Balance IPYSve | Asedio judicial a la prensa

• Desde el 13 de marzo de 2020 al 31 de julio de 2021, IPYS Venezuela documentó 27 casos de procesos civiles y penales contra 37 trabajadores de la prensa

• 18 de los incidentes tuvieron presentaciones ante los tribunales y se ejercieron posterior a la detención arbitraria de las víctimas, mientras que los otros nueve casos son producto de demandas por actores estatales y terceros, así como por el inicio de investigaciones y órdenes de detención por parte del Estado

• Los señalamientos por delitos de odio fueron los más comunes dentro de las acciones legales contra la prensa en este tiempo. Destacó que 14 casos contemplaron alguna imputación por estos tipos de delitos que están contemplados en la normativa contra el odio y el Código Penal Venezolano

En Venezuela, la llegada del coronavirus representó el incremento de las complejidades que atraviesa el país, sobre todo en las instituciones públicas y en las responsabilidades inherentes al Estado venezolano.

El acceso a la información pública, la libertad de prensa y la libertad de expresión como eje trasversal de otros derechos humanos, se vieron fuertemente limitados durante los más de 16 meses que han transcurrido entre el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma por la emergencia sanitaria, y el 30 de julio de 2021.

A lo largo de este período, las limitaciones a los medios de comunicación y los periodistas no mermaron, en cambio fueron constantes las detenciones arbitrarias, las restricciones de acceso a la información, las agresiones en los espacios digitales, y los procesos civiles y penales, que constituyeron 27 casos donde se vieron afectados 37 trabajadores de la prensa y dos familiares. Entre los afectados, 33 eran hombres y seis mujeres que también se vieron expuestas a acciones persecutorias por parte del Ministerio Público y los tribunales venezolanos.

Sin embargo, las acciones judiciales no son recientes en el país. Desde años anteriores las demandas, el inicio de investigaciones legales, los señalamientos de delitos, las sentencias y las medidas cautelares han sido mecanismos aplicados desde el Poder Judicial para censurar a medios, a periodistas críticos y a quienes ejerciendo su rol informativo, han denunciado irregularidades en los diversos niveles de la administración pública.

Las acciones legales contra Luis Carlos Díaz, Braulio Jatar, David Natera Febres, Teodoro Petkoff, Jesús Medina Ezaine, el equipo de Armando.Info, conformado por Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Alfredo Meza, y El Nacional, Tal Cual y La Patilla representan algunos de los más destacados casos en los últimos años. Pero en medio de la pandemia, aun cuando la labor de la prensa no ha debido ser limitada, los mecanismos legales se ejecutaron contra quienes ejercieron su legítimo derecho a la expresión y la información.

Solo en 2020 se registraron 15 casos de acciones legales contra periodistas, mientras que en lo que va de 2021, se han ejercido 12 de este tipo de incidencias. Preocupa que además hay casos como el  del periodista Roland Carreño, quien aún continúa detenido en la ciudad de Caracas por delitos relacionados con terrorismo.

Además, IPYS Venezuela constató que al menos 14 de los hechos registrados contienen acusaciones de delitos de odio contemplados en la normativa contra el odio y el Código Penal Venezolano.

Estos mecanismos siguen siendo parte del gran entramado de persecución del Estado venezolano contra los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación, que sigue imponiendo un ambiente de censura a las voces disidentes, y consolida el discurso unitario de las autoridades gubernamentales.

Contra la información

En marzo de 2020, recién impuestas las medidas de confinamiento por la llegada de la Covid-19 a Venezuela, los cuerpos de seguridad detenían de forma arbitraria a los locutores Jesús Torres y Jesús Manuel Castillo de la emisora Radio La Cima 96.7 FM, por difundir un video en redes sociales en el que relataban la presencia de dos presuntos casos de coronavirus en el hospital Victorino Santaella de Los Teques, estado Miranda. Este arresto terminó con la presentación de los comunicadores ante el Tribunal Tercero de Control en la ciudad mirandina el domingo 15 de marzo.

En ese momento, tanto a Torres como a Castillo les fueron imputados los delitos de difamación y alteración del orden público, y les aplicaron una medida cautelar de presentación cada ocho días, que hasta ahora no ha podido cumplirse por la inoperancia de los tribunales para este tipo de servicio en medio de la contingencia de salud. Ambos locutores desconocen el estatus de su caso.

El Poder Judicial también decretó la paralización de la mayoría de los servicios de justicia uniéndose al mandato que Nicolás Maduro había hecho días previos. “Ningún Tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley”, publicó el TSJ en ese momento, y hasta el mes de septiembre de ese año fue actualizada esa restricción que provocó la paralización de todos los casos e investigaciones donde también se encuentran imputados periodistas.

