Inicio / Noticias / Análisis / Periodismo bajo arresto: Reporte especial Día Mundial de la Libertad de Prensa

Periodismo bajo arresto: Reporte especial Día Mundial de la Libertad de Prensa

  • Las detenciones de 17 reporteros pretenden silenciar la labor informativa durante las protestas ciudadanas. Los reporteros han sido señalados de “terroristas” por los cuerpos de seguridad y de grupos parapoliciales

  • La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exige instruir a los cuerpos de seguridad estatal para impedir agresiones contra los periodistas

    David Matos – Indira Ramírez (Equipo de IPYS Venezuela)

Minutos, horas, días e incluso semanas, han permanecido tras las rejas 17 reporteros venezolanos y extranjeros, que han cumplido con su trabajo periodístico y su obligación de informar en torno a las movilizaciones ciudadanas que se han intensificado en Venezuela, desde el 28 de marzo de 2017, cuando el poder judicial desconoció las facultades del Parlamento Nacional.


En las últimas cuatro semanas, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) registró detenciones arbitrarias contra 12 equipos reporteriles en siete entidades del país: en el Área Metropolitana de Caracas, Bolívar, Carabobo, Nueva Esparta, Lara, Sucre y Vargas. Esta situación se ha agudizado en el marco de una crisis de gobernabilidad que ha afectado a Venezuela. Este país ha sido, además, un terreno de libertades restringidas por decreto de Estado de Excepción que limita el ejercicio de derechos civiles y políticos, por orden presidencial, desde mayo de 2016.  

En las últimas cuatro semanas, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) registró detenciones arbitrarias contra 12 equipos reporteriles en siete estados del país: en el Área Metropolitana de Caracas, Bolívar, Carabobo, Nueva Esparta, Lara, Sucre y Vargas

Estos hechos ocurrieron en la calle durante un contexto conflictivo. Mientras los manifestantes han gritado consignas y los cuerpos de seguridad han lanzado bombas lacrimógenas y perdigones, reporteros intentaron registrar en imágenes, audio o video el desarrollo de las las manifestaciones públicas. Pero esto los ha convertido en objetivo, pues han sido interceptados por funcionarios policiales y militares, quienes no les han permitido cumplir plenamente con su labor.

La intención ha sido impedir que los reporteros cubran los hechos de represión en contra de los manifestantes y no permitir el paso de las movilizaciones hacia los puntos de llegada acordados, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de exigir un cronograma electoral y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

Manifestación del 19 de abril. Fotografía cortesía El Estímulo

Estas limitaciones han afectado a 17 trabajadores de los medios: 7 reporteros, 3 corresponsales extranjeros, 3 choferes de transporte, 3 camarógrafos y 2 reporteros gráficos. Dos de las 12 detenciones han sido de gravedad. En Vargas y Lara, reporteros duraron entre 10 y 16 días, privados de libertad y a la orden de la justicia venezolana, luego de registrar los conflictos sociopolíticos que han ocurrido en Venezuela. Ocho hechos fueron sido momentáneos y han tenido la intención de sembrar miedo e intimidar la labor periodística, por lo que equipos reporteriles han estado entre 10 y 16 horas a la orden de los cuerpos de seguridad del Estado. Otras dos detenciones han durado solo diez minutos.

El testimonio que varios reporteros ofrecieron a IPYS Venezuela durante las detenciones registradas en el contexto de protestas recientes, evidencia un comportamiento entre funcionarios militares y efectivos policiales, que involucra no solo un señalamiento discriminatorio, soez y ofensivo en contra de ellos, sino también detenciones en conjunto y recorridos por varias sedes de organismos del sistema de justicia que entorpece la tarea de establecer o definir las responsabilidades individuales o institucionales sobre la actuación de los cuerpos de seguridad que participan en estas detenciones arbitrarias.

Equipos reporteriles han estado entre 10 y 16 horas a la orden de los cuerpos de seguridad del Estado. Otras dos detenciones han durado solo diez minutos

Ocho de estas detenciones han sido ejecutadas por la acción deliberada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Mientras que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estuvieron involucrados en dos casos. La única detención registrada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado Vargas, fue llevada a cabo por la policía de inteligencia, bajo la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

El caso más reciente de detención arbitraria ocurrió el 1 de mayo en la calle Los Mangos de la urbanización La Florida de Caracas contra un equipo reporteril de VivoPlay, una televisora digital con sede en Caracas. El caso número 12 resaltó por la participación de encapuchados, presuntos paramilitares que -de acuerdo a testimonios recogidos- actuaron simulando competencias propias de los cuerpos de seguridad durante la detención de la camarógrafa Mayuri González, el productor Guido Villamizar y los motorizados Marcos Vergara y Deivi Valera, estos dos últimos todavía detenidos hasta el momento de la publicación de este reporte.

