Entre el 1 y el 3 de diciembre de 2014, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación (MINCI) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) visitaron las sedes de Televen y Venevision, televisoras de capital privado en Caracas, con el fin de revisar su programación. Este hecho ocurrió luego de que presidente Nicolás Maduro acusara a Televen de promover antivalores por la difusión de contenidos en su parrilla de programación.

El 2 de diciembre de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la demanda por abstención interpuesta por Espacio Público contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, luego de argumentar que permitir el acceso a información relacionada con las telecomunicaciones en el país podría atentar contra la seguridad de la nación.

El 19 de noviembre de 2014, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró inadmisible la demanda por abstención que interpuso Espacio Público organización no gubernamental, contra la Defensoría del Pueblo luego de que se negara de entregar información de interés público sobre salud sexual y reproductiva

El 27 de noviembre de 2014, la periodista Crismar Montilla, jefe de Prensa y Relaciones Públicas del consejo municipal de Pedraza, ubicado en el oeste del estado Barinas, región sur-occidental del país, fue agredida por parte de Wilmer Mora, director general de la Alcaldía de Pedraza, dirigida por Alcides Molina (PSUV).

El 25 de noviembre de 2014, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acusó a Televen, televisora de capital privado con sede en la ciudad de Caracas, de transmitir presuntamente programas con contenido irrespetuoso para las mujeres y la comunidad sexo género diversa en el país. Nicolás Maduro, …

El 20 de noviembre de 2014, William Castillo, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), denunció a través de su cuenta de red social de Twitter a El Nacional, impreso de capital privado, por promover una presunta “guerra psicológica” con el objetivo de crear incertidumbre y temor en la población.