a la libertad de expresión.
