El desamparo de las embarazadas venezolanas: entre la crisis y la violencia
A las fallas en los servicios básicos, la carencia de insumos y medicamentos, la falta de personal y deterioro de infraestructura, se le suma un problema mayor: la violencia de género expresada dentro de las instituciones médicas conocida como violencia obstétrica.
Por María Laura Chang – 19/07/23
No importa si hablamos de un recóndito pueblo de Bolívar llamado Villa República; de la maternidad más importante del estado Carabobo; del principal hospital de Sucre, del céntrico hospital materno barquisimetano o de las salas de parto en Táchira: las mujeres venezolanas tienen a sus hijos e hijas en circunstancias más que hostiles, mortales.
A lo largo de este último año y medio, periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz han reflejado las carencias, dificultades y fallas de un sistema de salud que ignora las necesidades diferenciadas de las mujeres a la hora de parir. Durante sus investigaciones han escuchado a decenas de mujeres. Algunas de ellas hablaron en medio del duelo ocasionado por la muerte prevenible de sus recién nacidos; otras con cicatrices físicas y psicológicas del maltrato y todas con un recuerdo hostil del que, dicen, debiera ser el día más feliz para una madre.
En un país que enfrenta una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), como Venezuela, que los hospitales presenten carencias no es sorpresa. Sin embargo, si se ve al parto como un hecho más que médico, un hecho fisiológico, las soluciones a este problema pudiesen partir de un abordaje integral que priorice las necesidades de las mujeres. Para ello es vital un cambio de paradigma en la manera cómo se concibe la forma en la que nacen las y los venezolanos.
¿Qué es violencia obstétrica?
“La violencia obstétrica está circunscrita al sistema de salud, es ejercida por el personal de salud y comprende dos grandes categorías: prácticas y actitudes”, explica Nancy Bello, médica psiquiatra y psicoanalista, directora de la organización feminista Muderes. “Es, finalmente, la expresión de la opresión patriarcal en el sistema de salud, que reduce a los cuerpos femeninos para la instrumentalización del aprendizaje de futuros médicos y médicas”, añade.
Cuando la médica enfatiza en la “opresión patriarcal” se refiere a un sistema de poder y control en el cual los hombres, debido a su género, tienen privilegios y dominio sobre las mujeres. Este sistema “patriarcal” ha sido debatido en distintas épocas históricas. En los años sesenta el concepto fue retomado y problematizado por diversas pensadoras y en las últimas décadas se ha regresado a él para explicar la desigualdad de género. El patriacado, en pocas palabras, establece normas, roles y expectativas que perpetúan esta desigualdad, limitando la autonomía y oportunidades de las mujeres, y perpetuando estereotipos y discriminación.
Dentro de un sistema patriarcal surgen entonces distintas formas de discriminación y la violencia de género responde a una de ellas. En el caso particular de la violencia obstétrica o ginecobstétrica, el aspecto diferencial es que se genera dentro del sistema de salud y se manifiesta por quienes asisten a las mujeres, pero también en un contexto institucional.
Dentro de las prácticas consideradas como violencia obstétrica, Bello resalta la patologización y medicalización de los cuerpos de mujeres antes, durante y después del parto; y también la intervención sobre el cuerpo de las mujeres en estas etapas. La patologización (o considerar que una mujer en trabajo de parto o embarazada está enferma) habilita la práctica médica de intervenciones y medicalización, lo que da pie a la violencia obstétrica, explica la médica que también participa en el Observatorio de Violencia Ginecobstétrica de Venezuela.
Los ejemplos más claros de estas intervenciones son la episiotomía (corte entre el ano y periné para facilitar la expulsión) cuando se realiza de forma rutinaria; el suministro de oxitócicos, oxitocina sintética y/o fármacos que estimulan las contracciones y aceleran el parto; y las cesáreas innecesarias.
Dentro de las actitudes asociadas a la violencia obstétrica se incluyen la infantilización de las mujeres; el uso de palabras genéricas para nombrar a las mujeres tales como “mami” o “mija”, que las deshumaniza; el uso de expresiones degradantes o insultos durante la atención médica; el no identificarse mientras atienden; y el no pedir consentimiento para realizar los distintos procedimientos, indica la experta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado sobre el tema y en 2014 declaró que “Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación”.
A través de sus estudios, guías prácticas y recomendaciones, la OMS ha desaconsejado la medicalización excesiva, que no solo cataloga como innecesaria sino hasta dañina. Por el contrario, ha promovido una atención menos invasiva, un trato digno al cuerpo de la mujer, el respeto de su voluntad y de los tiempos fisiológicos que tenga cada una durante su parto.
Problema estructural y cultural
La violencia obstétrica, como una de las formas de violencia de género, es estructural lo que habilita también que exista un un componente de violencia institucional no tan visible. Un ejemplo claro es el ruleteo al que someten a muchas mujeres embarazadas.
