IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El Tribunal sostuvo que dispuso la medida para evitar someter al escarnio público al policía vinculado en el caso, y para evitar que los comentarios u opiniones emitidas influyan en la decisión de los encargados de las investigaciones.
Por estos hechos Blanco estuvo más de siete meses detenido. En caso de que violase la resolución podría volver a prisión.
Con este son dos casos en los que un funcionario queda impedido de declarar sobre procesos judiciales seguidos en su contra. El 28 de marzo pasado, esta misma resolución se aplicó al diputado Wilmer Azuaje.
IPYS rechaza la decisión del Tribunal al considerarla una censura al contra los medios, que se ven imposibilitados de entrevistar al prefecto para no violar una sentencia judicial. Además, considera que con la medida se limita el derecho de Blanco a narrar su versión de los hechos en los medios de comunicación.
