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El 07 de septiembre de 2012, el Ministerio público solicitó la intervención del correo electrónico personal de Rocío San Miguel, activista de Derechos Humanos, y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, con sede en Caracas, Distrito Federal. Esta medida se realizó a petición de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), organismo de investigación adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relación de Interior y Justicia.
Esta acción legal fue procesada por en el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la supuesta vinculación de la activista de derechos humanos con un presunto incidente de fuga de información clasificada del Palacio de Miraflores. Control Ciudadano es una ONG encargada de la promoción y protección del derecho a la contraloría ciudadana en materia de Seguridad y Defensa nacional.
Según una nota de prensa divulgada por esta organización, esta acción representa una imputación implícita contra San Miguel, figura legal que “se encuentra determinada por criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia iniciado en sentencia numero 1636 de fecha 17 de julio de 2002 y reiterado hasta la fecha, que refiere a actos de investigación penal personalizados, que impiden sin embargo el derecho a la defensa de la persona investigada”.
Rocío San Miguel, informó a Ipys, que el expediente que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia, no especifican las causas por las que se vincula su cuenta de correo personal en el caso de fuga de información del Palacio de Miraflores.
Por su parte, Héctor Faúndez jurista experto en libertad de expresión y litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó que esta acción legal se produjo luego de que San Miguel se refiriera a un accidente maritimo en su columna de prensa, que escribe semanalmente en Tal Cual, impreso que circula en Caracas, que mantiene una línea crítica ante la gestión del presidente Hugo Chávez. En su artículo, la activista “se refería al siniestro de un buque de guerra de la armada venezolana en Brasil y denunciaba la falta de transparencia con que se había tratado este hecho”, reseñó Faúndez en un texto que publicó El Nacional, diario privado con línea crítica, el 28 de septiembre.
Por otra parte, Carlos Nieto Palma, abogado de San Miguel, informó que la defensora de DDHH recibió amenazas “de privación de libertad” y de acciones de tortura, por parte usuarios de la red social Twitter denominados @NTreintayTres y @gv_periodistas, durante el mes de agosto. Sobre esta situación que ha sido recurrente presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, el 24 de agosto. Asimismo, el 20 de septiembre notificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, organismo internacional que dictó medidas cautelares, el pasado mes de enero, a fin de proteger la vida e integridad de San Miguel.
Durante 2011, la presidenta de Control Ciudadano fue víctima de intervenciones sus medios de comunicación personal y, también, recibió amenazas de muerte contra ella y su familia, así como acciones de hostigamiento.
La investigación judicial que se presenta contra Rocío San Miguel, pudiera guardar relación con la imputación contra su cuñada Ana María Abreu de San Miguel, a quién se le ordenó la intercepción de su cuenta de correo personal y de su teléfono. Además, su casa fue allanada el 29 de junio y, posteriormente, fue detenida por 48 días. La acción judicial contra Abreu, quien se desempeñaba como médico cirujano de la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, procedió por, supuestamente, haber revelado secretos “políticos y militares de la Nación”.
El inicio de esta acción judicial contra Rocío San Miguel puede considerarse como una agresión normativa por el uso de las normas vigentes, así como también por el uso abusivo del poder estatal para intentar limitar la libertad de expresión. De igual manera, las amenazas realizadas por desconocidos contra la activista pueden representar una ciberagresión.
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