IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Las periodistas Nayari González, de Portuguesa TV, y Mireya Moya y el reportero gráfico Juan Carlos Gimón, ambos de Portuguesa Reporta, fueron intimidados y su trabajo informativo limitado por funcionarios adscritos al Comando de la Coordinación Policial del municipio Araure, órgano dependiente de PoliPortuguesa, el pasado 27 de julio durante la cobertura del desalojo de comerciantes en las adyacencias del Hospital J.M. Casal Ramos en esa jurisdicción. Este procedimiento fue realizado por representantes de Hacienda, Sindicatura y del Concejo Municipal de Araure bajo la protección de los efectivos de seguridad de la entidad llanera.
#AlertaSNTP | Funcionarios de la Policía de #Portuguesa (Araure), obligaron a la periodista Nayari González, de Portuguesa Televisión, a borrar material audiovisual recabado en el desalojo de comerciantes informales apostados a las afueras del Hospital "Casal Ramos" este #27Jul
— SNTP (@sntpvenezuela) July 28, 2022
Los comunicadores atendían el llamado de los comerciantes de la zona, quienes les solicitaron cobertura periodística por un procedimiento de revisión de patentes y firma de documentos de comodato de locales que ocupaban desde hace 27 años. Este operativo estaba pautado para las 2:00 p.m.
La periodista Mireya Moya relató a IPYS Venezuela que la comisión de funcionarios de seguridad le impidió a ella y a su reportero gráfico hacer la cobertura informativa cuando se acercaron al lugar, a las 3:00 p.m. Al llegar, los policías los recibieron con tono amenazante y alegaron que no se podía grabar ni hacer ningún tipo de registro gráfico de la operación que estaba realizando el Concejo Municipal. Aunque los comunicadores hicieron más visibles sus credenciales, los uniformados dijeron que, si insistían, los llevarían “a la patrulla, presos”.
Moya también contó que, ante las amenazas de dos uniformadas, el equipo de Portuguesa Reporta tomó distancia física a la espera del pronunciamiento de los comerciantes. Transcurridos 15 minutos y al verse rodeada de aproximadamente 15 policías, se retiró del lugar.
Por su parte, la periodista Nayari González contó que al llegar al sitio, aproximadamente a las 4:40 p.m., comenzó a grabar lo que estaba ocurriendo, pero inmediatamente la abordaron dos funcionarias de la policía, quienes le pidieron que se retirara. Pese a que la reportera mostró sus credenciales e insistió en sus derechos, una oficial le dijo que no podía grabar y que borrara lo documentado. Asimismo, un concejal, a quien González no logró identificar, le exigió que también eliminara los archivos de la papelera del teléfono.
Ante la negativa de la periodista, una de las funcionarias le pidió que la acompañara hasta donde estaba el comandante Johan Rumbos, quien le reiteró que no podía grabar porque se trataba de un procedimiento y que por favor colaborara eliminando los registros. Finalmente, la reportera accedió.
Los funcionarios también limitaron el trabajo de González cuando ella los abordó para conocer en qué consistía la acción de desalojo de los comerciantes, pero no hubo respuesta.
Las acciones de hostigamiento y las limitaciones de acceso por parte de funcionarios municipales y de los cuerpos de seguridad del Estado contra los periodistas son recurrentes en coberturas de interés social, sobre todo en escenarios donde existen indicios de posibles acciones de fuerza pública contra los ciudadanos. IPYS Venezuela recuerda que es responsabilidad de los cuerpos de seguridad y de todos los funcionarios brindar las condiciones para que los medios de comunicación ejerzan su trabajo de forma libre.
