IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 11 de noviembre de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, indicó, en la sección “Los Mazazos” de su programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del estado, Venezolana de Televisión (VTV), que entre periodistas del diario “El Nacional” se comenta que el presidente editor, Miguel Henrique Otero, habría confesado su decisión de demandar a la periodista y Directora Ejecutiva de IPYS Venezuela, Marianela Balbi, si no se retractaba de las informaciones publicadas con relación a una demanda que introdujo Alfredo Peña, ex alcalde de Caracas, en contra de Otero.
Cabello señaló, según el informante anónimo, patriota El Ñeco, del Furrial Edo. Monagas, que Otero “se encuentra muy ofendido, se siente difamado. Hay una periodista que publicó informaciones falsas contra él –dice él- quiere demandarla pero no sabe cómo”. Ante esto, el parlamentario agregó, “si quieres yo te digo Miguel Henrique, porque yo te tengo demandado y es facilito, se busca un abogado, se recoge lo que dijo la persona y se va para un tribunal… Te estamos esperando aquí para que te enteres de la demanda contra ti”.
En el 2013, IPYS Venezuela publicó un análisis en el que se presentaron los últimos casos de acciones legales emprendidas contra medios y periodistas, hasta la fecha. El análisis titulado “Procedimientos judiciales amenazan la expresión en Venezuela”, contiene un apartado que expone “Prosperan Medidas Económicas contra dueños de medios”, ante dos medidas de bloqueo de cuentas bancarias en contra de presidentes de medios de difusión en julio de 2013, las cuales fueron catalogadas por IPYS Venezuela como acciones indirectas.
Uno de los casos es el de Otero, a quien la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, el 27 de julio de 2013, le ordenó la congelación de sus cuentas bancarias, y la prohibición de enajenar sus bienes. Según el Ministerio Público, la medida obedecía a una demanda civil interpuesta contra el editor de “El Nacional” por Alfredo Peña, por el cobro de 3 millones y medio de bolívares, y la imputación se habría realizado por su calidad de empresario y no por su ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, el análisis recoge declaraciones de Otero en las que señala que ésta es una medida arbitraria, que repercute directamente en sus funciones como autoridad del medio, que busca silenciarlo.
Cabello añadió, “Miguel Henrique Otero aprovechó que Peña se fue y no le pagó nada. Que desde el año 2003 hasta la fecha el prófugo no le ha cancelado. Por eso es que quiere demandar a la periodista. Demándela, a ver si es verdad que Alfredo Peña le prestó o no le prestó esos reales y a ver si es verdad que usted se los pagó o no se los pagó”.
IPYS Venezuela rechaza este tipo de señalamientos en contra de quienes forman parte de su directiva. La institución no se ha pronunciado acerca de este tema en particular, luego de mencionarlo en el reporte citado anteriormente.
Otros defensores señalados
Cabello –bajo la figura del patriota Avioncito- acusó a representantes de las ONG´s venezolanas de mentir sobre el país. “Van a pedir plata, viajan para hablar mal del país y del gobierno o, más bien, salen a recibir lineamientos. Nada relacionado con los Derechos Humanos”.
Entre los representantes señalados en su alocución se encuentran: Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, coordinador y ex coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Inti Amarú Rodríguez, coordinador de medios de Provea, Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal Venezolano, y Jacqueline Sandoval, directora de la ONG Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), a quienes, dijo, no hay que perder de vista.
Fue mencionado el periodista Jim Wyss, corresponsal andino de “El Nuevo Herald de Miami”, a quien, el parlamentario, tildó de espía por estar presuntamente relacionado con Alberto Federico Ravell, director del medio digital “La Patilla.com”, y Andrés Oppenheimer, analista político de la cadena “CNN en español”.
Cabello acusó a Wyss de prestarse para difundir información mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro durante los años 2013 y 2014. El periodista, que fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Estado venezolano alrededor de 46 horas en noviembre de 2013, se encontraba –según el parlamentario- en una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llevada a cabo en la ciudad de Caracas.
Estos hechos se enmarcan en un discurso agraviante con fines intimidatorios en contra de dueños de medios, periodistas y defensores de Derechos Humanos, emitido a través de Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal.
IPYS Venezuela expresa su preocupación ante los continuos ataques en contra de directivos de medios, activistas de Derechos Humanos y quienes ejercen el periodismo en el país, de parte del presidente de la Asamblea Nacional, a través del programa “Con el mazo dando”.
IPYS Venezuela ha contabilizado entre 2002 y 2015 al menos 29 acciones legales vinculadas al delito por difamación e injuria en contra de periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Estas medidas violan los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
