IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El lunes 16 de mayo de 2016, el reportero gráfico de La Prensa de Monagas, Javier Patete, fue desalojado del Hospital Universitario ”Dr. Manuel Núñez Tovar” de Maturín, cuando intentaba tomar una fotografía para reflejar el colapso del área de emergencia del centro asistencial.
Patete contó a IPYS Venezuela que cuando se disponía a hacer el registro fotográfico fue conminado de forma abrupta por dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, quienes obstruyeron su trabajo y lo desalojaron de las instalaciones.
“Los guardias pusieron la mano sobre el lente de mi cámara y me dijeron que no iban a aceptar a ningún fotógrafo dentro del Hospital porque cumplían una orden del Ministerio Público. Me trataron como a un ladrón y me sacaron hasta la puerta de entrada de la emergencia”, relató Patete.
La periodista Anais Perdomo, compañera del fotógrafo desalojado, explicó que acudieron al recinto asistencial al recibir la denuncia del director de la emergencia, Dimas Montaño, quien les informó sobre el colapso del lugar.
En esta área, el Núñez Tovar cuenta con 12 camas disponibles, pero desde mediados de la semana pasada había 40 pacientes, muchos de ellos en los pisos y pasillos.
“El doctor nos confirmó que se había prohibido el acceso a tomar fotos desde que una paciente murió en el hospital por la falta de un ventilador mecánico. También dijo que había otras áreas donde no estaba permitido el acceso a los fotógrafos, pero no explicó cuáles eran. Incluso afirmó que era una prohibición que constaba en un documento de la Defensoría del Pueblo”, informó Perdomo.
IPYS Venezuela conversó con la Defensora delegada del Pueblo del estado Monagas, Hermelinda Cabello, quien desmintió al funcionario del hospital, al asegurar que la institución que representa no había emitido ninguna prohibición. “Es falso que la Defensoría a nivel regional haya emitido una prohibición de esa naturaleza, y de existir eso es decisión de las autoridades del hospital pero no nuestra”, agregó.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en un uso abusivo de la función militar y en una limitación de hecho a la cobertura de asuntos de interés público en instituciones públicas por parte de la Fuerza Armada, lo que puede representar un ejercicio de censura previa.
El numeral 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información que sea de interés público; de igual manera, el numeral 4 establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información de interés público bajo su poder.
Monagas, junto al estado Sucre, se ubicó como la segunda entidad de Venezuela donde se registraron mayor número de casos de vulneración a la libertad de expresión e información en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con el Informe del Primer Cuatrimestre 2016 de IPYS Venezuela, titulado “Condena contra el periodismo”, con 10 denuncias reportadas.
Desde el año 2013, IPYS ha documentado seis restricciones de milicianos y efectivos militares que han obstaculizado el trabajo de los periodistas en Monagas cuando acceden al hospital Núñez Tovar.
El caso más grave de estas acciones lo constituye la prohibición de obtener las cifras sobre los heridos y fallecidos de forma violenta que ingresan al principal centro asistencial de Monagas, una orden que dio el 29 de mayo de 2015 el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y comandante de la Policía estadal, Coronel (GNB) José Ángel González Espín.
Desde entonces se han profundizado las prohibiciones al hospital y tanto periodistas como reporteros gráficos han recibido amenazas, amedrentamiento y tratos irrespetuosos de los funcionarios encargados de la vigilancia del Núñez Tovar.
