IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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IPYS Venezuela recogió los testimonios de periodistas venezolanos que han trabajado temas socioambientales en el país, para conocer cuáles son las limitaciones que más enfrentan los reporteros en la cobertura de situaciones donde el medio ambiente y los derechos humanos están en riesgo
Al quinto mes de la pandemia por COVID-19, las costas venezolanas enfermaron por otro motivo. Un derrame petrolero, equivalente a 20.000 barriles de crudo, escapó de una refinería al norte del país hacia las playas del estado Falcón. Las manchas negras alcanzaron al Parque Nacional Morrocoy, reconocido por sus aguas cristalinas y la riqueza de su flora y fauna.
Jhonatam Petit, un joven reportero de ese estado, viajó a la costa para verificar los hechos y enfrentó varios de los obstáculos que existen en Venezuela para el ejercicio del periodismo ambiental: “Si no tienes presupuesto, no puedes hacer una cobertura de impacto ambiental como la que estamos viviendo en Falcón”, advierte. “Para ir a Morrocoy desde Coro (capital del estado), necesitas 30 dólares. Para estar allá una semana, necesitas 200 dólares como mínimo”, añade.
Petit fue amenazado por varias cuentas de Twitter, tras publicar un reportaje sobre el ecocidio en Morrocoy a causa del derrame petrolero. Es uno de dos casos de agresión hacia coberturas del medio ambiente, registrados en 2020 por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). La organización ha documentado cinco episodios de este tipo en el último lustro.
La economía nacional se basa principalmente en el extractivismo, con actividades de explotación de petróleo y minería. En este contexto, IPYS Venezuela entrevistó a un conjunto de periodistas que han producido reportajes sobre temas socioambientales. Las consultas evidencian patrones en las limitaciones que los reporteros enfrentan para informar sobre el desarrollo e impacto de acciones que comprometen al medio ambiente y a los derechos humanos.
Las siete restricciones más destacadas por los periodistas fueron: ausencia de datos oficiales actualizados, altos costos para viajar a zonas aisladas, escasez de gasolina, fallas en servicios de telecomunicaciones de sectores rurales, temor o recelo de las comunidades para declarar, falta de respuesta de autoridades del Estado y delincuencia.
El artículo 127 de la Constitución nacional establece: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado (…) Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
El segundo caso reportado por IPYS Venezuela en 2020 ocurrió en el estado Yaracuy. Los reporteros Lisbella Páez y Francisco Sandoval cubrieron una rueda de prensa de habitantes de la urbanización Los Sauces 2, en el municipio San Felipe, donde denunciaron contaminación ambiental causada por una granja pecuaria. El trabajo reporteril fue interrumpido por funcionarios del Servicio de Policía Ambiental y Minería del estado, quienes revisaron el material audiovisual recogido por los periodistas y luego les exigieron abandonar el lugar.
Obstáculos generales y ofertas particulares
Una guía latinoamericana sobre periodismo ambiental lo describe así: “Hay muchas razones diferentes por las cuales nos hacemos periodistas ambientales, pero nuestra misión es muy similar: contar historias que ayuden a las personas a entender mejor cómo es que los seres humanos nos relacionamos con el mundo natural que nos rodea, la forma en que este afecta nuestras vidas y el impacto que tenemos en él”.
En Venezuela, el acceso a la información ambiental está previsto en la Ley Orgánica del Ambiente. Su artículo 64 dicta: “El derecho a la información sobre el ambiente debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión”. El artículo 71 refuerza el planteamiento, con excepciones: “El Estado garantizará a toda persona el acceso a la información ambiental, salvo que ésta haya sido clasificada como confidencial”.
Jeanfreddy Gutiérrez, corresponsal del medio internacional especializado en temas ambientales Mongabay, asegura que durante el desarrollo de más de 30 reportajes sobre esta área, publicados hasta la fecha, sólo ha podido obtener una respuesta oficial de un funcionario estatal del Instituto Nacional de Parques (Inparques). “De resto nunca más me han concedido la entrevista”, afirma.
Gutiérrez también destaca limitaciones de investigación documental: “Se desconoce la inmensa mayoría de los indicadores ambientales; cuánta basura producimos, cuánto es la deforestación, cuál es la calidad del agua, cuáles son los indicadores del aire, el estado de los ecosistemas, el estado de la fauna y de la flora”. El reportero señala que indicadores históricos ambientales antes presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desaparecieron de la página web.
El ente rector en materia ambiental del Estado venezolano es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. La Memoria y Cuenta más reciente publicada en su página web corresponde al año 2017. Es uno de los pocos ministerios que presentó un informe anual de gestión después de 2015, año en que la mayoría del gabinete del gobierno de Nicolás Maduro dejó de exponer su rendición de cuentas.
Hasta la fecha de esta publicación, al menos 4 de las 24 direcciones estadales del ministerio aceptaron una solicitud de entrevista enviada por IPYS Venezuela, sobre los mecanismos de acceso a información oficial para los periodistas. Las autoridades oficiales de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo y del Distrito Capital aseguran a esta organización estar en disposición de responder las consultas de los reporteros sobre el área ambiental. Indican que pueden ser contactados por correo electrónico o vía telefónica.
