IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Impresos en Barinas no podrán publicar informaciones que involucren al gobernador Adán Chávez en casos de corrupción. IPYS Venezuela rechaza que el gobierno utilice el sistema judicial para silenciar a los medios de información venezolanos
El 23 de agosto de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y de Tránsito del estado Barinas, a cargo de la juez, abogado Nayade Osorio, a través de un amparo constitucional, prohibió a los medios impresos de la entidad, La Prensa, La Noticia y Diario de Los Llanos, publicar denuncias que relacionen al gobernador de Barinas, Adán Chávez, en casos de corrupción que no hayan sido procesados por el sistema judicial venezolano.
Wolman Linares, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Barinas, declaró a IPYS Venezuela que la medida se hizo pública el martes 23 de agosto en horas de la tarde, a partir de la entrega de la boleta de citación a los editores de los tres únicos impresos que circulan en la entidad”.
Belkys Chacón, del Diario Los Llanos, Alberto Santeliz y Rubico Ramírez, de La Prensa, y Héctor Villamediana y Dayana Venero, de La Noticia, están llamados a acudir en las próximas 96 horas a la audiencia oral para ratificar lo que dice el expediente.
“La prohibición judicial se produce tras varias denuncias de presuntos hechos de corrupción que involucran al gobernador Adán Chávez, y que han sido sustentadas y procesadas por el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular, ante la Comisión de Contraloría del poder Parlamentario”, señaló Linares.
Según una nota escrita por el periodista Walter Obregón para la web de El Universal, el 12 de junio, el gobernador Adán Chávez denunció penalmente al diputado Superlano, de quien considera que se ha aprovechado de su inmunidad parlamentaria para acudir a los medios de comunicación a difamarlo e injuriarlo.
Linares subrayó que es evidente el uso de la vía judicial para “limitar y neutralizar al mensajero”. Teme por la censura y autocensura en radioemisoras, televisoras y portales digitales de la región, tras la decisión.
La junta directiva del CNP Barinas rechaza ante la opinión pública esta acción que viola los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional “y que persigue como objetivo callar los resultados del periodismo de investigación y las indagatorias adelantadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre actuaciones de organismos bajo la gestión del actual gobernador de Barinas”.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en el uso abusivo del poder estatal vinculada a una acción por parte del poder judicial que representa un ejercicio de la censura previa.
IPYS Venezuela rechaza que el gobierno utilice el sistema judicial para silenciar a los medios de información en el país.
Desde esta organización insistimos en que este acto judicial -que deriva en censura para la cobertura en materia de corrupción-, al igual que la pena impuesta al diario del estado Bolívar, el Correo del Caroní, y a su director, David Natera, condenados luego de enfrentar una demanda por difamación e injuria al informar sobre hechos de corrupción de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco -que fueron reconocidos y sancionados en su momento por el Estado venezolano-, es regresivo para la libertad de expresión y pone en riesgo el ejercicio del periodismo, como un oficio natural para escrutar el poder y de contraloría social. Reiteramos que la justicia no debe ser utilizada para castigar la labor de medios y de periodistas.