Cuando las mujeres son obligadas a ir de un centro a otro para poder ser atendidas, la agresión no es tan evidente, pero se enmarca dentro de la violencia institucional porque el sistema le está fallando a quien requiere una atención que le es negada. Asimismo, el no garantizar el suministro de insumos y el buen funcionamiento de los servicios en los centros de salud y maternidades, entran dentro de este tipo de violencia.
El problema se vuelve aún más evidente cuando es el personal médico encargado de la atención de las mujeres, quien ejerce la violencia. “Ningún médico quiere matar a nadie”, insiste Bello y completa: “Es todo el sistema que lleva a alguien que juró salvar vidas a que se le muera una mujer”. La experta considera que el abordaje a este problema ha de ser amplio y hace énfasis en el componente cultural que tiene la violencia obstétrica.
En un suplemento especial de la OMS y Human Reproduction Program (HRP) se destaca que el maltrato de las madres y recién nacidos al momento del nacimiento se tiende a ‘normalizar’ en la cultura hospitalaria y se puede exacerbar por la falta de conciencia de los derechos de las pacientes, la discriminación de género y la deficiencia en las habilidades de empatía clínica y la perspectiva humana del personal de salud.
“A nivel individual y comunitario, existe una aceptación tácita del maltrato como algo habitual e incluso esperado. Hay muchos casos de abuso físico y verbal, humillación, negligencia y abandono del cuidado de mujeres de algunos segmentos de la sociedad (…) el personal sanitario, a menudo considerado como el perpetrador del maltrato, suele estar sobrecargado de trabajo, mal pagado y desmoralizado, mientras que normalmente se comporta como se le enseñó en un entorno que es irrespetuoso tanto con las usuarias como con el personal sanitario”, refleja el texto.
En el caso venezolano el análisis podría ir incluso a un estadio anterior, desde el mismo momento en que el Estado desatiende la educación sexual de las y los venezolanos durante su niñez y adolescencia; no prioriza la distribución ni fomenta el uso de métodos anticonceptivos para la planificación familiar; condena la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados; y desampara al sistema de salud, desatendiendo la salud sexual y reproductiva de las venezolanas.
Las otras vulneraciones
Cuando se habla de violencia obstétrica salen a relucir también otras vulneraciones que si bien se relacionan con el tópico, no se refieren a lo mismo. Es el caso de la mala praxis médica y de la mortalidad materna.
La «mala praxis» en el contexto médico se asocia con las acciones o errores cometidos por las y los profesionales de salud que van en contra del beneficio de sus pacientes, según aclara Maritza Regardiz, médica especialista en salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios. Estas fallas, dice, pueden ser por impericia (el no contar con el conocimiento y habilidades necesarias) o negligencia (incurrir en prácticas perjudiciales o errores médicos a pesar de contar con el conocimiento y habilidades).
Por otro lado, la profesional aclara que se considera mortalidad materna a todas las muertes asociadas o agravadas por la gestación, que ocurren durante el parto, embarazo o los 42 días posteriores al fin del embarazo.
¿Cómo se relacionan entonces esas tres categorías? Regardiz explica que durante la atención del parto muchas prácticas comunes del personal médico constituyen violencia obstétrica. “Entendiendo el parto humanizado como una práctica promovida por la OMS, los proveedores que continúan siguiendo protocolos desactualizados, que incluyen la episiotomía rutinaria, la presión manual uterina, el parto horizontal obligatorio, entre otros; podría considerarse qué incurren en malas prácticas (ya sea por impericia o negligencia)”, dice y agrega que ya se ha demostrado que algunas de esas prácticas pueden incrementar el riesgo de complicaciones y asociarse a mortalidad neonatal y materna.
Esto quiere decir, por ejemplo, que una médica obstetra que elige utilizar una práctica desaconsejada por la OMS, como la presión manual uterina, incurre en mala praxis, ejerce violencia obstétrica y, si la mujer llegara a morir durante este parto, entraría dentro de las estadísticas como una muerte materna.
Medidas insuficientes
Desde el Estado venezolano se ha respondido la situación de la mortalidad materna y la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres con la creación de políticas públicas específicas. La creación de la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva publicada por primera vez en el año 2003 y reformulada en 2013 ; y el Protocolo de atención de cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, publicado en el 2014, son algunas de ellas.
Asimismo, la violencia obstétrica está categorizada en el marco legal nacional en el momento en que se nombra como un tipo de violencia de género en el artículo 66 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En 2016, a través del Programa Nacional de Salud Materna y Salud Sexual y Reproductiva se inició un proceso de difusión y capacitación sobre la Norma y los Protocolos, según refleja el Informe Ejecutivo: Estado de la atención ginecobstétrica durante la gestación, parto, nacimiento y puerperio inmediato en el sistema de salud venezolano, publicado en este año. Allí se señala que el Estado conoció las implicaciones de la violencia obstétrica luego de que se realizara un diagnóstico, que arrojó la “ naturalización de la problemática, la no aplicación de estas normas y protocolos y la deshumanización en la atención”.
