El 21 de mayo de 2009, el grupo 'La Piedrita', que organiza actividades políticas a favor del gobierno en el barrio 23 de Enero, en Caracas, emitió un comunicado amenazando con divulgar información personal de periodistas y propietarios de medios de comunicación privados, si las instituciones encargadas de administrar la justicia no los sancionan.

El 16 de enero de 2009 fue asesinado el periodista y abogado Orel Zambrano, de 62 años. Recibió tres disparos cuando llegaba a un local de alquiler de videos en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, al centro del país. Los asesinos no le robaron y huyeron en una motocicleta.

El 21 de enero de 2009, Rafael Garanton, fotógrafo del diario El Carabobeño, fue golpeado por simpatizantes chavistas que arremetieron contra un grupo de estudiantes que marchaba, junto con miembros del colegio nacional de periodistas y ciudadanos en general, en protesta por la inseguridad que se vive en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, al centro del país.

El 1 de enero de 2009, el fotógrafo freelance Jacinto Elías López Velasco, de 23 años, fue asesinado de tres tiros en la cabeza y cuatro en las piernas en la ciudad de Cabudare, estado Lara, al centro del país. Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), López fue interceptado por tres sujetos armados que lo encañonaron en su camioneta estacionada en la puerta de un restaurante.

El 18 de enero de 2008, la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), la diputada Cilia Flores, acusó al canal Globovisión de hacer "terrorismo informativo" y de atentar contra la estabilidad del país, por informar que el parlamento aprobó un acuerdo que respalda la propuesta del presidente Hugo Chávez de pedir al gobierno colombiano y a la comunidad internacional que reconozcan como fuerzas beligerantes y no terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

El 2 de noviembre de 2007, la Asamblea Nacional sancionó el texto de propuesta para la reforma constitucional, en el que se eliminan las garantías para el derecho a la información cuando el gobierno decrete estado de excepción