#EPU2016 Países de la ONU abogaron por la libertad de expresión en Venezuela

• Protección de periodistas y defensores de derechos humanos, revisión de las leyes que regulan las telecomunicaciones y el asedio a los medios fueron algunas constantes en el EPU 

Maruja Dagnino, Juan Francisco Alonso, Edecio Brito, Ronna Rísquez, Gitanjali Wolfermann y Maru Morales P. (Enviados especiales)

Ginebra, Suiza

La libertad de expresión fue una de las grandes preocupaciones que mostraron los países durante la sesión del Examen Periódico Universal de DDHH que presentó Venezuela en la ONU, en Ginebra este martes.

Mientras embajadores como Cuba, hicieron sugerencias muy generales como “continuar desarrollando acciones para proteger los derechos humanos de toda la población frente a la agresión económica que se desarrolla contra el país”, otros presentaron recomendaciones concretas que de ser aplicadas redundaría en mayores garantías para la libertad de las comunicaciones en Venezuela. Cada estado contaba con apenas un minuto y 10 segundos para formular sus observaciones y sugerencias.

El otro aspecto que ocupó a una treintena de delegaciones, de las 103 que intervinieron en el examen de Venezuela, fue solicitar garantías para la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos, así como la invitación a misiones especiales, que Venezuela ha venido negando sistemáticamente. Entre 2015 y 2016. según el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Venezuela ha rechazado la visita de 10 relatores especiales, entre ellos el de libertad de expresión.

Garantizar la integridad de periodistas, promulgar leyes que garanticen una expresión plural e independiente, tomar medidas que eviten la estigmatización y las agresiones contra defensores de derechos humanos en los medios públicos, fueron recomendaciones que destacaron entre las formuladas al Estado venezolano, cuyo discurso careció de autocrítica.

“La libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente”. Con esa frase inició su intervención el ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, William Castillo. La afirmación se niega a sí misma al ser contrastada con una realidad que solo en los últimos nueve años da cuenta de restricciones en la venta de papel a medios impresos por su línea editorial crítica, cierre de estaciones de radio y televisión, migración o desaparición de medios impresos por falta de insumos; ataques directos a periodistas y medios privados a través de los canales del Estado, entre otras endencias que IPYS Venezuela ha registrado.

Castillo sostuvo que el país cuenta “con un marco constitucional y legal que refuerza la libre circulación de ideas e informaciones, garantiza la democratización y el acceso del pueblo y la responsabilidad ulterior como pilares esenciales y que está en perfecta armonía con el pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás instrumentos”.

Destacaron intervenciones como la de Alemania, que recomendó a Venezuela salvaguardar el derecho a la libre expresión, la libre circulación de la prensa y de los ciudadanos, mientras que Portugal considero necesario que el gobierno  tome medidas para que no haya represalias contra periodistas.

William Castillo insistió en el argumento de que en Venezuela “no hay un solo periodista o miembro de una organización no gubernamental detenido o sometido a proceso judicial en razón de su actividad profesional’, y justificó que hubiese “dueños de medios que enfrenten juicios por delitos de difamación e injuria, y que se encuentran prófugos de la justicia”.

El funcionario, que no es el titular del Ministerio de Comunicación e Información, pero que ha asumido la vocería del tema en otras evaluaciones ante organismos internacionales, omitió en su cuenta los casos de los periodistas Hernán Lugo, Sofía Nederr y Javier Ignacio Mayorca, de El Nacional, demandados por difamación e injuria por el actual diputado del PSUV, el general Hugo Carvajal, actual diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, detenido en la isla de Aruba por supuestos delitos de narcotráfico y colaboración con la gerrilla colombiana.

Castillo tampoco consideró los casos de los columnistas Carlos Genatios (2014) y Laureano Márquez (2016), enjuiciados por unos artículos de opinión publicados en el diario Tal Cual. También demandaron al diario en ambos casos.

Castillo afirmó que en “Venezuela la voz, la palabra y el acceso al conocimiento son derechos de todos y para todos”, y que el Estado venezolano se compromete a “seguir avanzando hacia mayores niveles de modernidad, pluralidad y democratización de la comunicación”.

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