El 3 de febrero de 2011, un efectivo de la Guardia Nacional agredió físicamente y borró las fotografías de la periodista Thais Cardona, de la Agencia Carabobeña de Noticias, quien cubría la visita de dos diputados de oposición al Hospital Pediátrico Jorge Lizárraga, ubicado en el estado Carabobo, al norte de Venezuela.

El 3 de febrero de 2011, los periodistas que cubrían una sesión de la Asamblea Nacional denunciaron haber sido impedidos de informar correctamente sobre la misma. La sesión, en la que se decidió la agenda parlamentaria del año 2011, se celebró en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, capital del país.

El 29 de enero de 2010, la ministra de Comunicación e Información, Blanca Eekhout, acusó al diario Tal Cual de encubrir, a través del humor, "un llamado a la violencia", por lo que decidió llevar el caso ante la Fiscalía General de la República para pedir una investigación y una posible sanción contra el medio.

El Estado Venezolano aprobó, a finales de diciembre, nuevas regulaciones que limitan el acceso a la información pública. Tras esta modificación, toda información producida por las instituciones gubernamentales deberá pasar un filtro, que la clasificará y restringirá en función de los intereses del Estado.

El 24 de enero de 2011, Rayma Suprani, caricaturista del diario El Universal, recibió amenazas a través de la red social Twitter, emitidas desde la cuenta de Lina Ron, dirigente del partido político Unidad Popular Venezolana (UPV) y activista política a favor de Hugo Chávez. Las amenazas se produjeron en relación al contenido de una viñeta de Suprani publicada ese mismo día en El Universal.

El 2 de diciembre de 2009, el diario Tal Cual recibió una comunicación del Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, en la que reclama hacer un "mejor tratamiento sobre esa información" a los columnistas del medio que escribieron, el pasado 1 de diciembre en la edición digital, sobre la intervención administrativa de un grupo de bancos venezolanos. En la carta se les indica que su actuación podría estar penada por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.