domingo , abril 28 2024

Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin

En el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente a junio de 2018, preocupan las restricciones de papel periódico, el cierre de espacios de radio y televisión, así como las detenciones que se han dado bajo los delitos de la normativa contra el odio. En esta entrada el capítulo de libertad de expresión

La ONG Espacio Público sustentó con pruebas 708 casos que abarcaban 1.002 violaciones cometidas en 2017 contra el derecho a la libertad de expresión, lo que representa la mayor cifra anual registrada por esta ONG en los últimos 16 años188. El 69 por ciento de los casos tuvo lugar durante la oleada de protestas masivas189, lo cual confirma la observación del ACNUDH de que los ataques contra los medios de comunicación, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación se habían intensificado durante ese período 190.

Espacio Público dejó constancia documental de que entre enero y abril de 2018 se habían producido 86 casos relativos a 126 violaciones del derecho a la libertad de expresión. Aunque un porcentaje importante de las violaciones documentadas guardaron relación directa con las manifestaciones y su cobertura; los trabajadores de los medios de comunicación que se ocupan de investigar la situación alimentaria y de salud, las condiciones carcelarias o la corrupción también han sido víctimas de acoso, intimidación, ataques y detención arbitraria. Un periodista dijo al ACNUDH que su equipo tuvo que usar cámaras ocultas para obtener información sobre la situación en un hospital público en Caracas.

Otro periodista, que había estado investigando casos de corrupción, explicó que en noviembre de 2017 había sido arrestado por fuerzas de seguridad no identificadas que lo habían golpeado brutalmente y habían simulado su ejecución, antes de abandonarlo en una carretera tres días después (véase también el capítulo D). Asimismo, el ACNUDH registró la detención de periodistas extranjeros quienes fueron luego liberados.

El ACNUDH identificó que la impunidad ante los ataques perpetrados contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación había generado un ambiente hostil e intimidatorio que incide negativamente en la libertad con la que éstos realizan su trabajo. “Preferí salir del país antes de censurarme”, sentenció un periodista que abandonó Venezuela en el otoño de 2017, tras sufrir varios ataques y actos de intimidación.

El ACNUDH observó que las violaciones del derecho a la libertad de opinión y expresión no solo han afectado a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, sino también a representantes de ONG, profesores universitarios, líderes estudiantiles, activistas sociales y políticos, y miembros de la población en general. Estos han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, ataques o detenciones por expresar o publicar opiniones opuestas o discrepantes con respecto a las de las autoridades, en particular durante las protestas, o se les ha impedido hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Villca Fernández, líder estudiantil y activista político del estado de Mérida, se encuentra arbitrariamente detenido desde enero de 2016, tras la publicación de un tweet en el que había respondido al vicepresidente del PSUV que no tenía miedo de él, luego que éste lo acusara de conspiración en contra del gobierno en su programa de televisión. Su caso inició formalmente con la fase de juicio el 9 de abril de 2018 y fue acusado de incitación al odio y difusión de información falsa.

Igualmente, el ACNUDH también aportó pruebas documentales de que, mediante la aplicación de medidas administrativas restrictivas, como en lo relativo a la distribución de papel para imprimir, se ha atacado a ciertos medios de comunicación, sobre la base del presunto carácter antigubernamental de sus líneas editoriales y de la cobertura de ciertos temas, por ejemplo las manifestaciones, limitándose así la diversidad de la información a la que los venezolanos tienen acceso, en particular para aquellos que no pueden consultar Internet. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en el transcurso de 2017, ocho canales de televisión y 54 cadenas de radio dejaron de emitir programas, y 17 medios impresos dejaron de circular, seis de ellos indefinidamente, y entre enero y abril de 2018, al menos siete medios impresos más dejaron presuntamente de circular por falta de papel.

Los derechos a la libertad de opinión y expresión generan una obligación para el Estado de garantizar el derecho de buscar, recibir y compartir información e ideas de cualquier tipo.

Descargue aquí el reporte completo

VenezuelaReport2018_SP.pdf

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