Sin embargo, a pesar de que el 1º de octubre se publicó la Resolución N° 2020-0008, que estableció que los tribunales laborarían durante las semanas de flexibilización decretadas por el Poder Ejecutivo, los periodistas que tienen una causa abierta informaron que tampoco se les ha permitido acceder a sus expedientes y conocer el estatus de sus casos. Esta medida siguió vigente durante los meses que han transcurrido de 2021.

Incluso, bajo el argumento de la pandemia y la modalidad de trabajo en formato de guardias, tribunales dejaron tras las rejas a los periodistas Darvinson Rojas y Eduardo Galindo Peña, quienes luego de ser presentados se les exigió contar con fiadores y sus respectivos documentos para brindarles libertad condicional. Pero ante el poco tiempo para recaudar los requisitos, los mismos no pudieron ser entregados hasta tanto tales tribunales volvieran a estar de guardia. Esta situación llevó a que Rojas permaneciera nueve días recluido esperando que fueran aprobados los documentos de los fiadores, mientras que Galindo, su esposa y su hermano estuvieron presos por 15 días en el estado Apure.

En ambos casos, las imputaciones fueron por publicar información en los espacios digitales. Mientras Darvinson Rojas fue procesado por publicar en sus redes sociales una verificación de los datos oficiales relacionados con los casos de Covid-19, Eduardo Galindo fue detenido por publicar a través de su portal web denuncias de corrupción en el suministro de combustible en la entidad llanera.

Tanto Rojas como los locutores Jesús Torres y Jesús Manuel Castillo son hasta ahora víctimas de la justicia venezolana por cubrir información de salud vinculada al coronavirus.

Para el abogado y director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, Alí Daniels, el estado de alarma ha significado para la justicia venezolana “su paralización y el empeoramiento de la situación de los detenidos”, además de destacar el aumento del retardo judicial y la disminución de actos procesales, dejando en evidencia que el Poder de Justicia más allá de resguardar a los ciudadanos, mantiene en la orfandad a los venezolanos.

Demandas legales a la expresión

Las acciones legales contra los periodistas se ejecutaron en al menos 12 entidades del territorio nacional. El área metropolitana de Caracas registró el más alto número de denuncias y procesos judiciales contra quienes ejercen su derecho a la información. Esta región conformada por los municipios Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, documentó 13 agresiones con el uso vigente de normas y leyes que afectaron a 19 trabajadores de la información y a un medio de comunicación.

Guárico, Apure y Carabobo se ubicaron detrás con dos casos en cada estado, mientras que Anzoátegui, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira y Zulia tuvieron un caso en cada región durante los más de 16 meses que ha durado la pandemia.

En 18 de los 27 casos totales de este tiempo, las víctimas fueron presentadas y procesadas ante los tribunales luego de que fueran detenidas. En los otros nueve hechos, IPYS Venezuela documentó demandas por actores estatales y terceros, y el inicio de investigaciones y órdenes de detención por parte del Ministerio Público, tal como ocurrió con los casos de los periodistas César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, editor jefe de Tal Cual; y los presentadores Jean Mary Curró y Alex Goncalves, quienes son investigados por orden de Tarek William Saab, fiscal General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), posterior a exponerlos a través de su cuenta de Twitter.

Contra los periodistas Kevin Arteaga y José Marval, ambos del estado Carabobo, también posan investigaciones en los tribunales regionales luego de ejercer sus derechos informativos. La Fiscalía Primera del Ministerio Público en unión con el Tribunal Primero de Carabobo citaron a Arteaga por una investigación vinculada a una cobertura de protesta ciudadana hecha por el reportero de El Carabobeño.

Mientras que el Tribunal Penal de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, notificó a José Marval y al director del medio 100% Noticias, Wismar Marval, la denuncia por incitación al odio, difamación agravada e injuria interpuesta en su contra por un artículo de opinión publicado en el portal y firmado por José Marval. En ambos casos de la entidad carabobeña se desconoce el progreso de las investigaciones.

Con el periodista tachirense Obeysser Prada ocurre un escenario similar. A lo largo de 2021 ha quedado en evidencia la persecución en su contra por haber denunciado en su cuenta de Twitter una serie de hechos ocurridos en el mes de enero donde se vieron afectados varios ciudadanos de San Cristóbal por las presuntas acciones arbitrarias de funcionarios de los cuerpos de seguridad y Tamani Bernal, hijo del diputado a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, Freddy Bernal.