La experiencia y percepción general de los periodistas consultados dista de cualquier apertura del Estado. La periodista María Antonieta Segovia, quien ha investigado historias sobre comunidades rurales e indígenas, destaca un “acceso inexistente a la fuente oficial” entre los obstáculos para el periodismo sobre temas socioambientales. Segovia explica que el contacto con otras fuentes personales también presenta limitaciones tanto por fallas en las telecomunicaciones de sectores rurales —lo cual dificulta la preproducción de los viajes— así como por el temor de los habitantes de lugares afectados a declarar de forma abierta. Suelen pedir la reserva de su identidad.
La periodista Ahiana Figueroa, quien coordinó una investigación sobre los impactos de la contaminación creciente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), también resalta el miedo a declarar por parte de residentes de poblaciones aledañas a la industria petrolera y de los propios empleados. Pdvsa, principal compañía del Estado venezolano, descuidó protocolos de seguridad industrial y ambiental, según hallazgos de su reportaje.
Desde 2014 los volúmenes de petróleo derramados aumentaron. La quema de gas también se ha incrementado exponencialmente. Las montañas de coque —producto derivado del tratamiento del crudo extrapesado— crecen en espacios a cielo abierto donde la dirección del viento transporta partículas tóxicas hacia las comunidades. “Con el área ambiental, aquí en Venezuela no se ha cubierto de forma permanente cómo contamina una industria como Pdvsa”, considera la reportera.
La lupa sobre la minería
Tras el deterioro de la industria petrolera nacional como principal fuente de ingresos, el gobierno de Nicolás Maduro ha promovido la extracción minera al sur del país. El mayor proyecto en este sentido fue bautizado como Arco Minero del Orinoco (AMO) y consiste en la explotación minera de 111.844 kilómetros cuadrados de territorio, equivalente a 12 por ciento del suelo venezolano, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
“El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural” registra un informe de julio de 2020 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La información de que dispone el ACNUDH indica que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”, expone el documento.
Las labores periodísticas para investigar el megaproyecto minero corren los riesgos que suponen la alta criminalidad de la zona. La proliferación de bandas armadas es una de las dificultades destacadas por el periodista Edgar López, quien desarrolló una investigación sobre el AMO. Incluso el Manual de Riesgos y Mejores Prácticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), publicado en 2019, registra: “El crimen organizado es la principal fuente de riesgos para los habitantes de Bolívar y, por supuesto, para los trabajadores de la prensa en la región. El pranato minero y los grupos guerrilleros, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, son las principales amenazas en las zonas más recónditas del estado y se han consolidado como territorios vedados para la prensa”.
En tiempos de auge de la minería, la periodista Betania Franquis participó en una investigación dedicada a demostrar que la devastación ambiental del Arco Minero del Orinoco en Bolívar es replicada en explotaciones mineras de los estados Aragua y Carabobo, en la región central del país. Franquis, sin embargo, canceló un viaje desde Caracas hacia Bolívar por razones de seguridad. “Cuando iba a viajar, que comenzamos a hacer todas las gestiones para llegar al sitio, hubo una masacre en la zona”, recuerda.
La reportería de campo, entonces, se concentró en los otros dos estados con apoyo de los corresponsales. Gregoria Díaz, periodista de Aragua, asegura una total ausencia de respuestas por parte de entes de salud regionales sobre el impacto de la actividad minera al sur del estado. Explica que la delincuencia de la zona aunada a la negación de los pobladores y trabajadores a ofrecer declaraciones públicas, limitaron en gran medida el trabajo reporteril. “Inclusive algunos voceros del área ambiental temieron en ese momento dar algunas declaraciones por temor a algún tipo de represalia porque algunos de ellos, en el caso de algunos ingenieros, siguen prestando servicio para la administración pública y eso podría haberles causado algún tipo de retaliación por parte de los organismos oficiales”, considera Díaz.
Los estragos de la minería que alcanzan el Parque Nacional Canaima, declarado por la Unesco como un Patrimonio de la Humanidad, no escapan del radar periodístico a pesar de las restricciones asociadas a la escasez de combustible y a los altos costos que implica viajar hacia el extremo sur del país.
Las reporteras María de los Ángeles Ramírez y Lisseth Boon, quienes publicaron investigaciones sobre prácticas mineras dentro del parque, resaltan el debilitamiento de los centros de investigación locales y de universidades por falta de presupuesto. “Los mismos científicos y académicos no tienen financiamiento. No hay fondos para hacer estos estudios, entonces hay mucha desactualización”, aclara Boon.
Ramírez advierte la importancia de una visión integral de los temas. “Tenemos que trazarnos la idea muy clara de que los problemas ambientales no son netamente ambientales. Realmente son transversales con otros tipos de temáticas: corrupción, tráfico, economía, política. Entonces al tener consciencia de esa transversalidad, podemos conectarlo con otras aristas que pueden interesar a las audiencias, hacerle entender a las personas que este problema importa. Esto puede hacer del periodismo ambiental una rama más fuerte”.
