Dicha ley contempla pena de prisión de 9 a 11 años por la difusión de “noticias falsas o el empleo de medios fraudulentos, capaces de causar distorsiones al sistema bancario nacional que afecten las condiciones económicas del país”.
Las notas criticadas por el funcionario refieren a declaraciones del ministro de finanzas, Alí Rodríguez Araque, sobre la reciente intervención y liquidación de bancos pertenecientes al empresario Ricardo Fernández, y una declaración sobre la colocación de fondos públicos en dichas empresas.
Teodoro Petkoff, director del medio, respondió en su editorial del 8 de diciembre último que la Ley de Bancos debía ser aplicada a los que están “desfalcando el país”, incluyendo personas vinculadas al presidente Chávez, en vez de usarla para intentar censurar a los medios.
IPYS considera la misiva enviada al medio como un intento de presionar a la prensa e impedir el acceso a la información pública.