IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Desde el 1 de enero hasta el 25 de mayo de 2016, IPYS Venezuela registra al menos cinco ataques contra sedes de medios de información con fines intimidatorios, en los estados Miranda, Trujillo y Táchira. Cuatro de ellos por desconocidos y uno por grupos paraestatales.
Durante la madrugada del martes 24 de mayo de 2016, sujetos desconocidos lanzaron bolsas y frascos llenos de excrementos frente a las sedes de dos medios de comunicación con sede en San Cristóbal, estado Táchira.
A la 1:32 de la mañana un sujeto no identificado impactó una bolsa con excrementos contra la fachada del diario La Nación, principal medio impreso de capital privado de la región. El hombre vestía un poncho y se cubrió intencionalmente su rostro para no ser identificado por cámaras de seguridad.
Aproximadamente hora y media después otro incidente tuvo lugar a las afueras de la Televisora Regional del Táchira (TRT), la planta audiovisual de capital privado más importante de la entidad. Allí, de acuerdo con relatos de testigos, explotó con sonoridad un artefacto de fabricación casera, al tiempo que cerca de la garita de vigilancia arrojaron un frasco de vidrio con deposiciones. Igualmente, quedaron esparcidos varios panfletos.
En los papeles se podía leer un encabezado con las palabras “Pueblo en rebelión CHAMA ¡Ya basta de abusos! Respeten el art 58 CRBV”, en alusión al artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al lado, se apreciaba una suerte de logo con una pluma y un fusil entrecruzados.
En el cuerpo del volante reprodujeron el artículo 58 constitucional: “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.
Aunque directivos de ambos medios se abstuvieron de ofrecer declaraciones, los hechos sí recibieron cobertura periodística tanto en el impreso como en el noticiario. En entrevista con la radio local, el secretario de seguridad ciudadana del Táchira, Ramón Cabeza, se comprometió a indagar y a orientar esfuerzos de investigación a los fines de poder determinar cuál persona, grupo u organización motivó esta acción.
Los hechos constituyen actos de intimidación contra las sedes de dos medios de información.
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El 25 de febrero de 2016, IPYS Venezuela registró un acontecimiento similar frente a la sede del diario La Voz, en Guarenas, estado Miranda. A las 10:49 am, se reportó el estallido de una caja sonora frente a la sede del medio impreso, ubicada en el Centro Comercial Nueva Guarenas, la cual venía acompañada de panfletos de tilde político firmados por las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y que llevaban por título “27 de febrero: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. La información fue confirmada por Emilio Materán, periodista y director general de los diarios La Voz y La Región.
De igual manera, durante la madrugada del 26 de febrero, el medio web Valera Noticias, en Trujillo, fue víctima de destrozos, tras el ataque a su sede por personas desconocidas. La sede de la principal televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), también fue víctima de desconocidos, quienes en horas de la tarde del martes 19 de abril de 2016, rompieron un vidrio de la fachada de este medio de información.
En lo que va de año; es decir, desde el 1 de enero hasta el 25 de mayo de 2016, IPYS Venezuela registra al menos cinco ataques contra sedes de medios de información con fines intimidatorios, en los estados Miranda, Trujillo y Táchira. Cuatro de ellos por desconocidos y uno por grupos paraestatales.
El numeral 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que los hechos de agresión, amenazas e intimidación “a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores”.