Imputado por informar

Cortesía: Caraota Digital

De estos reporteros que fueron detenidos temporalmente solo Yonnathan Gúedez, periodista de la Alcaldía de Iribarren y reportero del portal Lasperas.com, mantiene una causa judicial abierta con régimen de presentación cada ocho días, luego de su detención el 10 de abril, tras cubrir hechos de represión contra manifestantes durante una movilización ciudadana en Barquisimeto, capital de esta entidad, donde también fueron detenidos 46 manifestantes, que aún siguen privados de libertad. Después de 16 días detenido, el reportero fue imputado bajo los delitos de instigación al orden público, resistencia a la autoridad y posesión de sustancias explosivas.

Aunque Guédez aseguró que no sufrió agresión física -de acuerdo al testimonio que ofreció a IPYS Venezuela- durante los días que estuvo detenido, fue señalado como terrorista y delincuente vandálico por parte de los representantes de varios organismos públicos, que acudieron al lugar, y efectivos de seguridad del Destacamento 120 de la Guardia Nacional en Barquisimeto. A algunas de las personas detenidas junto a él las amenazaron con trasladarlas a la cárcel de Ramo Verde.

Al igual que el caso de Guedez, las  detenciones arbitrarias que se han registrado en el marco de protestas han sido respaldadas por un lenguaje violento y criminalización contra manifestantes y defensores de derechos humanos, que ha sido aupado por altos funcionarios del Estado y simpatizantes oficialistas, quienes se han amparado en el argumento de “acciones terroristas” para dirigir mensajes de agravio a través de las redes sociales.

IPYS Venezuela ha insistido que la narrativa violenta configura una amenaza para la seguridad e integridad de los periodistas, defensores y ciudadanos críticos a la gestión gubernamental.

Las acusaciones por “terroristas” forman parte del discurso que funcionarios policiales y militares emplean a la hora de detener a ciudadanos, y también a reporteros, plenamente identificados con una gorra, un chaleco o el carnet que los vincula con el logo o el nombre del medio de comunicación social para el que laboran.

Estos señalamientos también aparecieron contra Rhobinson David Rojas, de Caraota Digital en Caracas, y José Antonio Acevedo, periodista independiente en el estado Bolívar, quienes fueron detenidos el 22 y el 19 de abril, respectivamente, de manera arbitraria por funcionarios policiales y militares y fueron acusados de “terroristas o guarimberos”.

“Terroristas”, “guarimberos”, son algunas de las acusaciones y palabras agraviantes en contra de los periodistas detenidos

Rojas permaneció detenido cuatro horas en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, mientras que Acevedo estuvo dos  horas retenido en una unidad militar. Acevedo denunció en Fiscalía el robo de su teléfono celular y tres cámaras, por parte de uno de los militares que lo detuvo durante la cobertura.

Durante la detención el 23 de abril de Víctor Mavárez, reportero de Somos La Guaira, también recibió señalamientos similares. Mavárez fue agredido y robado por simpatizantes oficialistas, requisado y señalado como terrorista por presuntos funcionarios del Sebin. El hecho ocurrió en el distribuidor el Trébol del estado Vargas, donde el reportero intentaba cubrir una concentración oficialista en el lugar.

Salida accidentada

Sebastián Pérez Pezzani y Didier Barral, reporteros de la agencia de noticias francesa Capa, fueron detenidos el 11 de abril, cuando pretendían tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas, con destino a la ciudad de París. El hermetismo y la opacidad marcaron los diez días que duró esta detención, pues muy poca información circuló sobre los corresponsales durante los días de detención.

El 21 de abril de 2017, luego de las diligencias de diplomáticos franceses fueron liberados y los enviaron en un vuelo de regreso a su país. Philippe Levasseur, director de la agencia de noticias Capa, contó que los reporteros fueron aprehendidos luego de haber trabajado en un documental acerca de la crisis económica y social de Venezuela. Pérez Pezzani informó a Diario Los Américas que funcionarios del Sebin los hicieron bajar del avión y los detuvieron por presunta posesión de narcóticos. Los efectivos habrían encontrado cocaína en una de sus maletas. “… Capaz que alguien me la plantó en el hotel. Todo estaba muy arreglado, cada uno sabía lo que iba a hacer”, afirmó.

El periodista uruguayo Sebastián Pérez, quien reside en Francia fue detenido en Venezuela. Foto cortesía República, Uruguay

“No quieren mostrar las cosas. Pienso que este país se está poniendo como si todos los que vienen de afuera son enemigos, como Corea del Norte”, aseguró Pérez Pezzani, quien considera que su caso puede utilizarse como ejemplo para intimidar a otros corresponsales extranjeros que pretendan ingresar el país para ejercer el periodismo.

