IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Maturín.- El 2 de marzo de 2016, periodistas de al menos cinco medios de comunicación fueron desalojados de las áreas internas del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (Humnt), cuando recibían denuncias de familiares de parturientas de este centro asistencial.
Uno de los periodistas que fue obligado a salir del recinto asistencial, Jefferson Civira, contó a IPYS Venezuela que después de cubrir una rueda de prensa del director del Humnt en el primer piso del edificio sanitario, unas personas se acercaron a ellos para quejarse por la supuesta falta de suturas para atender cesáreas en la sala de partos del recinto, y justo en ese momento un miliciano los conminó a abandonar el lugar.
“Estábamos la periodista de El Sol, la de Venevisión, el de Globovisión, Tv Plus y yo de El Oriental, cuando llegó un miliciano y mientras que una señora hacía la denuncia, empezó a interrumpir nuestro trabajo diciendo reiteradas veces que teníamos que bajar”, informó.
Civira dijo que los familiares les contaban la irregularidad, cuando el miliciano “nos sacó a todos los que estábamos ahí. A pesar de esta medida logramos recibir tres denuncias de los familiares pero abajo en la entrada del hospital”.
En el Humnt, la Milicia Bolivariana está encargada desde hace más de dos años de la seguridad del centro asistencial y desde que asumieron esta tarea, IPYS Venezuela ha recibido más de cuatro denuncias debido a los obstáculos que ponen estos trabajadores al ejercicio del periodismo.
La más reciente ocurrió el pasado 18 de febrero de 2016, cuando en el hospital falleció un camillero al caer al vacío por el conducto de un ascensor y los milicianos intentaron impedir la entrada a los periodistas de la fuente de sucesos e incluso amenazaron con golpear al reportero gráfico de La Prensa de Monagas, Franklin Aguilera.
El Núñez Tovar es el único tipo 4 de Monagas y ha sido recurrente que intenten impedir a los trabajadores de los medios dar cobertura a las quejas de familiares y pacientes por las irregularidades que ocurren dentro de las instalaciones.
Esta alerta a la libertad de expresión se enmarca en una limitación de hecho que restringe el acceso a la información de interés público.