Estas publicaciones ocasionaron que Prada fuera víctima de amenazas y ataques por medio de los espacios digitales, que aceleradamente se convirtieron en una denuncia y posterior orden de detención en su contra por los delitos de “promoción o incitación al odio”. Previamente el periodista tuvo conocimiento de las acciones que se estaban ejerciendo en su contra por fuentes internas del Ministerio Público, pero ante el escenario de encontrarse en el exilio para resguardar su integridad desde tiempo atrás, ni él ni su familia han podido tener acceso al expediente que contiene el delito del que se le acusa.

A juicio del abogado Alí Daniels, el hecho de que los periodistas no puedan tener acceso a los expedientes donde reposan las investigaciones en su contra y ni siquiera a los tribunales correspondientes, tal como ha ocurrido con la mayoría de los casos registrados por esta organización, “pone en evidencia que estos juicios no son juicios jurídicos, sino que son juicios con una finalidad política” y por consiguiente, la clara evidencia de que el “Poder Judicial no cumple con su cometido”.

Informar y opinar son delitos

En Venezuela la opinión y el tratamiento de la información de cualquier tema que sea sensible para el Estado, es un delito. Prueba de ello durante este tiempo fue la detención y la presentación ante tribunales de los periodistas Arnaldo Sumoza, en Guárico; Eduardo Galindo Peña, en Apure; Jorge Cortez, en Zulia; Carol Romero, en Caracas, Eduard Rojas, en Mérida y Otilio Rodríguez en el estado Sucre.

El punto común de estas acciones arbitrarias fue la cobertura y difusión de denuncias y protestas ciudadanas por el mal funcionamiento de los servicios públicos y la corrupción en medio de la distribución de combustible. Por lo que haber ejercido el legítimo derecho de acceder a información de interés ciudadano y difundirla por los canales que cada uno consideró más adecuado, tal como lo establece el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), representó para estos comunicadores el señalamiento judicial como si tales acciones fueran delitos.

Solo en el caso de Eduard Rojas, director de Tremenda 105.7 FM, en Santa Cruz de Mora, municipio Antonio Pinto Salinas de Mérida, fue imposible precisar detalles del proceso arbitrario. Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó en ese momento que Rojas había sido liberado sin llegar a tribunales, la corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, María Fernanda Rodríguez, conoció que el directivo fue víctima de una presentación judicial y la aplicación de medidas cautelares.

La opinión tampoco ha dejado de ser perseguida por las autoridades venezolanas. Desde el año 2020, al menos 12 periodistas, escritores y locutores han sido señalados e investigados por haber difundido declaraciones en medios digitales o en sus programas de información y opinión. Daniel Lara Farías, Juan Viale Rigo, José Amalio Graterol, Jean Mary Curró, Alex Goncalves, Milagros Mata Gil, Juan Manuel Muñoz, José Marval y Rafael Rattia son algunos.

La periodista Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz en Anzoátegui, y el escritor y columnista de El Nacional, Rafael Rattia en Monagas, fueron detenidos y acusados de instigación al odio luego de publicar artículos de opinión sobre funcionarios públicos y por ser el administrador del grupo en WhatsApp por donde la periodista Mata Gil publicó su nota opinativa, como ocurrió en el caso del poeta anzoatiguense Juan Manuel Muñoz.

Jorge Márquez, abogado de Mata Gil y Muñoz, informó al equipo de IPYS Venezuela que el caso de sus defendidos se encuentra en un limbo jurídico, ya que luego de recibir la medida sustitutiva de libertad, la jueza del caso, Carolina Mansour, del Tribunal Tercero de Control, recibió información de sus superiores de que sería destituida por haber dictado tal acción. 

Ante este escenario, Mansour notificó a Márquez que introdujera al tribunal una revisión de medida en la que se destacara que “se estaban violando normativas de orden constitucional y solicitaba la libertad plena”. La jueza dio ha lugar esta revisión y luego de su notificación a la defensa fue destituida de sus funciones. Pero, a pesar de que existe esta orden, los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) no han entregado los equipos celulares que decomisaron, y hasta ahora los escritores desconocen si deberán presentarse ante tribunales porque luego de la acción de Mansour, la defensa no ha tenido acceso al tribunal correspondiente.

La reactivación de la demanda contra El Nacional también refleja el gran entramado de persecución contra los medios de comunicación y los periodistas. La aprobación del avocamiento por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elevó la deuda a más de 13 millones de dólares que luego fue aumentada a más de 30 millones de dólares y que sumó el embargo ejecutivo contra su sede en Los Cortijos, estado Miranda.

A juicio del director de Acceso a la Justicia, en el proceso de persecución a la prensa existe una “multidimensionalidad, un menú, una trama de medidas que el gobierno tiene para acosar a los medios que van desde la detención arbitraria de un periodista, la eliminación de un medio de comunicación hasta muchas otras manifestaciones como los ataques cibernéticos a las páginas web, y el decomiso y robo de equipos”.

