El 21 de abril de 2016, equipos reporteriles de medios de comunicación, nacionales e internacionales, fueron agredidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, y posteriormente intimidados y atacados por simpatizantes oficialistas en la planta baja del Edificio Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Centro Simón Bolívar, ubicado en Caracas, ciudad capital del país.

El 21 de abril de 2016, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, despojaron de su cámara, por unos minutos, a Keren Torres, corresponsal de IPYS Venezuela en Lara y quien cubre para el medio digital El Pitazo. El hecho ocurrió luego de que la reportera grabara unos videos y tomara una serie de fotos a una fila de personas que esperaban para adquirir alimentos en Cooperativa Los Horcones, en la comunidad de San Francisco, al oeste de la ciudad de Barquisimeto.

El 7 de marzo de 2016, el portal prooficialista Misión Verdad acusó a medios privados de hacer “propaganda en contra del país”, a través del artículo “Tres maniobras de intoxicación de los medios ‘independientes’ en torno a Tumeremo”, tras las publicaciones de los medios web El Estímulo y Efecto Cocuyo, y el diario El Nacional por el caso de los mineros desaparecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar.

La Fundación Regional “El Niño Simón”, en Mérida, a cargo de Griceyd Burguera de Ramírez, esposa del gobernador del estado, Alexis Ramírez, negó un empleo como periodista a María Fernanda Barrios por rehusarse a firmar “una lista” que solicita al presidente Nicolás Maduro la no promulgación de la Ley de Amnistía, propuesta por la bancada opositora de la actual Asamblea Nacional (AN).

En una rueda de prensa convocada el 05 de abril de 2016 en la ciudad de Punto Fijo, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), vicealmirante Edglis Herrera Balza, acusó al periodista de sucesos del Diario Nuevo Día, Gerardo Morón Sánchez, de manipular la información “diciendo cifras que son mentiras”, tras la publicación del resumen sobre las incidencias delictivas que el periodista realiza mensualmente en la región.

Desde el domingo 3 hasta el jueves 7 de abril de 2016, desde al menos siete portales web estatales y prooficialistas se dirigieron mensajes descalificativos contra periodistas venezolanos que participaron en la investigación periodística mundial Panamá Papers, que dejó al descubierto cómo personas millonarias y de poder utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos, ocultar y lavar dinero, y que se afianzó en la revelación de once millones de documentos procedentes de la firma panameña Mossack Fonseca, de los cuales 270 mil mencionan a Venezuela.