IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
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Entre el 2 y 4 de mayo de 2022, periodistas y especialistas de 86 países participaron en la Conferencia Global de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. IPYS Venezuela estuvo presente en Punta del Este, Uruguay, para compartir experiencias sobre los desafíos que plantea el asedio digital
Edgar López
Claudia Duque era una de 110 periodistas de Colombia bajo protección del Estado por las amenazas de muerte que acarrean las investigaciones de irregularidades, corrupción y violaciones de derechos humanos. Duque lo resume: “Descubrí que, con la excusa de la protección, el Estado colombiano me estaba espiando y por eso renuncié a ese tipo de protección, porque, en verdad es espionaje estatal”.
Precisa que la persecución en su contra comenzó en 1999, cuando se dedicó a investigar el asesinato del periodista Jaime Garzón. Su labor periodística contribuyó a la condena del subdirector de la policía política colombiana, pero ello le costó un secuestro y un primer exilio forzado.
A su regreso a Colombia, se determinó que sus teléfonos y correos electrónicos fueron interceptados ilegalmente, precisamente por la Unidad Nacional de Protección, que estaba integrada por ex funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ella asegura que los organismos de inteligencia policial del Estado colombiano disponían de un amplio expediente con información sobre todas sus actividades, particularmente las relacionadas con su trabajo periodístico.
“El sistema instalado en estos vehículos permite registrar hasta imágenes y sonidos. Te pueden interceptar en una calle y mientras desbloquean tus seguros, te puede matar. No hay maneras de dar una alarma, pues el sistema también es capaz de bloquear tus teléfonos celulares”, precisa la periodista.
Duque explica que los intentos de lograr tutela judicial han sido infructuosos: “Los jueces colombianos argumentan que la protección amerita sacrificar el derecho a la intimidad. Sin embargo, vamos a luchar para que el caso llegue a la Corte Constitucional, que en 2008 verificó el espionaje contra muchas personas colombianas bajo protección”, que son aproximadamente 4.000. Se refiere al escándalo conocido como “Las chuzadas del DAS”, una operación ilegal de espionaje ordenada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en contra de funcionarios judiciales, periodistas independientes, políticos de la oposición y defensores de derechos humanos.
El hostigamiento a Claudia Duque se ha mantenido por más de dos décadas, independientemente de los cambios en la conducción política de Colombia: “Incluso en el gobierno del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se descubrió que, a través del llamado botón de pánico, puesto a l servicio de las personas bajo protección estatal, se podían registrar datos sin el consentimiento de los protegidos. Todos los gobiernos de Colombia han usado este sistema de protección en contra de personas incómodas, entre ellas los periodistas”.
Sinergia entre Estado, empresas privadas y sociedad civil
Claudia Duque relató su experiencia a Ipys-Venezuela desde Punta del Este, Uruguay, donde se realizó la Conferencia Global de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entre el 2 y el 4 de mayo de 2022, periodistas y especialistas de 86 países se reunieron presencial y virtualmente para analizar el periodismo bajo asedio digital.
Como lo dice la misma Duque: “Por la normalización de los ataques, el espionaje se ha convertido en la más masiva violación de derechos humanos, como si se tratara de un costo ineludible por comunicarse en el entorno digital”.
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también presente en Punta del Este, complementa: “A mí lo que más me preocupa es el efecto de autocensura, pues en muchos casos es necesario tomar decisiones para salvaguardar la vida de los periodistas, sus familiares y sus fuentes”.
En opinión de Vaca, es necesario aplicar una moderación de contenidos con sumo cuidado y en atención a circunstancias particulares, para que no tenga similares efectos inhibitorios que el asedio digital. Advierte que la regulación del espacio público debe ser el resultado de una sinergia entre Estados, empresas privadas y sociedad civil. Destaca los esfuerzos de transparencia de las principales plataformas, a pesar de que, en su opinión, las empresas privadas prestadoras de servicios de Internet concentran su atención a las demandas que provienen de países grandes y, de esa forma, se crean inequidades.
En ese orden de ideas, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom) llevó a Uruguay sus aportes en materia de estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta.
La gobernanza de la información en el entorno digital es un desafío. Observacom propone “un principio de ‘regulación progresiva’ en función del impacto que las medidas adoptadas por los intermediarios tengan sobre el ejercicio de los derechos fundamentales en Internet, en especial la libertad de expresión. Estos es, que la regulación debería hacerse más estricta en el caso de grandes plataformas que, por su tamaño, alcance o posición de mercado, se han convertido en espacios públicos cuya masividad es cuasi monopólica y, por lo tanto, que dominan las opciones de deliberación y/o vías de acceso principales a la información en entornos digitales”.
Como plantea Vaca, Observacom apuesta a una normativa que incluya mecanismos de autorregulación, corregulación y regulación pública, a efectos de lograr, en cada caso específico, “soluciones legales, contractuales y técnicas que garanticen la libertad de expresión en línea, en equilibrio con otros derechos fundamentales”.
