IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
La noche del miércoles 1 de septiembre Tareck William Saab, fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente (ANC) de Nicolás Maduro, informó a través de su cuenta de Twitter que designó al fiscal 94 para solicitar orden de aprehensión e imputación contra el periodista deportivo Fernando Petrocelli, luego de que el comunicador publicara un tuit en el que hacía referencia a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi.
1/2 #AvanceIPYSve | A través de su cuenta de Twitter Tarek William Saab designó al fiscal 94 para solicitar la detención del periodista @fpetrocelli por los delitos de "violencia simbólica" y "promoción al odio". #2Sep pic.twitter.com/nf7ChozfP0
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) September 2, 2021
Aunque Petrocelli borró el comentario y ofreció disculpas a través de su cuenta de Twitter incluso antes de conocerse la acción del Ministerio Público, Saab informó que la captura del periodista sería por los delitos de “violencia simbólica y promoción al odio” por discriminación de género contra Roccuzzo.
En su tuit, Petrocelli expresó: “Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonella vamos todos a gozar”. El periodista hacía referencia a un cántico futbolístico para ser usado durante el encuentro pautado para el 2 de septiembre entre la selección de Venezuela y la de Argentina.
Basados en los comentarios misóginos de Petrocelli, de acuerdo con la legislación venezolana el periodista habría cometido violencia simbólica. Según lo establecido en el artículo 15, numeral 17 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia simbólica comprende “mensajes, valores, íconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad”.
De acuerdo con el artículo 96 de dicha ley, una vez que el Ministerio Público tuviere conocimiento de un hecho punible dentro de este instrumento legal, iniciará las investigaciones y diligencias necesarias para demostrar la comisión del hecho punible y la responsabilidad penal de los victimarios.
El artículo 53, referente a ofensas públicas por razones de género, establece que el profesional de la comunicación en ejercicio de ese oficio que “ofenda, injurie, denigre de una mujer por razones de género a través de un medio de comunicación, deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia con el pago de una suma no menor a doscientas (200 U.T.) ni mayor de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio”.
Si bien Saab notificó que tomó la medida contra Petrocelli por haber cometido violencia simbólica, el fiscal general designado por la ANC omitió un caso similar ocurrido semanas antes, el 12 de agosto de 2021, en el que el presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos y superintendente nacional de Actividades Hípicas, Antonio “El Potro” Álvarez y simpatizantes oficialistas, atacaron discursivamente con insultos misóginos a la periodista Ibéyise Pacheco a través de Twitter. Este hecho evidencia un patrón de investigaciones selectivas por parte de las autoridades.
Asimismo, la decisión del Ministerio Público de sancionar a Petrocelli mediante la norma Contra el Odio es desproporcionada y marca la pauta de la persecución contra la prensa. Esta situación alimenta el ambiente de autocensura y discriminación hacia los comunicadores sociales que continúa en aumento en el país, como indica el balance Asedio judicial a la prensa publicado en agosto de 2021 por IPYS Venezuela.
Esta organización ve con preocupación que la norma Contra el Odio permita a las autoridades públicas justificar la opresión de voces críticas y disidentes de sus intereses. IPYS Venezuela respalda a las víctimas de violencia de género y exige al Estado el cumpliento del debido proceso que garantice la imparcialidad y el uso de canales institucionales.
