IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El 24 de septiembre de 2015, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, intentó impedir a Karla Calderón, reportera gráfica del Diario 2001, cumplir con su labor informativa cuando registraba imágenes de una persona en los alrededores de la sede de la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses de Bello Monte, mejor conocida como la Morgue de Bello Monte de Caracas, ciudad capital.
Karla Calderón, reportera gráfica del Diario 2001, relató a IPYS Venezuela que fotografiaba a una persona que se encontraba al lado de una camioneta de la GNB, a las afueras de la morgue, cuando un efectivo militar la abordó de manera agresiva y le ordenó que mostrara su cédula (documento de identidad).
“En seguida, el funcionario me pide que le muestre las fotos. Yo le pregunto por qué, y él me dice que estaba parada de forma ‘sospechosa’ en el lugar. Yo le muestro las fotos para calmar la situación, y luego me pidió ver todas las fotos. Fotos de otras cosas”, dijo Calderón.
Cabe destacar que los funcionarios militares no fueron retratados por la reportera gráfica.
Pese a la acción, el efectivo les pidió la cédula a Calderón y al conductor de otro medio de comunicación (no identificado), así como su carnet que lo identificaba como miembro de la prensa, y procedió a fotografiarlos.
La reportera le preguntó al GNB por qué razón tomaba imágenes de sus documentos, a lo que el funcionario respondió que no tenía para escribir la información. Sin embargo, la periodista notó y le recordó el bolígrafo que este portaba en uno de los bolsillos de su uniforme. El funcionario también fotografió la placa del vehículo del chofer del medio no identificado.
Posteriormente, le pidió a la reportera que abriera el bolso en el que portaba sus pertenencias. Al verlo, el funcionario agregó: “Yo lo quiero ver vacío”.
“A mí me extrañó lo que pasaba, y por eso le pregunté. Pero él solo me dijo que el procedimiento era cotidiano, y que si tenía alguna duda podían llevarme detenida para que hablara con su superior”, aseguró.
A los pocos segundos, el funcionario militar – que no arremetió contra las herramientas de la comunicadora y tampoco borró sus imágenes- le dijo que buscara otro ángulo para hacer sus fotografías.
Después del hecho, alrededor de las 11:30 a.m., Jenny Oropeza, periodista del Diario 2001, aseguró haberse acercado al funcionario y preguntarle las razones del atropello, a lo que respondió: “Si te da la gana, ve a la Defensoría del Pueblo. No tengo más nada que hablar contigo”.
Información subida a la cuenta de Twitter de la periodista @jennyoro1:
Este hecho configura la cuarta limitación a la cobertura periodística en la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses de Bello Monte, registrado por IPYS en 2015.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho que tienes los ciudadanos de expresar e informar libremente sus ideas u opiniones, a través de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que las presiones directas e indirectas sobre la información difundida, a través de los medios de comunicación, y que tiene la intención de impedir o limitar el flujo informativo, viola el derecho a la libertad de expresión.