Los principios básicos que plantea Observacom son: transparencia, rendición de cuentas, debido proceso, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y derecho a la defensa.
En materia normativa, la Conferencia Global de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa también fue el escenario para la presentación de la Ley modelo de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, por parte de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Carie (Socolac) y la Escuela Latinoamericana de Periodismo (ELAP) con el patrocinio de la Fundación Heinrich Böll.
A partir de esa ley modelo, que está integrada por 24 artículos, la diputada chilena Nathalie Castillo, compartió detalles de la discusión de un proyecto de ley para la seguridad de las personas periodistas en el país austral. En el mismo panel, la experta de la Organización de Estados Americanos, Alejandra Negrete, advirtió que no basta una ley, pues muchas normas se diluyen por debilidades institucionales en su implementación y, además, no se consideran suficientemente las diversidades de contextos y las particularidades de género e interseccionalidad, con el fin de brindar una protección focalizada y eficiente.
La resiliencia
En varias de sus intervenciones durante la Conferencia Global de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Irene Khan, insistió en promover una moratoria global. En sus propias palabras: “congelar el uso y transferencia de tecnología espía hasta resolver el problema”.
Khan considera que apelar a la ética no es suficiente cuando están en riesgo las vidas de muchas personas periodistas en todo el mudo y que, además, no se puede esperar por la culminación de los litigios, que se suelen frustrar por falta de evidencias jurídicamente aceptables del asedio digital a quienes ejercen la comunicación social como oficio.
El riesgo de muerte que corren las personas periodistas fue analizado sin tapujos en Punta del Este, específicamente durante la presentación de la Red Safebox, como una respuesta colectiva para la autodefensa periodística.
SafeBox es una iniciativa emprendida por Forbiddens Stories. Laurent Richard, fundador y director ejecutivo de la organización, explicó que el propósito es resguardar a periodistas amenazados, así como las informaciones sensibles que hayan podido recabar: “Si la persona periodista es inhabilitada o, en el peor de los casos, asesinada, una red internacional de colegas estaría en capacidad de culminar las investigaciones que generaron esas amenazas y ataques. La intención de los agresores es inhibir a la prensa; nuestra intención es inhibir los ataques, al demostrar que si algo malo le ocurre a una persona periodista, con la intervención de SafeBox, la repercusión del trabajo que ella venía realizando será mayor”.
María Teresa Montaño, fundadora y jefa de redacción de El Observador, de México, y Alfredo Guachiré, periodista paraguayo independiente, son dos de los comunicadores sociales acogidos por SafeBox. Ambos, explicaron que ahora trabajan en condiciones más seguras, a pesar de que no han cesado las amenazas en su contra.
En Punta del Este también se pusieron de manifiesto otras formas de resiliencia provenientes del buen periodismo, en esta oportunidad representado por Julia Gavarrete, de El Faro. Gavarrete contó a Ipys-Venezuela qué hicieron en el periódico digital salvadoreño luego de que 22 de sus periodistas fueran infectados por Pegasus.
“Comenzamos a advertir ciertos incidentes en las comunicaciones con fuentes que nos llevaron a pensar en una posible intervención de nuestros teléfonos. Hicimos una primera consulta a la organización internacional de promoción y defensa de derechos digitales Access Now. En tiempo récord, hicieron un análisis que confirmaba la infección con Pegasus a mi teléfono”, recuerda.
Esa fue la pista que siguió Gavarrete en busca de mayores evidencias. El rastreo prosiguió en los teléfonos de otros periodistas de El Faro y con el acompañamiento de Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, Canadá.
“En un par de semanas estaba claro que hubo un espionaje “obsesivo” de Pegasus, como lo calificó Citizen Lab, contra los periodistas de El Faro. Nos explicaron que este ensañamiento es inusual, pues la licencia para usar Pegasus es muy cara. La pregunta obvia era: quién tiene tanto dinero para invertir en un espionaje tan costoso”.
Gavarrete cuenta que “la obsesión” de los espías permitió detectar una intervención en tiempo real, específicamente al teléfono del periodista de El Faro Carlos Martínez, dedicado a la investigación de las actividades de las pandillas salvadoreñas y sus vínculos con el gobierno: “De esa manera se pudo verificar que la infección provenía de un operador ubicado en territorio salvadoreño, informalmente denominado Torogos, y que el espionaje coincidía con la reportería o publicación de trabajos periodísticos sobre corrupción y violación de derechos humanos, que ponían en tela de juicio a las autoridades de El Salvador”.,
“Fue entonces, cuando pedimos explicaciones. Lamentablemente el gobierno de Nayib Bukele ha tratado de desvincularse al señalar que hasta el mismo presidente de El Salvador ha sido víctima de Pegasus, lo cual es una admisión de un grave problema de seguridad nacional irresoluto”, dice la periodista atacada.
Con honestidad, Julia Gavarrete admite que los hallazgos de la investigación periodística realizada por El Faro para demostrar que en El Salvador se usa Pegasus “obsesivamente” para espiar a la prensa no son suficientes para aliviar el estrés que implica vivir bajo asedio digital.
