IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
INFORME COMPLETO DE FREEDOM HOUSE SOBRE VENEZUELA
Washington D. C., EEUU
- Los servicios de telecomunicaciones se deterioraron gravemente con la crisis económica y el control cambiario. Aunque de acuerdo con las cifras oficiales la penetración a Internet aumentó, la velocidad promedio de conexión a Internet permanece estancada y algunas empresas dejaron de prestar ciertos servicios (Obstáculos para el acceso).
- Los medios independientes y los ciudadanos usaron activamente medios y plataformas digitales para cubrir y monitorear el proceso electoral de diciembre del 2015, en el cual la alianza opositora al gobierno obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional (Límites al contenido).
- En septiembre de 2015 el líder opositor Leopoldo López fue sentenciado a casi 14 años de prisión, acusado de mandar “mensajes subliminales” con el fin de incitar a la violencia. Como evidencia en el juicio, la fiscalía se valió del análisis de un centenar de tuits y de un video divulgado en YouTube (Enjuiciamientos y detenciones).
- Los organismos de seguridad detuvieron arbitrariamente a periodistas, confiscaron sus teléfonos celulares o los obligaron a borrar los videos y fotografías cuando cubrían protestas o entrevistaban personas en filas para comprar alimentos. También se registraron ataques físicos contra periodistas y ciudadanos por parte de grupos progobierno (Enjuiciamientos y detenciones; violencia e intimidación).
Introducción
Durante 2015, en Venezuela la libertad en Internet continuó declinando en medio de la crisis económica y política. El deterioro económico del país ha generado restricciones menos visibles, pero más efectivas, para la libertad en Internet. Un conjunto de factores, entre los que se encuentran una estricta política de control de cambio, con alta inflación y controles de precios, han obstaculizado el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la calidad del acceso a Internet. En abril de 2016 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) anunció que algunos operadores se vieron forzados a suspender ciertos servicios.1 De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el promedio de velocidad de conexión de Venezuela está entre los menores de la región.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro la libertad de expresión ha declinado de forma progresiva. Sin embargo, el uso extendido de medios digitales y redes sociales durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 demostró la importancia y el vigor que tienen las plataformas digitales para los ciudadanos. A través de alianzas estratégicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios digitales abrieron espacios para la información y la discusión en un panorama comunicacional hegemonizado por el gobierno. Los comicios parlamentarios marcaron un cambio notable con la elección de una súper mayoría contraria al gobierno, dispuesta a llevar a cabo reformas a la ley de telecomunicaciones y a la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos (Resorte-Me), el cual otorga al ente regulador el poder de decidir administrativamente sobre bloqueos y remoción de contenidos, así como de sancionar a los proveedores de servicios.3 Varios esfuerzos parlamentarios, sin embargo, se han visto frustrados por el poder que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las reformas impulsadas por la oposición.
Al mismo tiempo, el gobierno ha desarrollado estrategias para tratar de controlar la esfera digital a través del bloqueo de sitios web y la promoción de la autocensura mediante leyes que otorgan responsabilidades a terceros, y prohíben ciertos contenidos. Tres de los llamados “tuiteros presos” arrestados en 2014 permanecen detenidos, aunque seis fueron liberados al menos de forma condicional. Más allá de estos casos, reporteros de medios digitales continúan sufriendo detenciones arbitrarias y la confiscación de sus cámaras y teléfonos mientras cubren eventos políticos, protestas o filas para la compra de alimentos y medicinas. Uno de los eventos más notables del período fue la sentencia del líder político Leopoldo López, quien fue condenado a casi 14 años de prisión en un juicio en el que se usó como evidencia el análisis de un centenar de tuits y un video divulgado por YouTube. También fueron reportados ataques físicos en contra de periodistas e infociudadanos por parte de grupos progobierno.
Obstáculos para el acceso
Las suscripciones a Internet decrecieron al menos en un uno por ciento y el promedio de velocidad no superó los 2 Mbps. Menos del 5 por ciento de las conexiones son mayores a 4Mbps. De acuerdo con las cifras oficiales, la penetración de Internet permaneció alrededor del 60 por ciento, aunque el número total de suscriptores declinó. Se mantiene una brecha digital importante entre las áreas urbanas y rurales. El control de cambio impactó negativamente a la industria de las telecomunicaciones y los cortes de electricidad, comunes en la provincia, se comenzaron a sentir en la capital del país. El Estado domina el sector de las telecomunicaciones a través de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) que concentra cerca del 70 por ciento del mercado.
Disponibilidad y facilidad de acceso
La grave situación económica, marcada por la caída de los precios del petróleo y la alta inflación, ha obstaculizado el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y deteriorado la calidad de acceso a Internet. En agosto de 2015, la cámara empresarial que agrupa a las empresas de telecomunicaciones (CASETEL) advirtió mediante un comunicado que la falta de inversiones impactaría negativamente los servicios. De acuerdo con el presidente de esa organización, Ricardo Martínez, a finales del 2015 los proveedores de servicio acumulaban una deuda que superaba el billón de dólares; para esa fecha, algunas compañías tenían cerca de un año sin poder convertir bolívares en divisas para cumplir con sus compromisos.
De acuerdo con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), la penetración a Internet alcanzó el 62 por ciento en el año 2015, aunque mediciones privadas arrojaron números distintos, algunos más bajos y otros más altos. Según las cifras de CONATEL, el número total de suscriptores cayó de 3,68 millones a finales del 2014 a 3,65 al cierre de 2015. Del total de suscripciones, 93 por ciento son de banda ancha (aproximadamente 75 fijas y 25 por ciento móviles).
A pesar de la creciente demanda, las suscripciones móviles decrecieron. Aunque la penetración de la telefonía móvil celular es casi del 100 por ciento, el número de abonados declinó de 30,5 millones en
2014 a 29 millones in 2015; las suscripciones de Internet móvil cayeron de más de un millón en 2014 a cerca de 815,000 en 2015.
En agosto de 2015 la empresa Movistar Venezuela, una filial de la española Telefónica y la segunda operadora en importancia del país, suspendió la activación de nuevos servicios de Internet móvil.
Imposibilitada de cumplir con sus obligaciones en divisas, Movistar también eliminó las llamadas de larga distancia y el servicio de roaming internacional, medida que también tomó la otra operadora privada, Digitel. Los usuarios de la compañía de telefonía móvil celular estatal, Movilnet, también reportaron la desaparición del servicio de roaming, aunque oficialmente no fue anunciado por la empresa. En abril, CONATEL anunció oficialmente que debido a las dificultades debidas a la grave situación económica, las operadoras se vieron forzadas a suspender algunos servicios.
El deterioro de la infraestructura y la falta de reposición de los equipos ha erosionado la calidad de los servicios de telecomunicaciones, y particularmente los de Internet. La estación de los cables submarinos en Camurí Chico, por la que circula cerca del 90 por ciento del tráfico internacional del país, no recibió mantenimiento en el año 2015. Debido a la falta de mantenimiento y desactualización de las redes, los usuarios reportan quejas acerca de los servicios que reciben, que son menos de los contratados. De acuerdo con Akamai, la velocidad promedio de conexión escasamente alcanzó 1,9 Mbps en los primeros meses de 2016. Del total de las conexiones, apenas un 4,3 por ciento son mayores a 4 Mbps y sólo 0,3 por ciento exceden los 10 Mbps. La velocidad pico de conexión de Venezuela (12,1 Mbps) es la peor de los 15 países incluidos en el estudio de Akamai. A este panorama hay que agregar que los cortes de electricidad, que hasta el año 2015 sólo ocurrían en las ciudades de provincia, se extendieron a la capital del país en los primeros meses de 2016.
Aunque hacer cálculos precisos en una economía altamente inflacionaria y con controles de precios es casi imposible, la realidad es que los equipos terminales, como computadoras y teléfonos, son prohibitivos para la mayoría de la población, además de escasos. Bajo el supuesto de que reciben dólares preferenciales, el gobierno obliga a las operadoras a vender a precios controlados. El diferencial entre esos equipos y los ofrecidos al cambio del mercado negro, que en enero llegó a más de mil bolívares por dólar, hace que, o bien desaparezcan rápido de los anaqueles, o se desvíen al sector informal.
El costo de los servicios, por el contrario, es algo prácticamente marginal. De acuerdo con CASETEL, Venezuela tiene las tarifas de acceso a Internet más bajas de América Latina. Aunque el gremio empresarial ha solicitado reiteradamente que se les permita un aumento significativo, dado que la variación apenas ha sido del 95 por ciento, comparada con otros servicios que han subido hasta el 770 por ciento, el gobierno no lo ha permitido. Movistar and Digitel anunciaron la posibilidad del alza de algunos servicios, pero CONATEL los amenazó con sanciones.
De acuerdo con las cifras oficiales de CONATEL, el costo promedio de un plan de acceso a Internet es de
219 bolívares mensuales. A la tasa oficial de cambio flotante denominada DICOM, que el 24 de mayo era de 472 bolívares por dólar, este sería de cerca de cincuenta centavos de dólar. El costo promedio de un plan de datos móviles es de cerca de 0,50 Bs/MB, equivalente a US$0,001/MB. Más del 90 por ciento de los planes de datos móviles son prepagos. En julio de 2015, el plan básico de Movistar costaba 418 bolívares mensuales (US$0,88). Uno similar, de Digitel, 359 bolívares (US$0,76). Los planes postpago (afiliados a tarjetas de crédito) se tasan a cerca de 250 bolívares (US$0,52) mensuales, vale decir, menos del 3 por ciento del salario mínimo.
La brecha digital entre la capital del país y las zonas rurales se ha ampliado. Mientras el Distrito Capital muestra una penetración del 103 por ciento, el estado Amazonas no llega al 20 por ciento. De 24 estados sólo 11 cuentan con una penetración promedio mayor al 50 por ciento. Los servicios de banda ancha móvil se concentran en las ciudades más pobladas y económicamente más solventes. Algunos proveedores como IPNet ofrecen conexiones privadas de 25 Mbps en ciertos sectores privilegiados de Caracas. Esta pequeña élite con acceso privilegiado tiene acceso a canales de TV vía streaming, como Vivo Play, entre otras ofertas.
El gobierno ha hecho algunos esfuerzos para incrementar la conectividad, a través de iniciativas como el plan Wi-Fi para todos, de 2013, destinada a brindar conexión en sitios públicos. Sin embargo, no se han cumplido las expectativas de una población cada vez más ávida de servicios. La Red Nacional de Transporte (RNT) que debería llevar la fibra óptica a las zonas rurales, debería haberse terminado en el año 2012. El sitio web de CONATEL no muestra ninguna información al respecto. En abril, en un encuentro con empresarios del sector, el director del ente regulador afirmó que el plan iba avanzando, mientras que algunos empresarios presentes, que pidieron no ser mencionados, dijeron que más allá de las palabras no se mostraron datos ni evidencias de ese hecho.
Voceros gubernamentales afirman que el satélite Simón Bolívar provee de conectividad en las zonas más remotas del país; sin embargo, fuentes independientes no han podido confirmar esto en la práctica.
Desde su creación, en el año 2000, la Fundación Infocentro, una iniciativa con fondos estatales, ha abierto cerca de 900 lugares de acceso público que, progresivamente, han sido trasferidos a las comunidades para su operación aunque sin ningún tipo de garantía acerca de su sostenibilidad financiera.
Durante la campaña electoral de diciembre de 2015, algunos candidatos del partido de gobierno, acompañados por funcionarios, distribuyeron tabletas sin costo a estudiantes universitarios de varios estados del país. Los actos ocasionaron quejas sobre proselitismo y también fuertes disturbios entre los supuestos beneficiarios.35 Otras denuncias fueron las relativas al otorgamiento de celulares de la empresa estatal Movilnet a grupos alineados con el partido de gobierno.
Restricciones de conectividad
Aunque no existen cifras exactas, de acuerdo con las disponibles se puede afirmar que el Estado, a través de la CANTV, es el dueño de la mayor parte la infraestructura de conexión o troncal (backbone) nacional. En el año 2015 entidades del gobierno discutieron sobre la posibilidad de establecer un punto neutro de intercambio de Internet (IXP), pero hasta el momento no se ha avanzado en ello.
Las caídas y fallas del servicio de Internet son comunes y en ocasiones duran largos períodos. Entre agosto y septiembre del 2015 usuarios de diversos estados reportaron caídas por largas horas del servicio de banda ancha de CANTV (ABA). Incluso proveedores privados, cuyas redes utilizan a la CANTV como carrier, fueron afectadas. De acuerdo con Juan Véliz, Presidente del Sindicato de la CANTV, se reportaron 126 mil fallas en tres semanas. En octubre de 2015, el presidente de la CANTV, Manuel Fernández, dijo que las fallas se debían al aumento de la demanda y anunció una inversión de 200 millones de dólares para modernizar las redes de CANTV y Movilnet.
Infociudadanos y ciberactivistas manifestaron sus sospechas en torno a estas fallas, cercanas a las elecciones parlamentarias. Los días previos a los comicios, dos ONG, — el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela) y Acceso Libre — registraron la interrupción de los servicios de las empresas Inter y ABA-CANTV en 12 estados del país. El periodista de la fuente de telecomunicaciones Fran Monroy observó también que “sospechosamente los proveedores degradaron el ancho de banda” los días previos a las elecciones. Dyn Research confirmó una pequeña reducción del tráfico ese día. Aunque no hubo un blackout, sí se presentó una degradación de los servicios de conectividad ese fin de semana.
CANTV señaló que las interrupciones eran debidas a un uso masivo de Internet por los comicios electorales. CONATEL, por su parte, señaló que los reportes y las quejas obedecían a “operaciones de desinformación” destinadas a crear ansiedad e incertidumbre. Un estudio de Ipys-Venezuela confirmó, sin embargo, que “el día de las elecciones se observó una mejora en el desempeño de la red.”
Mercado de las TIC
Aunque existen 86 proveedores privados, el Estado domina el mercado de las TIC. Cerca del 70 por ciento de los usuarios acceden a Internet a través de CANTV o de Movilnet. Uno de los objetivos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019) es alcanzar “niveles no vitales” de conexión con las redes de comunicación e información “dominadas por los poderes neo coloniales”.
La política gubernamental de control de cambio, que impide a las empresas repatriar sus ganancias en divisas y acceder con facilidad a los recursos necesarios para sus inversiones, ha incidido en el deterioro de los servicios y creado una barrera imposible de sortear para las nuevas empresas que quisieran entrar al mercado. La disponibilidad de los equipos es cada vez menor debido a la escasez de dólares para pagar las importaciones. En ocasiones especiales, como en el Día de las Madres, los teléfonos celulares se ofrecen a precios exorbitantes.
La CANTV es el único proveedor de servicios ADSL y domina el mercado de banda ancha fija con el 70 por ciento de los usuarios. El resto del mercado lo ocupan pequeños operadores privados. Tres compañías ofrecen acceso a Internet vía cable modem. Inter, el segundo proveedor de servicios de Internet (PSI) más usado, después de ABA-CANTV, ofrecía una conexión de 10 Mbps que ya no está
disponible para nuevas activaciones. Actualmente la empresa solo ofrece un servicio mínimo de 1 Mbps a un precio levemente superior al de ABA-CANTV.
La estatal Movilnet también ejerce el dominio en el mercado de la telefonía móvil celular, con cerca de la mitad de los usuarios. De éstos, el 50 por ciento cuenta con tecnología CDMA/EvDo. Movistar, con tecnología HSPA+ y una oferta reducida de LTE, tiene el 34 por ciento del mercado. Digitel ocupa el 16 por ciento restante y es la empresa líder en redes LTE, aunque su despliegue ha sido lento debido a la carencia de terminales adecuados.
Entitades reguladoras
CONATEL es la entidad estatal responsable del otorgamiento de las licencias para operar servicios de telecomunicaciones y de regularlos. La ley Resorte-ME le concede poderes administrativos sobre el bloqueo y remoción de contenidos, así como sobre las sanciones a los ISP, los cuales ha ejercido sin ofrecer a las partes afectadas las garantías al debido proceso (ver Bloqueo y filtración).
El artículo 35 de la ley orgánica de telecomunicaciones le confiere a CONATEL autonomía operativa y administrativa; no obstante, el artículo 40 dispone que el presidente de la república tiene reservada la facultad de nombrar y de remover a su director y a los otros cuatro miembros de la junta, lo cual lo hace dependiente del poder ejecutivo. Venezuela ocupó el último lugar (143) en la sección “ámbito político y regulatorio” del Índice de Preparación para la Sociedad de la Información del Foro Económico Mundial, que mide la capacidad de los países de aprovechar las TIC para aumentar la competitividad y el bienestar social.
Límites al contenido
Aunque la mayoría de los sitios web bloqueados son relacionados con el dólar paralelo, la censura también ha recaído sobre medios y blogs críticos del gobierno. La responsabilidad de los intermediarios establecida en la ley Resorte-ME, así como el acoso a los periodistas e infociudadanos por parte de grupos progobierno, han promovido tanto la autocensura como la remoción de contenidos. A pesar de ello, el entorno digital venezolano se mantiene muy activo, gracias a la emergencia de nuevos medios y a la existencia de usuarios cada vez más críticos.
Bloqueo y filtración
Durante este período se mantuvo la política de bloqueo de contenidos. En julio de 2015, el portal informativo argentino Infobae reportó que su sitio fue bloqueado después de la publicación de dos artículos críticos acerca de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Para evadir la censura, el medio abrió sitios alternativos como “Infobae.media” e “Infobae.press.”
El primero de octubre de 2015, Alberto Ravell, director del portal informativo con mayor número de visitas únicas, La Patilla, reportó que el tráfico hacia el sitio había sido bloqueado por CANTV. Ese mismo día, otros usuarios manifestaron que sitios de contenido político como Maduradas, Aporrea and Informe 21, eran inaccesibles a través de CANTV. Si bien existían sospechas de bloqueo de páginas específicas, un gran número de portales era supuestamente inaccesible. Otras quejas involucraron sitios relacionados con Bitcoin,64 y sitios de noticias como “diariodecuba.com” e “infodio.com.” Según informó DolarToday, una prueba de los ingenieros de CloudFlare encontró que “el problema parecía ser debido a un bucle de router cerca del cliente,” y estimó que otros sitios que utilizaban CloudFlare se habrían visto afectados por un intento de bloquear DolarToday.
Un estudio realizado por Ipys-Venezuela entre noviembre de 2015 y enero de 2016, en el contexto de las elecciones parlamentarias, confirmó la existencia de bloqueos específicos. La investigación, que cubrió una muestra de tres estados y el área metropolitana, verificó que 43 sitios web fueron sistemáticamente bloqueados por uno o más PSI. Los cinco más importantes PSI bloquearon los sitios NTN24 e Infobae. Cerca del 44 por ciento de los sitios bloqueados tenían relación con el mercado negro del dólar, mientras que el 19 por ciento eran portales de noticias. También sufrieron bloqueos blogs críticos del gobierno y sitios de juegos. El estudio también confirmó que los portales de diferentes causas y de organizaciones defensoras de derechos humanos eran accesibles sin problemas.
En junio de 2015 el director de CONATEL, William Castillo, confirmó ante una delegación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual investigaba si Venezuela había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que su despacho había bloqueado “legalmente” mil sesenta sitios web, aunque negó que esa fuera una política oficial. En esa ocasión también reconoció que fueron bloqueados más de 900 enlaces al sitio web DolarToday.
CONATEL ha negado las solicitudes de información hechas por la ONG Espacio Público acerca de los procedimientos legales seguidos para el bloqueo de sitios web. De forma similar, una corte administrativa rechazó una apelación de Espacio Público contra la CANTV por no dar información precisa sobre los bloqueos a sitios web en Venezuela.
Remoción de contenido
Los contenidos relacionados con la crisis económica o con asuntos políticamente críticos fueron objeto de remoción selectiva. La ley Resorte-ME establece que los sitios web pueden ser considerados responsables por el contenido publicado por terceros y otorga a CONATEL la capacidad discrecional de imponer severas sanciones. Su articulado es sumamente amplio y prohíbe mensajes que promuevan la ansiedad entre la población, alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legalmente constituidas o promuevan la violación de leyes existentes. Este marco legal ha ocasionado autocensura y la censura previa, dado que los editores y webmasters se ven alentados a evadir la publicación de información que les pueda ocasionar sanciones.
En noviembre de 2015 se modificó la ley de precios justos para incluir una disposición acerca de la “diseminación fraudulenta de precios” que le da a la Superintendencia de Precios Justos (SUNDEE) el poder de castigar a los medios y páginas web por crímenes económicos establecidos en la ley (ver Ámbito legal). Justo después de la reforma, el vicepresidente de la república, en conjunto con el ministro de industrias y comercio ordenó a los responsables del sitio de comercio electrónico Mercadolibre.com retirar del portal productos con precios regulados, tales como medicinas, cauchos y baterías.
En cuanto a medidas judiciales dirigidas a la remoción de contenidos, en junio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer del estado Táchira ordenó al periodista Saúl Acevedo a borrar un tuit en el que satiriza al gobernador del estado Táchira y a su esposa, Karla Jiménez de Vielma, quien lo había demandado por agresión y acoso. La corte también le prohibió al comunicador realizar cualquier acto “de intromisión por sí o por interpuesta persona y en cualquier medio o plataforma de comunicación de la ciudadana Karla Margarita Jiménez de Vielma y de los integrantes de su familia.”
En noviembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició un procedimiento administrativo en contra de la cámara venezolana de la industria alimentaria (CAVIDEA) y la universidad católica Andrés Bello (UCAB), instándolos a retirar de sus canales de YouTube una serie de videos que promovían el derecho al voto en las elecciones parlamentarias. De acuerdo con el CNE, los videos violaban normas de la campaña que prohibían la diseminación de propaganda política por parte de personas no autorizadas para ello. Se desconoce cómo se desarrolló el procedimiento, pero hasta mediados del año 2016 los videos se mantenían accesibles.
Usuarios críticos también han observado la desaparición de información políticamente sensible de algunos sitios web y plataformas de medios. En octubre de 2015, una entrevista realizada por el reconocido periodista César Miguel Rondón en su programa de radio, en la cual participaron César Batiz, director del medio digital El Pitazo y de Poderopedia, y la directora de Transparencia Venezuela,
Mercedes de Freitas, fue inexplicablemente retirada del sitio web de la emisora (Éxitos FM). En ella los entrevistados habían revelado hechos de corrupción por parte de un sobrino de la esposa del presidente Nicolás Maduro.
En febrero de 2016, una encuesta de opinión lanzada al aire por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), fue removida de ese medio, incluso una captura de pantalla posteada en Twitter. La encuesta sugería que una amplia mayoría de la población apoyaría la aprobación de una ley de amnistía que se discutía en la Asamblea Nacional dirigida a liberar a los presos políticos.
En noviembre de 2015 un video de ficción llamado La Tumba, en el que se representaba la situación de los presos políticos en un centro de detención en Caracas, fue removido de Facebook sin ninguna explicación. De acuerdo con Marianne Díaz, directora de la ONG Acceso Libre, Facebook no respondió las consultas realizadas y concluyó que “aunque o se realizaron pruebas técnicas, este podría ser un caso de censura previa.”
Medios, diversidad y manipulación del contenido
En comparación con los medios tradicionales, la esfera digital es un espacio vibrante para la expresión social y política, y un recurso cada vez más común para el acceso a la información. Sin embargo, o justamente por ello, el gobierno ha buscado incrementar su influencia usando los medios públicos y alentando a sus simpatizantes a acosar a quienes se les oponen.
La crisis económica ha impactado al sistema de medios privados que cuenta con pocos recursos para pagar profesionales cualificados, generar contenidos de calidad y promover productos y servicios a través de la publicidad. La censura y la autocensura operan contra el oficio reporteril crítico. En los días cercanos a las elecciones parlamentarias de 2015 una encuesta entre 227 periodistas arrojó como resultado que el 18 por ciento de ellos dejaba de informar sobre ciertos temas por miedo a sufrir represalias administrativas o legales (ver ámbito legal).
A pesar de las limitaciones económicas y de la censura, la emergencia de nuevos medios digitales ha sido notoria en los últimos años. Algunos medios impresos han migrado a la web debido a las restricciones impuestas por el gobierno para la compra de papel, y los medios radioeléctricos han abierto su
ventana digital. De los medios estatales sólo dos—la Agencia Venezolana de Noticias y Venezolana de Televisión— se cuentan entre los primeros 25 medios más visitados (posiciones 24 y 26 respectivamente), de acuerdo con la medición hecha por la firma Medianálisis en marzo de 2016. De los medios afines al gobierno, Laiguana.tv es el que aparece mejor ubicado, en el sexto lugar, mientras que el medio abiertamente opositor La Patilla lidera la medición en el primer lugar.
En Venezuela también han surgido nuevos medios vinculados con ONG, como Crónica Uno, una iniciativa de Espacio Público con foco en sectores económicamente deprimidos y de escasa cobertura. Otro caso es El Pitazo, gestado a lo interno de IPYS Venezuela. Estructurado como una red de corresponsales en varios estados del país, El Pitazo ofrece un panorama informativo que trasciende la capital. También es notorio el impulso que han tenido iniciativas como VivoPlay.net, una plataforma paga de TV sobre banda ancha que transmite contenido propio. Según el periodista Eugenio Martínez, esta sobrepasó los 60 mil suscriptores al inicio del año 2016. En un país con una velocidad promedio de conexión menor a los 2Mbps este es un hecho notable. En ocasiones, cuando ningún otro medio cubre eventos de relevancia política, VivoPlay deja su señal abierta de forma gratuita.
La polarización de los medios fue especialmente aguda durante el período previo a las elecciones parlamentarias a finales de 2015. Un estudio del Observatorio Global de Comunicación y Democracia determinó que, mientras la prensa tradicional privilegiaba la vocería gubernamental, medios emergentes, como Efecto Cocuyo, ofrecían aristas distintas y más complejas del proceso. Igualmente, este estudio determinó que las voces de los ciudadanos prevalecieron en las conversaciones relacionadas con las elecciones, particularmente en Twitter, más que las vocerías vinculadas al gobierno o a los medios de comunicación.85 Por otro lado, en un esfuerzo por hacer presencia en el entorno digital, y en abierta violación de la ley electoral, algunas plataformas del Estado fueron usada por funcionarios para hacer propaganda. El propio ministro de información y comunicación publicó videos a favor de candidatos del gobierno en el canal de YouTube de esa dependencia.
La creación de una “guerrilla de cibermilitantes” conocida como La Tropa se ha dedicado, entre otras cosas, a posicionar al gobierno en el ciberespacio. Partidarios del partido de gobierno vinculan sus cuentas en Twitter con la del presidente Maduro para replicar de manera automática sus mensajes. Por esa razón, “la cuenta de Maduro recibió la tercera mayor cantidad de retuits registrados entre todos los líderes mundiales,” destacó el periodista Luis Carlos Díaz. Analistas de medios sociales han descubierto que el gobierno se vale también de cuentas automatizadas que simulan un comportamiento humano (bots) para diseminar sus contenidos. Estudios académicos, sin embargo, también han concluido que aunque el gobierno sí utiliza los bots, “los más activos son los usados por la llamada ala radical de la oposición” aunque estos sólo “promueven eventos políticos inocuos y no se dedican a atacar a oponentes o a difundir información falsa o incorrecta.”
La mayoría de los funcionarios se niega a otorgar entrevistas y usualmente usan Twitter para diseminar información sesgada o dirigida que es replicada por sus seguidores mediante el uso de etiquetas. El análisis de cinco etiquetas promovidas por el gobierno en mayo de 2015 demostró que eran impulsadas desde cuentas de funcionarios. Esta investigación, desarrollada por Ipys-Venezuela observó que la cooptación de los medios del Estado, incluidas sus plataformas digitales, impide que los venezolanos accedan a la información de forma oportuna y adecuada.
Activismo Digital
A pesar de las limitaciones, los venezolanos son ávidos usuarios de Internet. Las redes sociales se han convertido en herramientas importantes para el activismo y la movilización política. De acuerdo con la firma consultora Tendencias Digitales, de los venezolanos con acceso a Internet el 75 por ciento usa redes sociales, el 74 consume noticias, y el 51 por ciento busca información en la red. La red social más popular es Facebook con aproximadamente 13 millones de usuarios. Aproximadamente el 70 por ciento de los venezolanos con conexión a la red usa Twitter, una cifra muy alta en comparación con el promedio regional del 50 por ciento. El 50 por ciento de los conectados tiene cuentas en Instagram, una cifra superior al promedio regional del 35 por ciento.
Los medios y redes sociales se convirtieron en un importante campo de batalla durante las elecciones parlamentarias. Etiquetas como #PaLaAsambleaComoSea y #VenezuelaQuiereCambio pretendían movilizar a los usuarios. Un estudio publicado por IPYS-Venezuela en febrero de 2016 consiguió que la palabra “guerra” constituía una tendencia entre las cuentas en Twitter de los candidatos. El posicionamiento de etiquetas como tendencias (trending topics) también se intensificó durante la campaña electoral. Ministerios y entidades públicas se dedicaron a promover las progubernamentales
#PorMásSaludel6DGanaChávez, #RumboALaVictoriaChavista, and #YoVotoPorLaGenteDeChávez.
A propósito de las elecciones, los candidatos crearon sitios web, páginas en Facebook, e hicieron uso intensivo de plataformas como Twitter, Instagram, YouTube e, incluso, Periscope. El gobernadora del estado Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles —el político de habla hispana con el mayor número de seguidores en Twitter — acompañó la apertura de la campaña electoral desde la aplicación Facebook Mention; el líder también acostumbra a transmitir sus ruedas de prensa vía Facebook,
Periscope y su canal de TV sobre IP. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) abrió un canal en YouTube tres días antes de las elecciones, nutrido de información trasmitida por periodistas e infociudadanos a través de redes sociales y aplicaciones como WeTransfer o Periscope.
Después de las elecciones en la cual la alianza opositora alcanzó la mayoría, antes de la toma de posesión de los nuevos diputados, el canal oficial de TV de la Asamblea Nacional fue desmantelado por funcionarios. Las nuevas autoridades del parlamento comenzaron entonces a transmitir sus sesiones vía YouTube. En febrero 2016, el presidente Nicolás Maduro lanzó su nueva página en Facebook; su nuevo show de TV, En Contacto con Maduro, se disemina también a través de Twitter, Facebook, YouTube, Periscope and LiveStream.
Los nuevos medios y el uso de redes sociales impactaron fuertemente la cobertura de las elecciones de diciembre. La red de activistas @reporteya y el periódico El Nacional (@elnacionalweb) desarrollaron talleres a lo largo y ancho del país para entrenar a los ciudadanos acerca de cómo monitorear y cubrir el proceso electoral. Medios digitales y ONG crearon alianzas para monitorear los incidentes antes y durante los comicios. El periódico Tal Cual y los medios digitales Runrunes, El Pitazo, Poderopedia y Crónica Uno cubrieron, con cerca de 100 periodistas en 23 ciudades del país, los incidentes más relevantes. Esa coalición incluyó a la ONG Transparencia Venezuela, la cual desarrolló Dilo Aquí, una plataforma para recoger eventos.
Ipys-Venezuela y el Observatorio Electoral Venezolano crearon El Guachimán Electoral, un mapa digital para monitorear las irregularidades electorales que incluía el uso de SMS, Twitter (#GUACHIMAN6D), WhatsApp y su propio sitio web. Al final de la elección la plataforma mostró que más del 85 por ciento de la información recibida provenía de ciudadanos: 5.337 mensajes en el sitio web, 1.179 correos, 1.000 SMS, y 3.704 tuits con la etiqueta #guachiman6D. La ONG Acceso Libre e IPYS-Venezuela también
examinaron las restricciones para el acceso a Internet durante las elecciones. Finamente, el propio día de las elecciones, mientras se contaban los votos en la madrugada entre el 6 y el 7 de diciembre y aún el Consejo Nacional Electoral no anunciaba los resultados oficiales, Lilian Tintori, la esposa del líder opositor en prisión Leopoldo López, envió un tuit con un video revelando la victoria de la alianza opositora. Con más de dos millones de seguidores, el mensaje se hizo viral en minutos.
En marzo de 2016, cuando la oposición comenzó su estrategia dirigida a revocar el mandato del presidente Maduro, se abrió el sitio web revocalo.com para movilizar a los ciudadanos y organizar el voluntariado para la tarea de recolección de firmas. Debido a la aguda escasez de medicinas, los venezolanos también han creado sitios web, novedosas aplicaciones y cuentas de Twitter para intercambiar información y aliviar las penurias que padecen debido a la crisis económica.
Violaciones de los derechos de los usuarios
En septiembre de 2015 el prominente líder opositor Leopoldo López fue sentenciado a 14 años de cárcel. Acusado por una supuesta “instigación a delinquir” durante las protestas antigubernamentales de febrero
de 2014, entre las pruebas usadas para inculparlo se analizaron un centenar de tuits y un video difundido a través de YouTube. Aunque seis de los nueve detenidos por mensajes emitidos vía Twitter fueron liberados, tres permanecen detenidos. La libertad de expresión e información en el ámbito digital ha sido progresivamente restringida a través de leyes coercitivas y mecanismos de vigilancia. Periodistas de medios digitales, ciberactivistas, así como simples usuarios son víctimas de acoso y violencia en y fuera de línea.
Ámbito legal
Aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, el partido de gobierno ha ido promulgando leyes y reglamentos que reducen y amenazan este derecho. En diciembre del año 2010, la Asamblea Nacional reformó la ley Resorte-ME para incluir prohibiciones amplias y vagas que permiten a las autoridades restringir el discurso de forma discrecional. El artículo 27, por ejemplo, prohíbe mensajes que fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas o inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Esta ley también establece que los intermediarios se hacen responsables por los contenidos emitidos por terceros y establece mecanismos para restringir contenidos. Los medios que, según las autoridades, violen estas disposiciones pueden ser multados con altas sumas de dinero o con la suspensión de sus operaciones.
Activistas y periodistas también enfrentan cargos de difamación establecidos en el código penal, que establece penas de prisión por difamación de funcionarios. Otras leyes ofrecen vías adicionales para limitar el discurso: por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en enero de 2015, establece la pena de cárcel para las personas que “comprometen la seguridad y la defensa de la Nación.”
En noviembre de 2015, la reforma de la ley de precios justos incorporó el pago de altas sumas por concepto de multas, así como la de prisión para los responsables de medios electrónicos que publiquen información fraudulenta acerca de los precios de bienes y servicios. Según el artículo 61, el delito de difusión fraudulenta de precios se sancionará con prisión de dos a cuatro años y se aplicará a “quien difunda por cualquier medio noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios, o el valor real de los elementos que componen su fijación.” Como resultado, al menos 15 personas fueron arrestadas al mes de entrar en vigencia la ley (ver Procesos y detenciones por actividades en línea).
Las elecciones de diciembre de 2015 marcaron un giro en el poder legislativo, hasta ese entonces controlado por Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A la alianza opositora, con una amplia mayoría, se le abrió entonces la posibilidad de reformar dos leyes claves, la de telecomunicaciones y la Resorte-ME. No obstante, la sala constitucional del TSJ, cuyos miembros fueron designados por el PSUV antes de dejar la Asamblea Nacional, ha bloqueado iniciativas promovidas desde la Asamblea declarándolas inconstitucionales.
Procesos y detenciones por actividades en línea
Varias personas fueron arrestadas durante este período. Uno de los casos más notorios fue el juicio y la sentencia del líder opositor Leopoldo López. Encarcelado desde febrero de 2014 en una cárcel militar, la Fiscalía lo sentenció a cumplir casi 14 años de prisión bajo los cargos de “asociación para delinquir, instigación pública y determinador en los delitos de incendio y daños.” El argumento central del juicio consistió en el discurso que dio López el 12 de febrero, en el cual llamaba a los ciudadanos a unirse a las protestas (#LaSalida). De acuerdo con la juez, las protestas alentadas por López buscaban derrocar al gobierno y causaron la muerte de 43 personas. La interpretación del discurso de López se basó en el análisis de un centenar de tuits, y de un video que circuló en YouTube. Aunque López llamó a la no violencia, la Fiscalía determinó que había usado “mensajes subliminales” para incitar a otros a delinquir. Días después de la sentencia, el fiscal Franklin Nieves huyó del país y buscó asilo político en los Estados Unidos. Según declaró, había sido presionado para aceptar evidencias falsas. Las audiencias, que debían haber sido públicas, estuvieron negadas a los venezolanos que se mantuvieron informados de los incidentes a través de las redes sociales; los medios internacionales igualmente confrontaron dificultades para cubrir el juicio.
Algunos periodistas han sido arrestados en el ejercicio de sus funciones, como la cobertura de protestas (ver Intimidación y violencia). El 18 de marzo el periodista de la emisora de radio Fe y Alegría Pedro Luis Montilla, quien informaba en su blog sobre la desaparición de 28 mineros en el pueblo de Tumeremo, al sur del país, fue arrestado e interrogado por agentes de seguridad y su computadora fue decomisada.
El 26 de abril, Reinaldo Mozo, reportero de Efecto Cocuyo fue arrestado y detenido brevemente mientras cubría protestas por la escasez de alimentos en el estado Vargas.
Al tiempo que la crisis económica empeora, los arrestos se hacen más frecuentes. Con base en la reforma de la ley de precios justos, implementada en noviembre de 2015, de acuerdo con las declaraciones del vicepresidente de la república se detuvieron 23 personas, 15 de las cuales por ventas inescrupulosas y especulación de precios a través de ventas en línea. Julio César Hernández Sánchez fue arrestado por revender píldoras anticonceptivas, Reinaldo Tatoli por el comercio de cauchos, y Omar Vicente Machado Evia por la venta de equipos electrodomésticos.
Seis de los llamados “tuiteros presos” fueron liberados en abril de 2016. Algunos de ellos habían difundido información, fotografías, o hecho bromas acerca de la muerte del diputado del PSUV Robert Serra, asesinado en el 2014. Tres de ellos permanecen detenidos:
- Victor Ugas fue arrestado el 13 de octubre de 2013 después de publicar unas fotos con el cadáver de Serra. Se le imputaron los cargos de espionaje informático y divulgación de datos o información personal.
- Leonel Sánchez Camero fue detenido el 22 de agosto de 2014. Se le acusó de promoción del odio, de conspiración, de difamación y de acceso ilegal a los canales electrónicos. Permanece detenido en el (SEBIN).
- Skarlyn Duarte fue arrestada el 26 de agosto de 2014 por cargos relacionados con mensajes emitidos vía Twitter en contra de funcionarios. Aún permanece detenida.
Un conjunto de ONG que participó en una audiencia sobre la libertad de expresión en Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2015, reportó que del 2002 al 2015, 36 personas habían confrontado acciones legales. De éstas, 29 fueron por difamación. Más de la mitad corresponde al grupo de ejecutivos de medios denunciados en abril del 2015 por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Cabello los demandó por haber reproducido una noticia del diario ABC de España en la que se le vinculaba con el tráfico de drogas. Entre los acusados se encuentra Alberto Federico Ravell, fundador y director del medio digital La Patilla. En agosto de 2015, este medio también había recibido una demanda mil millonaria por daños morales.
En octubre de 2015, el Banco Central de Venezuela (BCV) entabló una demanda en Estados Unidos en contra de tres ciudadanos venezolanos que, según el gobierno, son los responsables del sitio web Dólar Today. Estos fueron acusados de ciberterrorismo para causar estragos económicos a la nación. En un comunicado de prensa, el BCV aseguró que Dólar Today distorsionaba la tasa de cambio con el propósito de deteriorar el poder adquisitivo de los venezolanos. Más adelante, en febrero, el presidente Maduro insistió en que la crisis económica del país era causada por “esa página web dirigida desde los Estados Unidos.”
Vigilancia, privacidad y anonimato
Las actividades de vigilancia y contrainteligencia por parte del gobierno han venido en aumento desde el año 2013 cuando la “defensa de la nación” quedó establecida como prioridad en el Plan de la Patria.
Aunque resulta difícil determinar el alcance de estas tareas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos han denunciado que han sido objeto de vigilancia y espionaje por parte del gobierno. La falta de un órgano independiente ha generado preocupación sobre la facilidad con la que podría estarse implementando una vigilancia sistemática.
Un decreto emitido en octubre de 2013 creó el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo especial encargado de monitorear los medios y la información en línea. El ministerio de Información y Comunicación ha desarrollado talleres de formación para los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con el fin de “implementar un sistema de alertas tempranas,” “mantener informados en forma veraz a la población venezolana,” y “detectar cualquier amenaza para defender nuestra soberanía nacional.”
De forma progresiva también han surgido alertas en torno a la compra de programas (software) de vigilancia por parte del gobierno. Los correos filtrados por Wikileaks en julio de 2015 revelaron que el ministerio de Interior, Justicia y Paz había mostrado interés en la compra de productos a Hacking Team, aunque no se obtuvieron pruebas de que la transacción haya sido hecha. Un informe de
Citizen Lab detectó la existencia de un servidor de FinFisher en Lituania, el cual podría estar sirviendo como intermediario para algún servidor en Venezuela.
En abril de 2016, desde la ciudad de Miami, el periodista Casto Ocando publicó un reportaje sobre la presunta existencia de una organización, bajo la dirección del presidente Maduro, dedicada a la vigilancia electrónica de miembros prominentes de la oposición política. Según Ocando, las operaciones son coordinadas por un grupo de civiles y militares dentro del CESPPA, usando “una combinación de avanzados equipos electrónicos de escucha y virus diseñados por especialistas rusos y chinos.
También ha surgido un grupo de llamados “patriotas cooperantes,” personas anónimas supuestamente dedicadas a recolectar de forma ilegal información personal y privada de ciudadanos, políticos y activistas, y luego entregarla a las autoridades. Supuestas pruebas aportadas por estos informantes anónimos, de acuerdo con la agencia Reuters, han sido usadas en al menos 20 casos llevados a tribunales desde 2014. Los ataques públicos contra las voces disidentes, con base en información provista por los “patriotas cooperantes” son un hecho común en el programa de televisión del
vicepresidente del PSUV y expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. En mayo de 2015, los
directores de las ONG Espacio Público y Provea pidieron a la Fiscal General que investigara a Cabello, luego de que este divulgara el contenido de una comunicación entre ambos que sólo podía haber sido obtenida mediante la intercepción de sus comunicaciones.
En Venezuela no hay restricciones en cuanto al uso de tecnologías de encriptación u otras herramientas similares. Las leyes del país, particularmente la ley contra los delitos informáticos y la de protección de las comunicaciones personales, garantizan la privacidad de las comunicaciones; en la práctica, sin embargo, sus disposiciones son ignoradas y en los casos en los que se demanda su aplicación las
víctimas son desatendidas por los entes encargados de investigar y sancionar a los infractores.
La constitución expresamente prohíbe el anonimato. Para comprar un teléfono celular, una tarjeta SIM o un modem para acceder a Internet, se requiere el registro de la cédula de identidad personal, la firma y las huellas dactilares. La ley contra el secuestro y la extorsión también contiene disposiciones que obligan a las empresas de telecomunicaciones y a los bancos a suministrar la información requerida por los organismos de investigación policial.
En octubre de 2015, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) emitió un comunicado en el que anunciaba que los bancos estaban obligados a suministrarle a este organismo las direcciones IP vinculadas con las transacciones hechas por sus clientes, así como otros sensibles. La medida estaba supuestamente orientada a obtener información sobre la compraventa de divisas en el llamado mercado paralelo. La recolección de datos personales generó suspicacias y preocupación entre políticos, activistas y periodistas, pues la identificación de las direcciones IP, así como otro tipo de información sensible habría sido utilizada para identificar a quienes expresan opiniones disidentes a través de la web: una filtración reveló que, en medio de las protestas de febrero del año 2014, CONATEL ayudó a localizar a usuarios de redes sociales que posteriormente fueron arrestados por el SEBIN (ver Procesos y detenciones).
Durante el proceso electoral de 2015 el gobierno desarrolló un sistema dirigido a monitorear a los ciudadanos en los centros de votación. En la antesala de los centros de votación los ciudadanos debían captar sus huellas en un dispositivo biométrico. Conociendo esta información, y cruzándola con otras bases de datos, como las de las misiones, o las utilizadas para la compra de comida, en teoría el PSUV estaba en capacidad de saber quiénes habían votado o no, y presionar o “remolcar” votantes. En medio de la solicitud de la oposición de realizar un referéndum para decidir sobre la continuación de la presidencia de Nicolás Maduro, proceso basado en la recolección de firmas y captura de huellas digitales, los funcionarios han amenazado con retaliaciones a quienes pretendan activarlo, advirtiendo que “no hay datos privados.”
Intimidación y violencia
Los reporteros que cubren eventos políticos, protestas, o simples colas para la compra de alimentos y medicinas sufren arrestos arbitrarios, confiscación de sus teléfonos celulares, o son obligados por las autoridades a borrar la información de sus dispositivos. También se han hecho cada vez más frecuentes los ataques físicos perpetrados por civiles progobierno, algunos incluso bajo la mirada de los agentes de seguridad. En mayo de 2015 el fotorreportero Harold Escalona, del medio digital El Estímulo, fue atacado y robado por civiles progobierno, luego de fotografiar a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que desalojaron a diputados opositores en la sede del CNE. También en mayo, María Virginia Velázquez, corresponsal de El Pitazo en Mérida, fue atacada por simpatizantes del gobierno mientras cubría la visita de la dirigente del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, al hospital universitario de esa ciudad.
El acoso y la intimidación a los periodistas críticos es común en las redes sociales, especialmente los insultos y las amenazas vía Twitter, luego de la cobertura de eventos políticamente sensibles. En los primeros meses de 2016, organismos del Estado y medios progobierno desarrollaron campañas de desprestigio contra medios y periodistas críticos. William Castillo, director de CONATEL, frecuentemente postea mensajes negativos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos a través de su cuenta personal en Twitter; igualmente este tipo de mensajes son comunes en el sitio web del vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello. Los periodistas que participaron en el proyecto “Los Papeles de Panamá” (Panama Papers) recibieron insultos a través de las redes sociales y fueron desacreditados en portales oficiales y progobierno.
Ataques técnicos
El hackeo de cuentas y la falsificación de perfiles de periodistas, escritores y figuras de la TV sigue siendo un hecho común. Luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 comenzaron a circular unos mensajes urgiendo a la privatización de la CANTV. Estos fueron inicialmente diseminados a través de la cuenta de Twitter (@roosengustavo), supuestamente perteneciente al expresidente de esa compañía. El 13 de diciembre, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) institución educativa dirigida por Roosen, aclaró que esa cuenta era falsa y que la suya (@gustavoroosen) estaba inactiva desde el año 2011. No obstante, y valiéndose de esas supuestas “amenazas privatizadoras,” el
15 de diciembre grupos progobierno promovieron marchas y movilizaciones en contra del “plan
privatizador” de las telecomunicaciones. De acuerdo con la profesora Rosa Amelia González y otros analistas, esta fue una mentira deliberada para justificar las movilizaciones. Justo después de las elecciones, personas no identificadas hackearon el sitio web de la CANTV.
Medios digitales dedicados al periodismo de investigación y que usualmente divulgan casos de corrupción también han denunciado ser víctimas de ciberataques. El 3 de abril, cuando el sitio
Armando.Info comenzó a publicar los reportajes de los Papeles de Panamá — que mostraban evidencia acerca de la corrupción y el lavado de dinero por parte de funcionarios y personas cercanas al gobierno — fue hackeado y se mantuvo fuera de línea por cerca de 12 horas.
Un estudio de Citizen Lab aportó evidencia de una extensa campaña de desinformación mediante el uso de código malicioso y de phishing.
DESCARGA INFORME EN PDF fotn-2016-venezuela-final_espanol-1