En los últimos años el gobierno venezolano ha mantenido una actitud hostil hacia los corresponsales extranjeros, a quienes se les expulsa o se les niega la entrada al país. En diversas ocasiones varios reporteros han sido detenidos, señalados de espías y se les ha intimidado para que apaguen sus cámaras, micrófonos y abandonen el país de inmediato.

En el primer trimestre del 2017 dos equipos extranjeros sufrieron la presión por parte de las autoridades migratorias que argumentaron presuntas irregularidades administrativas para rechazar su estadía en Venezuela. A Aitor Saez, corresponsal español que cumple funciones para la Deutsche Welle (DW), se le negó el ingreso al país el 22 de enero. Saez había ingresado al país en cinco oportunidades anteriores para realizar documentales relacionados con la economía y el sistema de salud venezolano.

El segundo caso fue el de los corresponsales brasileros Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, expulsados el 11 de febrero. Stoilar y Souza de Oliveira fueron sorprendidos por funcionarios del Sebin cuando hacían un registro fotográfico del Puente Nigale, obra inconclusa que estuvo a cargo de la transnacional brasileña Odebrecht.

Transmisión suspendida

Estos casos demuestran que las detenciones se han dirigido contra reporteros gráficos o videógrafos quienes, a través plataformas digitales, hacen transmisiones en tiempo real de las protestas. Así se evidenció con la detención del reportero de VPI TV, Elvis Flores, el 6 de abril, cuando los ciudadanos que seguían la transmisión, pudieron ver cómo la mano de un funcionario se interpuso entre el lente y la protesta que estaba siendo reprimida. Por ochos horas no se supo a dónde había sido trasladado el reportero, quien fue liberado después de la medianoche.


IPYS Venezuela también denunció las agresiones físicas contra los equipos reporteriles en el contexto de protestas. Al menos dos reporteros sufrieron lesiones mientras eran detenidos. Así le ocurrió a la periodista Elyangélica González, corresponsal de Radio Caracol, y el reportero José Miguel Medina, de Enlace Naranja.

Pérez Pezzani: “No quieren mostrar las cosas. Pienso que este país se está poniendo como si todos los que vienen de afuera son enemigos, como Corea del Norte”

González fue detenida por funcionarios de la GNB, quienes le impidieron resguardarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 31 de marzo, cuando intentaba protegerse del ataque de simpatizantes oficialistas contra un grupo de manifestantes. La periodista fue señalada como una protestante e inmediatamente abordada por 10 funcionarios militares, cuatro mujeres y seis hombres. “Rómpele el teléfono, quitáselo”, fueron algunas de las palabras de los efectivos cuando lanzaron el celular al suelo y lo pisaron. La reportera fue despojada de un segundo celular con el que pretendía grabar. La corresponsal recibió un golpe en el cuello y rasguños, antes de ser arrastrada por el suelo hacia el interior del Palacio de Justicia. Los efectivos informaron a la reportera que permanecería detenida en el lugar. A pocos metros, se encontraba el reportero, Andry Rincón, de Vivo Play, quien también fue detenido. A los 15 minutos, ambos fueron liberados.

Medina fue detenido por funcionarios policiales, quienes lo agredieron a patadas, luego de registrar la acción de los funcionarios contra un grupo de manifestantes el 8 de abril en las calles adyacentes a la autopista del Este, principal acceso vial del estado Carabobo. Al reportero también le destruyeron su cámara fotográfica con la que había registrado los hechos. Otros tres reporteros también resultaron lesionados.

En este contexto, IPYS Venezuela también contabilizó que 15 reporteros resultaron lesionados por el impacto de proyectiles de bombas lacrimógenas disparados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional cuando dispersaban las concentraciones ciudadanas en Caracas y las principales ciudades del país.

El preludio de Braulio Jatar

Un diagnóstico de cáncer de piel temprano, dos intervenciones quirúrgicas y un cuadro de hipertensión severa son algunas de las dolencias por las que pasa Braulio Jatar, director del portal web informativo Reporte Confidencial, quien este 3 de mayo cumple ocho meses detenido. El 28 de abril pasado, Silvia Martínez de Jatar consignó un documento en la Fiscalía de Nueva Esparta para exigir a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el cumplimiento al debido proceso en el caso de su esposo, pues el único presunto testigo del Ministerio Público, que apoya la acusación contra Jatar, denunció la falsedad de tal declaración.

Braulio Jatar fue detenido el 3 de septiembre de 2016, un día después que el portal Reporte Confidencial difundiera un video registrado por un grupo de ciudadanos acerca de una protesta ciudadana contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el sector de Villa Rosa del estado Nueva Esparta. Pocas horas después, Jatar, de nacionalidad chileno-venezolana, fue interceptado por funcionarios del Sebin que lo aprehendieron sin una orden judicial ni motivos para su detención.

