Familiares del politólogo Andrés Eloy Moreno Febres-Cordero confirmaron la orden de detención el 22 de septiembre de 2016, luego que fuese presentado ante un tribunal militar, por su participación en la realización de una pieza audiovisual del partido político de oposición, Primero Justicia (PJ). El ciudadano habría acudido voluntariamente a presentarse a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo de inteligencia del Estado, el día 20 del mismo mes, con el fin de tener conocimiento del presunto procedimiento en su contra.

El director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional (AN), órgano legislativo, Alejandro Puglia, continúa detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego que fuese señalado por intentar volar un dron (Vehículo Aéreo No tripulado) durante una manifestación denominada Toma de Caracas, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En horas de la noche del 3 de septiembre, después de diez horas sin saber de su esposo, Silvia Martínez se dirigió al Cicpc para denunciar su presunta desaparición. Más tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encapuchados, si orden de allanamiento y con armas largas, se presentaron en la casa de la familia Jatar, donde hicieron una requisa que duró hora y media.

Trabajadores de medios de comunicación denunciaron limitaciones a la cobertura de las concentraciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el 1 de septiembre de 2016, y que tuvieron como objetivo exigir a las autoridades electorales el anuncio de los plazos temporales establecidos para la recolección de 20% de las firmas necesarias para la activación del referendo revocatorio.

El 2 de septiembre de 2016, el gobernador del Táchira, José Vielma Mora, acusó, a través de la cuenta oficial de la Gobernación, así como mediante nota de prensa, a la emisora Ecos del Torbes de manipular y engañar a sus oyentes.

“Aquí no va a haber impunidad mediática”. “Vamos a ir aplicando las medidas que tengamos que aplicar por el uso irresponsable, por la violación de la ley, por llamar a la violencia y al odio público”. Esta fue la amenaza que hizo William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a los medios de comunicación por la cobertura de las movilizaciones del 1 de septiembre de 2016, en Caracas, en la que los ciudadanos exigieron el derecho a la participación ciudadana, a apropósito de la convocatoria del Referendo Revocatorio.