En 2017, surgió el Plan Nacional Parto Humanizado, un programa circunscrito al Ministerio de la Mujer que tenía como objetivo brindar apoyo y seguimiento comunitario a las mujeres durante el embarazo, parto y postparto. El Hospital Materno Infantil Hugo Chávez fue el centro piloto del plan.
En el informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal por el Estado venezolano y citado en una investigación del portal Crónica Uno, se señala que hubo 18.101 promotoras comunales de parto humanizado formadas entre 2017 y agosto 2020 que acompañaron a las gestantes en 54 % de las parroquias (615 de 1138) y en 77 % de los municipios del territorio nacional (258 de 335). Pero de acuerdo con los hallazgos de esa investigación, la cantidad de promotoras formadas no representa realmente el alcance del Plan.
Esto se completa con los datos del Informe Ejecutivo citado con anterioridad que dice en materia de acompañamiento en las comunidades por parte de las promotoras comunitarias del Plan de Parto Humanizado, “sólo el 29 % de las mujeres estuvo censada o recibió información por parte de alguna promotora, mientras que el 71% no recibió información, ni fue censada”.
En el texto, que se centra solo en La Gran Caracas, se dice también que el 20 % de las mujeres encuestadas asistió a alguna actividad de educación prenatal organizada por su comunidad, mientras que el 80 % no participó. “Es importante destacar que 198 mujeres del total de 318 entrevistadas tuvieron partos o cesáreas a partir del año 2017, año en el cual se inauguró el Plan de parto humanizado en el país, lo que representa el 62 % de las mujeres participantes en el estudio, a quienes se supone les corresponde participar en el Plan de Parto Humanizado, pero que de acuerdo a los resultados obtenidos solo 2 de cada 6 mujeres tuvo contacto con la figura de la promotora de parto humanizado dentro de su comunidad”, versa el documento.
Para Nancy Bello, quien habla con propiedad pues fue coordinadora nacional de derechos reproductivos en 2010, ese plan “es una pantomima, una mascarada”. La médica considera que el hecho de que solo se centre en la formación de promotoras no le permite abarcar en el aspecto duro donde se ejerce la violencia obstétrica, que es dentro de las salas de parto.
A la intemperie y sin remedio
Otro de los grandes problemas que tiene el Plan de Parto Humanizado es que no trascendió de la capital. En la Venezuela de adentro, en las capitales de los estados, en las maternidades públicas, las mujeres deben aguantar el dolor de las contracciones sentadas en fríos y rígidos bancos de cemento, sillas de plástico o incluso de pie. Solo tienen acompañamiento aquellas que están lo suficientemente abiertas, lo suficientemente mal, para recibir atención médica. Aquellas que, literalmente, no aguantan más. Gracias al trabajo de las periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz hoy se conoce que…
En la Maternidad del Sur de Valencia,Carabobo, las mujeres tienen que esperar por su turno a la intemperie, entre insectos, calor y lluvia. Las embarazadas que aspiran parir en el Pastor Oropeza de Barquisimeto, Lara deben viajar kilómetros y aguantar maltratos.
Las familias y víctimas de violencia obstétrica en Barcelona, Anzóategui, prefieren callar antes de denunciar al personal médico responsable de la muerte o vulneración de mujeres y recién nacidos, pues el camino para encontrar justicia es demasiado cuesta arriba. Similar situación de las mujeres en Sucre, aunque exista quienes digan: Ni una más.
En Villa República, un pueblo recóndito del estado Bolívar, la única opción que tienen las mujeres es el las parteras sin la preparación adecuada pues no tienen acceso a los centros de salud. Y en Táchira, las madres parecen fantasmas durante el parto.
La experiencia generalizada es que se les exige insumos, medicamentos, exámenes de laboratorio y demás implementos a los familiares. La solidaridad se hace presente cuando en las salas de espera, quienes más tienen reparten lo poco que pueden con quienes no. Y la constante es el maltrato.
El Estado, que consciente del problema elige medidas ineficientes; que suprime comités de muertes maternas en un país que tiene las tasas más altas del continente; que niega la información pública al respecto; que no capacita a médicos, médicas ni al personal en materia; que voltea a otro lado cuando las víctimas se levantan ¿Qué queda?
“Tenemos que presionar para habilitar el acceso a la justicia, porque la exigibilidad del derecho tenemos que construir, no basta gritarlo hay que presionar con acciones”, concluye Bello. Mientras tanto, parece, nada cambia.