El 3 de mayo, Braulio Jatar cumplió ocho meses preso luego de difundir videos de protestas en contra del Presidente de la República

Henry Jaspe, uno de los abogados de Braulio Jatar, confirmó a IPYS Venezuela que la única prueba que se presentó en contra del directivo de medio fue un informe de la dirección de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en el que se acusaba al director del portal de terrorista y traidor a la patria.

El Ministerio Público dictó una sentencia condenatoria en la que se aprueban los cargos por el delito de legitimación de capitales, por el que ha sido procesado Jatar, y se afianza en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.  

Los abogados Martínez de Jatar y Jaspe han denunciado reiteradamente que las acciones contra el director del medio Reporte Confidencial se encuentran motivadas a la línea crítica del medio digital, fundado en 2006, contra el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, y ahora, el presidente Nicolás Maduro Moros.

Violencia durante protestas

El sistema de monitoreo de alertas de IPYS Venezuela revela que las 12 detenciones registradas el primer mes de protestas de 2017, entre el 28 de marzo y el 28 de abril, forman parte del mismo patrón que se cumplió durante las protestas que se dieron entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 2014, cuando se registraron 17 detenciones arbitrarias de equipos reporteriles, durante la cobertura de las movilizaciones  y los hechos de violencia que se dieron en ese momento.

Preocupación internacional

Los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye y Edison Lanza exhortaron en un comunicado conjunto emitido el 26 de abril “al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”. También, exigieron poner fin a los bloqueos, censura y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

La relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha sostenido que la instrucción adecuada a las fuerzas de seguridad estatal es fundamental para que impedir agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación social en una sociedad democrática.

También ha establecido que los Estados tienen la obligación y la responsabilidad de mantener un discurso que garantice la libertad de expresión e integridad personal de trabajadores de medios de comunicación, y para ello resulta indispensable que los funcionarios públicos se abstengan de hacer declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores a un mayor riesgo de actos de violencia. También, considera que una medida de protección simple y eficaz resulta con el reconocimiento público y notorio del valor de la labor periodística, aun cuando esta resulta crítica, inoportuna e inconveniente para los intereses del gobierno.

En la actual coyuntura nacional ningún alto representante de los poderes del Estado ha llamado a respetar y salvaguardar la labor periodística. Los representante de los poderes públicos se han inhibido de rechazar o auspiciar una investigación imparcial que determine responsabilidades en estos casos y prevenga nuevas detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de medios.

Libertad para el periodismo

Con un periodismo esposado, Venezuela conmemora este miércoles 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde IPYS Venezuela exhortamos a las autoridades del Estado y a los miembros de los cuerpos de seguridad a respetar la labor de los periodistas en un momento crucial para la vida democrática del país. Es necesario permitir el ejercicio pleno de la libertad de expresión e información y frenar las detenciones arbitrarias contra trabajadores de la prensa, así como detener la criminalización y amenazas contra los reporteros y corresponsales extranjeros.

Los representantes de los poderes públicos y toda la sociedad civil debe repudiar y fijar posición ante las acciones que comprometen al periodismo y a la integridad de los reporteros en el marco de las protestas ciudadanas.  

Lugares de reclusión

Destacamentos de la GNB en el Distrito Capital y los estados Lara, Nueva Esparta y Sucre; El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; El Fuerte Tiuna en el Área Metropolitana de Caracas;  sedes policiales regionales en Carabobo y Vargas; retenciones en el Palacio de Justicia de Caracas y la retención en el interior de un vehículo militar.

 

Periodistas detenidos por orden cronológico

Elyangélica González, corresponsal de Caracol Radio; Andry Rincón, reportero de Vivo Play; Elvis Flores, camarógrafo de VPI TV; Yonnathan Guédez, reportero de la alcaldía de Irribarren, estado Lara; Sebastián Pérez Pizzani y Didier Barral, corresponsales de Capa, agencia francesa de noticias; José Rengel, independiente; Jorge Brito, independiente; José Antonio Acevedo, independiente; Rhobinson Rojas y William Rivero, periodista y chofer de Caraota Digital; Víctor Mavarez, reportero de Somos La Guaira; Maryuri González, camarógrafa, Guido Villamizar, productor, y los motorizados, Marcos Vergara y Deivis Valera, de Vivo Play fueron los ciudadanos vinculados a la labor periodística detenidos por informar. Seis de ellos, denunciaron a IPYS Venezuela el extravío, robo o destrucción de sus herramientas de trabajo.

Vea también Pronunciamiento de IPYS Venezuela

 

Ver también

IFEX-ALC condena los alarmantes niveles de violencia contra los periodistas en México

Los asesinatos y desapariciones de periodistas en México no cesan a pesar de la introducción …