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Poder electoral impone restricciones para la cobertura de la constituyente

El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso restricciones y medidas de censura que obstaculizan la cobertura de la jornada para seleccionar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, un llamado del presidente de la República para reformar la Constitución Nacional, sin consulta previa y con el respaldo del poder electoral

Tibisay Lucena restringe derechos de la prensa. FOTO cortesía El Nacional Web

Durante los dos días previos a la jornada para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro, predominaron las agresión, los robos y deportaciones contra los periodistas que cubrían las protestas durante el paro cívico el 28 de julio. Los hechos ocurrieron en Caracas, Monagas, Lara, Bolívar, Táchira y Falcón.

Poder electoral establece censura previa

El poder electoral negó credenciales al menos a nueve de 15 medios nacionales y extranjeros que solicitaron la acreditación para cubrir la jornada del 30 de julio, de acuerdo a las denuncias que recibió IPYS Venezuela. Entre ellos medios de Caracas (El Pitazo, El Estímulo, Análitica, Vivoplay), Monagas (El Sol de Maturín), y las agencias internacionales Al Jazeera y CNN en Español. Otros medios prefirieron no identificarse.

Los impresos de Caracas Tal Cual, El Nacional, así como La Verdad de Monagas, la Prensa de Monagas, el Diario de Los Andes de Trujillo; los diarios El Falconiano y el Nuevo Día del estado Falcón, y la agencia internacional Reuters fueron los medios que recibieron la autorización oficial, pero hasta la tarde del día anterior algunos no habían recibido el material por parte del CNE.

Las restricciones aumentaron cuando en rueda de prensa, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que los medios de comunicación debían ubicarse a 500 metros de los centros de votación, fuera del “perímetro de seguridad”. Además prohibió la cobertura en dos centros, que fueron habilitados por contingencia y que están ubicados en el Área Metropolitana de Caracas. “Estas son medidas para la protección del voto y para garantizar a todas las personas la expresión de su opinión y de la voluntad soberana en el ejercicio del Sufragio”, argumentó Lucena.

IPYS Venezuela considera que estas obstrucciones alientan la opacidad y la censura en torno a asuntos electorales en el país y limita que los ciudadanos puedan conocer de manera amplia lo que ocurre alrededor de la elección de los miembros del gobierno que llevarán adelante la pretensión presidencial de reformar el sistema constitucional, de arbitraria en desconocimiento del parlamento nacional, según lo han denunciado las organizaciones de la sociedad civil.

Antes de esta decisión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido que los esquemas de acreditación “deben ser neutrales frente a los contenidos y no pueden discriminar en razón de la línea editorial o tipo de cobertura”.

Con esta medida sumaron 10 los casos de violación a la libertad de expresión registrados por IPYS Venezuela, entre el 28 y 29 de julio, previo al despliegue comicial para la Asamblea Nacional Constituyente. Predominaron las condenas en tribunales militares, las agresiones, robos y deportaciones. Los hechos ocurrieron en Caracas, Monagas, Lara, Táchira, Falcón y Bolívar.

IPYS Venezuela alerta sobre la escalada de la violencia contra periodistas. Solo en los últimos 10 días, se contabilizaron 48 incidentes en la cobertura periodística en el marco de las protestas ciudadanas y los eventos oficiales a favor de la reforma constitucional

Condena militar

Uno de los casos de mayor gravedad ocurrió la noche del 28 de julio, cuando tribunales militares condenaron al reportero Alberto Cabrera y al community Antonio Medina, del equipo de medios Voluntad Popular Zulia”. Fueron llevados a juicio junto al concejal Ángel Machado, quienes fueron detenidos el 26 de julio durante la cobertura del paro cívico en Maracaibo.

En Caracas, mientras tanto, los periodistas fueron empujados y heridos por impacto de bomba lacrimógena por parte de funcionarios de la Guardia Nacional cuando reportaban las protestas que se dieron en Bello Campo. Gabriela González, reportera del diario Nuevo País, indicó a IPYS Venezuela que, a diferencia de otros días, el ataque hacia los medios de comunicación fue directo. Luis Gonzálo Pérez, reportero de Venezolanos por la Información @VPITV, transmitió en vivo cuando los efectivos de la GNB lanzan bombas lacrimógenas contra los reporteros.

Así se comportó la GNB hoy contra el camarógrafo de VPI TV en Bello Campo #27jul #Caracas #Venezuela

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Los militares también empujaron y golpearon con sus escudos a los reporteros gráficos para desalojarlos del lugar donde documentaban el enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública.

En la cobertura fue herido por impacto de una bomba lacrimógena en el antebrazo derecho, el reportero gráfico de La Patilla, Wil Jiménez. El golpe, aunque le causó un hematoma, no hirió gravemente ningún hueso o arteria, contó a Ipys Venezuela.

“Cuando la GNB empezó a reprimir, muchos fotógrafos quedamos como en el medio de todo, sin embargo, como es de costumbre, todos nos unimos y nos apartamos en un lugar a los laterales para evitar que nos golpeen bombas o perdigones, ya después de que habían arrestado a unos cuantos manifestantes en Bello Campo, unos guardias empezaron a gritarnos que subieramos hacia la Francisco de Miranda y otros que bajaramos, entre la confusión creo que la mitad subió y la otra mitad bajó, solo sé que cuando pasábamos entre ellos empezaron a insultarnos y a decirnos cosas, y cuando estábamos a unos 100 metros o menos, no estoy seguro, porque iba subiendo y no me voltee en ningún momento, escuché el disparo de la escopeta y por inercia baje la cabeza y sentí el golpe en el antebrazo”, relató.

