El 28 de noviembre de 2015, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Alberto Federico Ravell, director del portal web La Patilla, de emprender una campaña mediática con el fin de desprestigiar una actividad promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, dependencia …

El 30 de noviembre de 2015, corresponsales de medios internacionales informaron a IPYS Venezuela que el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI) les exhorta a firmar una carta de compromiso como requisito para cubrir elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Los corresponsales extranjeros deben aceptar que se les revoque la credencial en caso de que el Estado considere que violentaron los principios “del proceso democrático”.

El 29 de noviembre de 2015, William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) calificó de “miserable” la cobertura que medios de información nacionales e internacionales hicieron acerca del asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente político de Acción de Democrática, partido de oposición.

El 25 de noviembre de 2015, los periodistas Miguel Cardoza y Mario Castillo fueron agredidos por funcionarios de la Policía del estado Apure en la Plaza Bolívar de San Fernando durante concentración de estudiantes que exigían información sobre la entrega de tablets, ante el temor que pasen las elecciones y posteriormente al 6D se paralicen las asignaciones.

El 12 de noviembre de 2015, Earle Herrera, presidente de la Subcomisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que medios nacionales e internacionales emprendieron una campaña mediática difamatoria en contra del Ejecutivo en el contexto de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

El 10 de noviembre de 2015 se dio a conocer, a través de la Gaceta Oficial N° 6.202 Extraordinario, de fecha 8 de noviembre de 2015, que la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) tendrá la potestad de sancionar a los medios de difusión y a las páginas web que sean responsables de los delitos económicos previstos en la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos.