IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
El relator especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH, explica a El espectador el contenido del informe que esta organización acaba de publicar en torno a lo que sucede en el continente. Habla de los ataques de Trump y otros mandatarios a la prensa
Por Cecilia Orozco Tascón | El Espectador
América Latina ha pasado de tener un grupo de presidentes con tendencia política de izquierda, a otros de derecha, empezando por Estados Unidos. ¿Ha afectado esta inclinación la libertad de expresión y la de los medios a ejercer periodismo independiente?
La experiencia indica que esta libertad, fundamental para la democracia, ha sido protegida o puesta en riesgo en la región por gobiernos de todos los espectros ideológicos. En materia de gobiernos, hay buenas y malas prácticas. En el marco del derecho internacional, desde la Relatoría documentamos los hechos que pueden afectar la libertad de expresión de acuerdo con las normas internacionales que obligan a los Estados. A partir de ahí, interactuamos con éstos para llamarles la atención. Podemos decir que hemos enviado comunicaciones públicas y reservadas a buena parte de los gobiernos manifestando nuestras preocupaciones o para destacar una buena decisión, sin importar quién ocupe el Ejecutivo. Un dato que me preocupa es que la cantidad de agresiones y ataques a la prensa o a opositores por parte de las autoridades se ha incrementado, lo que nos habla de un deterioro del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en el hemisferio.
El presidente Trump ha puesto de moda y les ha dado patente de legitimidad a los ataques a la prensa más prestigiosa de Estados Unidos acusándola de publicar noticias falsas cuando se trata de verdades que afectan su imagen. ¿El ejemplo del mandatario estadounidense ha contaminado a otros gobiernos?
Bueno, tal vez haya sido a la inversa y los asesores de Trump aprendieron el método de algunos caudillos latinoamericanos. Algunos presidentes como Correa o Nicolás Maduro, o personajes como Diosdado Cabello, y el propio Álvaro Uribe, en Colombia, pusieron, antes que Trump, a periodistas como opositores, subversivos o enemigos del pueblo. La teoría del “enemigo interno”, tristemente, no es nueva y viene de los autoritarismos de distinta cepa. Trump viene ejercitando su propio estilo y le ha dado un uso deliberado al término fake news para desacreditar a quienes informan con apego a los estándares del periodismo de calidad. Por ello sus seguidores comienzan a aislarse y sólo creen en la versión del líder. Obviamente, las instituciones y los medios de Estados Unidos han reaccionado con más y mejor investigación periodística, pero no deja de ser preocupante el efecto de imitación que esta estrategia pueda generar a nivel global.
Ciertamente, en Colombia el expresidente Uribe ha utilizado, desde 2002, su poder político y sus discursos para desprestigiar a los periodistas y otros personajes que no le son afectos. Esa constante le ha valido varias reconvenciones de tribunales y cortes, sin mayor acatamiento de su parte. La Relatoría a su cargo, ¿puede hacer llamados de atención a personajes públicos o sólo puede analizar lo que sucede en los países del continente, en abstracto?
Actuamos cuando el senador era presidente. Y también el año pasado, en el marco de un comunicado por sus afirmaciones atribuyendo unas descalificaciones -que no voy a repeti – y hechos falsos al periodista Samper Ospina.
Precisamente, una modalidad de constreñimiento al ejercicio libre de prensa que ha tenido eco en Colombia es el ataque con acusaciones sin fundamento contra periodistas independientes. ¿Qué registra su informe anual al respecto?
En nuestro informe, efectivamente están todos los casos registrados y hemos emitido un comunicado de prensa al respecto. Los funcionarios públicos y representantes por elección popular tienen derecho a la libertad de expresión, pero al hacerlo deben extremar la cautela y cuidar de no estigmatizar a quienes cumplen una función fundamental de la democracia. Esto no es un eslogan: hemos visto en distintos países cómo los discursos de señalamiento van deteriorando el espacio cívico, son capaces de incitar la violencia y, en definitiva, generan una escalada hacia una violencia de hecho o hacia tendencias autoritarias.
Para poner el tema anterior en términos concretos, los columnistas colombianos Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell han recibido los más graves ataques por parte del senador mencionado. ¿Recomendaría medidas cautelares de la CIDH para proteger la opinión de estos comentaristas?
Adjudicar a periodistas hechos que los enfrentan al desprecio público o vincularlos con actividades criminales claramente es un factor que aumenta el riesgo al que están expuestos ya, por el solo ejercicio de su profesión. Respecto al otorgamiento de medidas cautelares, la Comisión evalúa, en cada caso concreto, las situaciones puestas a su consideración y, al hacerlo, establece si se cumplen las condiciones requeridas en el reglamento: gravedad de la situación, urgencia de la misma y la posibilidad de que se produzca un daño irreparable a los derechos de las víctimas.
La campaña electoral en el país ha puesto en el debate actual el tema de la libertad de prensa. El jefe de uno de los dos candidatos con opción de ganar ha sugerido que la concesión de un canal podría ser revisada. El otro candidato, en el extremo ideológico opuesto, si bien dice que defiende la libertad de expresión, ha prometido que en su eventual gobierno “se crearán muchos medios”. La intriga que surge es si serán oficiales. ¿Qué opinión le merecen las dos situaciones?
Los estándares internacionales son claros en ambos temas. En el caso Radio Caracas Televisión en Venezuela, la Corte Interamericana estableció que cuando una alta autoridad amenaza a un medio con revocar una licencia, luego esta autoridad tiene el poder estatal suficiente para utilizar la ley en forma desviada y, efectivamente, revoca esa licencia, esto constituye una forma de censura indirecta que viola la Convención Americana, puesto que la intención real es la de castigar a quien se expresa. Las declaraciones amenazantes contra un canal de televisión por su cobertura, en el caso del presidente Hugo Chávez, fueron consideradas por la Corte como la prueba de la desviación de poder posterior. Respecto a la proliferación de medios gubernamentales, claramente ha sido una experiencia fracasada en el continente. Necesitamos agregar voces en los medios privados o comunitarios y medios públicos con garantías de independencia de los gobiernos, con un mandato claro de estar al servicio del público, y presupuesto suficiente que no dependa de si se habla bien o mal del Ejecutivo.
Para usted, ¿es positivo o negativo que el tema de la libertad de prensa se plantee en un ambiente de polémicas electorales?
Al respecto, observemos a los países que están más arriba en la tabla de desarrollo humano, económico o en indicadores de democracia, y veremos que son también los que tienen más respeto por los estándares de libertad de expresión, protegen la diversidad de sus medios y el derecho de acceso a la información se cumple de manera efectiva. No miremos hacia los modelos autoritarios, sino hacia las democracias más consolidadas.
Otra característica que viene afectando la libertad de expresión, en el país, es la “judicialización”: reclamarle a la prensa mediante denuncias penales o demandas de tutela. Los contradictores buscan -y logran- que la prensa se inhiba de publicar informaciones que no los favorecen mientras se surten las etapas judiciales. ¿Cómo le parecen estos mecanismos?
El uso del derecho penal es un tipo de restricción a la libertad de expresión que no debería aplicarse para dirimir asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos. Colombia debería mirar el ejemplo de más de diez países en la región que han eliminado o reformado los delitos de difamación e injurias, y adoptar un estándar protector para la circulación de información. Por otro lado, el derecho de rectificación es una acción limitada para proteger la afectación del honor o la reputación de una persona, pero sólo debe proceder cuando un juez determina que la información es inexacta o agraviante.
¿Cómo califica los fallos de tutela a medios de comunicación, cada vez más frecuentes y numerosos?
En ocasiones hay buenas prácticas judiciales, pero en otras, francamente, veo excesos. Hay que hacer algunas distinciones que trascienden esta entrevista, pero hay una fundamental: las opiniones no pueden ser objeto de juicios de veracidad y, por lo tanto, tampoco deben ser objeto de orden de rectificación por parte de un juez. En el campo de la información, las causales para imponer el deber de respuesta son dos: inexactitud o agravio, pero debe aplicarse en el marco democrático y bajo un test estricto de proporcionalidad y necesidad.
Cuando usted habla de excesos en algunos fallos de tutela, recuerdo lo que ocurrió a la senadora Claudia López, a quien le han ordenado rectificar su opinión sobre un partido no una, sino dos y creo que hasta tres veces.
Es un buen ejemplo de un desborde en el uso de la rectificación para restringir la libertad de emitir el pensamiento: la justicia ordena a una senadora que rectifique sus opiniones sobre un partido político. De acuerdo con la información disponible, ella retiró la atribución de hechos concretos, pero mantuvo sus conceptos sobre ese partido. Igualmente, se le pidió que retirara su opinión. Justamente, una opinión no es susceptible de un juicio de exactitud o veracidad y, por lo tanto, imponerle a alguien que la retire es tanto como censurar esa opinión, sin perjuicio de que se está en sede del debate político sobre asuntos de presunta corrupción, lo cual constituye un discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión.
La prensa investigativa del país también ha sido blanco de denuncias de unos abogados que defienden a personajes públicos cuya conducta está bajo sospecha. Su pretensión es la misma: inhibir publicaciones de investigación. ¿Ha conocido este tipo de casos y con cuáles conclusiones?
Sobre casos concretos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene jurisdicción subsidiaria a la nacional. Por lo tanto, no quiero adelantar opinión en ninguno de esos procesos. Pero le puedo contar que la CIDH ha elevado a la Corte Interamericana un asunto sobre difamación e injurias que involucra a un columnista sancionado con casi tres años de prisión por publicar una información verosímil. Cuando se tome esa decisión veremos cuáles son los estándares que actualiza la Corte respecto de este debate.
Recientemente, una sala de la Corte Suprema colombiana dio a conocer un fallo en el que se daba, en la práctica, la orden a la revista “Semana” de revelar sus fuentes de información en un caso específico. En atención a la alarma que se dio en los medios de precedente tan grave para el periodismo, otra sala echó abajo esa decisión y ratificó la protección constitucional a la reserva de las fuentes. ¿Su despacho fue informado al respecto?
Por supuesto, conocimos el caso. Compartí en redes sociales la preocupación al igual que otros medios, la sociedad civil colombiana y varios expertos. Ahora que la Corte Suprema resolvió el caso en forma adecuada, puedo decir que había, a todas luces, una intromisión injustificada de la justicia en el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de las fuentes. De haber prosperado, también hubiese supuesto un daño a la circulación de la información de interés público en el país, debido al efecto inhibitorio que causaría en los informantes por miedo a ser puestos en descubierto.
También se han dictado sentencias que dirimen debates por contenidos de las redes sociales. ¿Cuáles son los parámetros legales y éticos que la Relatoría ha establecido en esta materia?
Siempre hay que elegir el medio sancionatorio que menos afecte la libertad de expresión. De manera general, puedo decir que los estándares que describí más arriba se aplican a internet, al igual que a los medios tradicionales. Creo que hay una tendencia, no sólo en Colombia, de agravar las sanciones por eventuales abusos de la libertad de expresión en internet. Al mismo tiempo, la sociedad y la educación deben hacerse cargo del valor precioso de la expresión tanto a nivel individual como colectivo, y la posibilidad que tenemos de compartir ideas e información. Hay que trabajar en la alfabetización digital de manera urgente para explicar a los más jóvenes el valor del debate público informado y la responsabilidad personal que tenemos al utilizar los foros públicos.
Las amenazas e intimidaciones toman fuerza en las redes sociales no sólo para sabotear el acceso a páginas informativas, sino para difundir falsas noticias contra periodistas independientes ¿Qué detectó su oficina para la realización del informe publicado la semana pasada?
La afectación a los medios independientes en el espacio digital se instaló como un tema prioritario en 2017. En la medida en que las redes sociales han alentado el pluralismo y el periodismo investigativo, también han crecido los riesgos. Estados, personas y grupos atacan a los periodistas bajo diversas formas: bloqueos a sus páginas web, descrédito desde cuentas anónimas o de cuentas operadas por bots y, también, vigilancia para conocer sus fuentes informativas o para amenazarlos. Por otra parte, hay un fenómeno peligroso para la democracia y el debate deliberativo que tiene que ver con campañas de desinformación deliberadas. Aunque se trata de un arma política que no es nueva, la “viralización” instantánea que permite internet le imprime mayor gravedad, en especial en contextos electorales. De todos modos, hay que tener mucho cuidado en cómo se aborda este problema. Es preferible asumirlo con participación de todas las partes involucradas y no fomentar la censura estatal.
La libertad de expresión en medios tradicionales, con buena carga de responsabilidades si se precia de ser seria, no parece estar equilibrada con la libertad en el mundo digital, que pareciera tener más carga de libre que de responsable. ¿Cuál es la medida ideal recomendada por ustedes para no caer ni en la censura ni en el libertinaje?
Es una responsabilidad compartida entre Estado, actores privados, la sociedad civil y la familia. La censura ha sido una desgracia para el progreso de las ideas y es incompatible con la democracia, además de presuponer que hay una casta de personas con derecho a indicarle a la mayoría qué puede decir y cómo debe informarse. Ahora, claro, estamos en la infancia de internet y los derechos humanos tienen que respetarse también en ese ámbito. En este sentido, se debe aplicar el test de tres pasos que establece la Declaración Universal y la Convención Americana para establecer cualquier regulación que busque proteger otros derechos o el orden público democrático.