Ese mismo día, al sur del país, a Pableysa Ostos, corresponsal de Analítica y VivoPlay, le cayó una bomba lacrimógena en la pierna cuando registraba la detención de un estudiante, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. La bomba que lanzaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impactó impactó contra un vehículo, rebotó y luego le dio en una pierna.

Deportaciones de la prensa extrajera

El 28 de julio continuaron las deportaciones de periodistas. Funcionarios de inmigración devolvieron a los periodistas del canal Antena3, de España, quienes venían a Venezuela a cubrir la jornada de protestas y el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tanto, a los corresponsales del medio portugués SIC Noticias, Luis Garriapa y Odacir Junior, les devolvieron a su país apenas llegaron al país, y fueron declarados “inadmisibles” en Venezuela por funcionarios del aeropuerto. Esta misma semana, Jorge Lanata, periodista argentino, y su equipo también fue expulsado del país.

Campaña de desprestigio

El 29 de julio de 2017, el Diario de Los Andes, periódico que cubre los estados Táchira, Mérida y Trujillo, rechazó una campaña de descrédito que circula a través de redes sociales y en la calle en contra de su personal y, en particular, del reportero gráfico Luis Parada, quien el 27 de julio fue acusado de infiltrado en manifestaciones públicas organizadas por la oposición en San Cristóbal, así como de presuntamente entregar su material fotográfico a la Guardia Nacional para el reconocimiento de los manifestantes y su posterior detención.

A través de un comunicado, Diario Los Andes ratificó ser un medio de comunicación con una trayectoria de casi 25 años en el Táchira, siempre apegado a la democracia, la verdad y la libertad. “Repudiamos las acciones emprendidas por estas personas, quienes con un aparente interés que desconocemos, se han dado a la tarea de hacer circular información falsa que perjudica la labor profesional que periodistas y reporteros gráficos realizan a diario en la calle”.

El comunicado también denuncia que su equipo reporteril ha sido agredido verbalmente por manifestantes en la calle, quienes además han intentado atacarlos físicamente, al tiempo que han sido expuestos al escarnio público a través de redes sociales. “Hacemos un llamado a la comunidad en general a no contribuir con estas acciones que afectan la vida personal y laboral de nuestros periodistas y fotógrafos”, exhortan.

Violencia contra periodistas

Durante estas jornadas IPYS Venezuela documentó dos robos y otro intento frustrado contra reporteros. Uno de estos hechos ocurrió cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) arrebataron su equipo al fotógrafo del diario La Prensa de Lara, en Barquisimeto, cuando cubría la detención a la fuerza del alcalde opositor, Alfredo Ramos, detenido tras ser acusado de apoyar las protestas en Barquisimeto. Esto ocurrió el 28 de julio, mientras realizaban una intervención forzada del ayuntamiento.  

Ese día, la periodista Lurmary Coronel se encontraba en labores de cobertura cuando notó que varios manifestantes se acercaron hasta una tienda que forma parte de una reconocida cadena de farmacias. Coronel explicó a IPYS Venezuela que en el local se encontraban tres funcionarios del Sebin que discutían con un ciudadano a quien le quitaron el teléfono con el argumento de que el joven grababa a los efectivos. “Comencé a grabar toda la situación, uno de ellos me movió el teléfono y me dijo: Deja de grabar que él está haciendo su trabajo, le contesté que yo estaba haciendo el mío, y por eso me dijo que si seguía me lo iba a quitar”.

El periodista Freddy Marcano, quien es corresponsal del portal de noticias Analítica en el estado Monagas, denunció que fue víctima de un robo por parte de dos funcionarios de la Policía Municipal de Maturín el 27 de julio en el centro de la ciudad, cuando realizaba la cobertura del paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. De acuerdo con su relato, Marcano estaba en la calle Monagas donde encuestó a varios comerciantes, tomó unas fotografías del movimiento comercial en este sector y al salir se dirigió a la parada del transporte público para dirigirse a su casa.

Funcionarios de Polimaturín le pidieron su teléfono celular. Marcano se negó y siguió caminando, pero los policías lo detuvieron, y al identificarse como periodista le dijeron:  “eres pinga e sapo, dame el celular”, por lo que lo lanzaron contra la pared y le quitaron su teléfono, según relató en sus redes sociales. IPYS Venezuela intentó comunicarse con Marcano para conocer su versión de primera mano, pero no logró ubicarlo.

El 29 de junio, la Policía Nacional Bolivariana arrojó piedras a la casa del periodista Carlos Luis Chacón de Meridiano Televisión en Capacho, en el estado Táchira. IPYS Venezuela se encuentra precisando los detalles.

En el espectro de internet, IPYS Venezuela registró que entre el 27 y el 30 de julio, la página del diario regional Correo del Caroní estuvo fuera de línea por “ataques informáticos”.

La CIDH condenó las “medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela, dirigidas a impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y a prohibir el ejercicio del derecho a manifestarse y a la reunión pacífica en el contexto del proceso electoral convocado el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. La Relatoría Especial hace un llamado urgente al Estado venezolano a dejar sin efecto estas medidas y a ajustar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos”.

 

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