25/11/23
La violencia de género, y su máxima expresión, el femicidio, afecta a las venezolanas del mismo modo que a las mujeres de la región y el mundo.
Sin embargo, en el país, las medidas para combatirlas han demostrado ser incompetentes e insuficientes.
Lejos de establecer y fomentar políticas públicas que han comprobado ser útiles para frenar el flagelo en el resto del mundo, en Venezuela se siguen dejando desamparadas a las mayorías de mujeres que terminan por ser víctimas, y a falta de políticas públicas en la materia cuesta, entonces, medir la afectación de este flagelo.
Un ejemplo de eso es que la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue creada este 2023 aún no ha entrado en funcionamiento.
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No obstante, en este punto no basta con constituir instituciones nuevas. Se requiere además recursos, capacitación del personal, seguimiento, espacios seguros y empatía.
¿Qué pasa en Venezuela?
Diversos mecanismos de protección de los derechos humanos y distintas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido sobre el impacto desproporcionado que ha tenido esta crisis en las mujeres y niñas.
Aunque en Venezuela existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lodmvlv) promulgada en 2007, como nación está muy lejos de erradicar este flagelo y de cumplir con las metas de la Agenda 2030.
De hecho, la disponibilidad de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, está en manos de organizaciones no gubernametnales que han mejorado manera considerable, en los últimos años, la forma de documentar la incidencia de estos tipos de agresiones.
El reciente informe de La Red de Mujeres Constructoras de Paz titulado “Las más jóvenes, las más vulneradas: el impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años”, también reseña cifras de violencia, con enfoque de género.
La mayoría de los actos de violencia contra las mujeres son perpetrados por sus esposos o parejas actuales o anteriores. De aquellas que han mantenido una relación, casi una de cada cuatro adolescentes de 15 a 19 años (el 24 %) ha sufrido violencia física o sexual por parte de su cónyuge o pareja. El 16 % de las jóvenes de 15 a 24 años experimentó este tipo de violencia en los últimos 12 meses, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A través de la encuesta realizada a 1.112 mujeres de varias regiones del país comprobaron que cuatro de cada 10 mujeres se identificó como víctima de violencia de género, siendo la psicológica la que más las afecta, impactando a 87 % de las encuestadas. Seguidamente fue la física, que tuvo 41 % de las respuestas, y la violencia económica con 24 %.
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Ya a mediados de este año el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) observó que en Venezuela el Estado no cumple “con sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de la discriminación y otras formas de violencias contra las mujeres”.
En el caso específico de Venezuela, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), hasta agosto de este año, documentó 184 femicidios consumados y 100 en grado de frustración.
La Cedaw en su análisis reconoció que las mujeres en Venezuela no cuentan con una política de prevención y protección ante las distintas formas de discriminación y que enfrentan múltiples obstáculos para acceder a un sistema de justicia, que hoy perpetúa el patrón de impunidad ante los casos de violencia basada en género (VBG).
Destacó además que las mujeres en Venezuela sufren el impacto desproporcionado de la crisis multidimensional y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, lo cual afecta directamente en asuntos como la salud, el empleo, la educación, el acceso a espacios de participación y toma de decisiones, entre otros aspectos.
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Al estar marcada esta omisión por parte del Estado, que no garantiza el ejercicio igualitario de derechos entre hombres y mujeres, se sostienen los actos de discriminación y las formas de violencias.
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida de todo el mundo. Se estima que 736 millones de mujeres —casi una de cada tres— han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, violencia sexual fuera de la pareja, o ambas formas, al menos una vez en su vida.
¿Qué hacer?
Naciones Unidas dice que pese a la dimensión del problema y a estas tendencias preocupantes, los compromisos económicos para prevenir la violencia siguen siendo limitados.
No obstante, para este 25 de noviembre, Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, activa la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, y para generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres.
En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), insiste en el hecho de que resulta fundamental invertir en la prevención de este tipo de violencia, con el fin de lograr la igualdad de género de aquí a 2030.
Esto se traduce en acciones como:
- aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;
- poner fin a la violencia contra las mujeres;
- implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;
- mejorar el empoderamiento económico de las mujeres
- y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.
En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando estas acciones en alianzas. Una de ellas es la Red de Mujeres Constructoras de Paz, que articula programas y suma logros para frenar la violencia contra las mujeres.
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La red, junto con el equipo de periodistas, pone en la lupa la difícil realidad que enfrentan cientos de miles de mujeres, pero también las alternativas para afrontarlo.
Durante casi dos años ha hecho esfuerzo por visibilizar los desafíos que impiden al país una mejor política de protección a las mujeres y cuáles han sido las respuestas por parte de agrupaciones y organizaciones de mujeres, para brindar apoyo a las víctimas.
En sus reportes han documentado cómo la falta de capacitación, sensibilización y empatía de los funcionarios y funcionarias que se encuentran en las instituciones encargadas de la protección y seguridad de la mujer, así como la burocracia y el paulatino proceso que rodea a las denuncias de VBG, han generado que muchas se cohíban y no actúen, o que desistan del proceso legal que decidieron emprender en contra de su agresor.
“Es muy preocupante como ha habido una naturalización de la violencia de género y esto no va a disminuir hasta tanto se desarrolle un plan nacional con la participación de los diversos sectores para combatir esta forma de violencia. Las diferentes organizaciones de la asociación civil no tenemos cifras de la totalidad de denuncias de estos casos, pero podemos constatar que la violencia sexual, la explotación sexual comercial, la violencia de género, la trata de mujeres con fines de explotación sexual en otros países es una realidad”, llegó a comentar Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en una de las entrevistas ofrecidas a la red.
En agenda
Para este 25 de noviembre, día naranja, las instituciones de la sociedad civil con incidencia en el tema tienen pautada la caminata de las mariposas. El lema es directo: no más violencia contra las mujeres, y la idea que promueven más de 40 organizaciones es que sea una sola voz que se alce, desde la plaza Bion de Chacaíto hasta la plaza Altamira.
Son más de 25 tipos de violencia los que viven a diario millones de venezolanas, y esta caminata, que se prevé inicie a las 9:00 a.m., busca visibilizar el flagelo, minimizar el miedo, que las voces de muchas se escuchen y que crezcan las alas para vivir en paz.