El odio como excusa para censurar

Los delitos de odio parecen ser los principales mecanismos del Estado para imponer la mordaza sobre los ciudadanos críticos o contrarios a las políticas e ideologías del poder. La instigación al odio y la incitación o promoción al odio fueron los delitos más comunes señalados dentro de las acciones legales contra la prensa entre 2020 y 2021. En total 14 casos sumaron estos delitos contra periodistas, de los cuales ocho fueron confirmados por los tribunales mientras los comunicadores se encontraban en detención arbitraria.

Tales fueron los casos de Darvinson Rojas, José Gregorio Galindo, Jorge Cortez, Otilio Rodríguez, y los mencionados previamente Milagros Mata Gil, Juan Manuel Muñoz y Rafael Rattia, además de Nicmer Evans, director del portal Punto de Corte, quien estuvo detenido durante más de 49 días, y María Luisa “Mimi” Arriaga y Marco Antoima, quienes estuvieron bajo vigilancia policial durante 74 y 72 días respectivamente, hasta que recibieron un “indulto presidencial” que exoneró todo proceso y señalamiento por parte de las autoridades venezolanos el 31 de agosto.

Tanto en el caso de Evans como en el de Arriaga y Antoima, los señalamientos fueron por publicaciones o manejo de perfiles en redes sociales. Este mismo argumento sirvió para imputar al locutor José Gregorio Galindo por aparentemente usar cuentas anónimas en plataformas digitales para acusar a funcionarios públicos del estado Apure.

El también director de la emisora Criolla 92.9 FM, cerrada por la Conatel en 2019, fue señalado por los delitos de “instigación al odio, difusión de noticias falsas e incertidumbre pública” luego de haber sido detenido en su vivienda en el municipio Rómulo Gallegos, donde funcionarios del CONAS lo sacaron sin contar con orden de aprehensión ni de allanamiento, para luego ser procesado, imponerle casa por cárcel, restricción a declarar a los medios y luego de nueve meses y 22 días darle régimen de presentación ante los tribunales.

No obstante, la utilización de estos delitos contra la prensa parece volverse costumbre. Así lo demuestran las demandas y el inicio de investigaciones por parte del Ministerio Público y los tribunales contra 14 periodistas afectados en seis momentos durante la pandemia.

En este tiempo además quedó en evidencia que los señalamientos por delitos de odio se han convertido en la principal herramienta del Estado para silenciar a quienes denuncian las irregularidades de la administración pública. Para ello se han sostenido de la normativa contra el odio bajo el afán de patentar un mecanismo que diluya el tejido democrático.

Tal como IPYS Venezuela ha referido en otras oportunidades, la normativa contra el odio se ha posicionado como una ley discriminatoria y de persecución, esta visión es compartida por el abogado Alí Daniels quien destacó que “la ley contra el odio es una ley contra la oposición, y no contra la oposición política, sino contra cualquier persona que no esté de acuerdo con el gobierno”.

Ese escenario configurado con la pandemia de la Covid-19, ha nublado la vías y las garantías de una justicia imparcial y proactiva que garantice la protección de los ciudadanos. Incluso, el Estado venezolano se ha aprovechado de tal panorama para continuar la construcción de su estructura autoritaria.

Reflejo de este escenario fue la aprobación de dos estados de alarma, uno por la pandemia de coronavirus, y el otro por la emergencia económica, que pasado el tiempo no ha resuelto ninguno de los problemas que tenía previsto solucionar con su implementación, tal como ha destacado la ONG Acceso a la Justicia de forma reiterada. En cambio, a juicio de Daniels, este escenario muestra “cómo el gobierno venezolano es tan ávido de acumular poderes”, sin que eso represente garantías para la población.

IPYS Venezuela ve con preocupación cómo cada vez más la prensa es perseguida por las autoridades estatales quienes se han valido de cualquier mecanismo, incluso el judicial, para silenciar las voces contrarias a sus intereses. Esta organización también reprocha la aplicación de medidas legales contra quienes ejercen el periodismo en el país, situación que ha aumentado en los últimos tiempos y que ha desencadenado en un ambiente de autocensura en la prensa.

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Para el levantamiento y la actualización de la información de los casos este trabajo contó con el apoyo de los periodistas Dayrí Blanco (Carabobo), Giovanna Pellicani (Anzoátegui), Irene Revilla (Falcón), Jesymar Áñez (Monagas), María Eugenia Díaz (Apure), María Fernanda Rodríguez (Mérida), Nayrobis Rodríguez (Sucre) y Pola Del Giudice (Miranda), miembros de la Red Nacional de Corresponsales y reporteros colaboradores de IPYS Venezuela.