IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
María Fernanda Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela en Mérida
Claudia García, periodista que trabaja para varios medios de comunicación en el estado Mérida, denunció a través de su cuenta en Twitter que fue censurada en uno de ellos al prohibirle dar la noticia sobre las agresiones físicas que sufrieron el pasado 3 de noviembre cuatro estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA), por parte de personas afectas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Uno de los medios para los que trabajo me contactó para evitar que comentara la situación que vivieron ayer cuatro estudiantes de la ULA, quienes fueron agredidas por oficialistas en medio de la visita de Diosdado Cabello [primer vicepresidente del PSUV] en Mérida. Según, por orden del gobernador”, tuiteó García el viernes 4 de noviembre.
Uno de los medios para los que trabajo me contactó para evitar que comentara la situación que vivieron ayer 4 estudiantes de la ULA, quienes fueron agredidas por oficialistas en medio de la visita de Diosdado Cabello en #Mérida
Según, por orden del gobernador#LibertadDeExpresion pic.twitter.com/K06eui8jNQ— Claudia García 🦋 (@claugarciass) November 4, 2022
IPYS Venezuela contactó vía telefónica a García para conocer detalles de la censura denunciada por ella en Twitter. La periodista relató lo ocurrido, pero pidió omitir el nombre del medio que la censuró y de su director, por temor a represalias.
“Como periodista que cubre la Universidad de Los Andes para ese medio, mi deber era sacar la noticia al día siguiente, explicar qué había ocurrido porque la gente que nos escucha esperaba esa información. A las seis de la mañana me llama el coordinador de la ronda informativa y me dice que no se podía dar esa información porque estaba Conatel [Comisión Nacional de Telecomunicaciones] en Mérida y los estaban escuchando. Además me dijo que era una orden desde la Gobernación, que esa información no se podía dar”, cuenta García.
El hecho por el cual censuraron a la comunicadora fue la agresión a cuatro mujeres, estudiantes de la ULA, perpetrada en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, luego de que ellas extendieran una tela negra sobre la que estaba escrito “Régimen asesino de universidad”. Esto ocurrió mientras se realizaba el acto de juramentación de los líderes de las estructuras de base del PSUV, celebrado en la plaza de toros de Mérida, ubicada frente a la referida facultad donde manifestaron las estudiantes. En ese acto estuvo presente Diosdado Cabello, así como el gobernador del estado, Jehyson Guzmán, y otros funcionarios del partido.
Ante este veto, la periodista decidió no salir al aire ese día, como modo de protesta. Horas después recibió una llamada del director de la emisora, quien le dijo que ella “debía entender que en la radio había muchas personas trabajando, más de 60 personas, quienes podrían perder el trabajo” y que cerrarían la emisora si ella daba esa información, detalla García.
La periodista asegura que otros colegas que trabajan en esa misma emisora también decidieron no salir al aire ese día, en rechazo a la censura.
IPYS Venezuela conoció por otros trabajadores de la prensa, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, que representantes de la Conatel han estado visitando emisoras en el estado Mérida desde hace aproximadamente dos meses, para revisar la documentación legal que deben tener para poder funcionar y vigilar el contenido que difunden al aire.
Uno de los trabajadores consultados aseguró que en su emisora se han autocensurado sobre temas que perjudican al gobierno local, regional y nacional para evitar que Conatel les niegue documentos que solicitaron ante este ente.
IPYS Venezuela condena los mecanismos de censura ejercidos por directivos de medios de comunicación y especialmente aquellos ejecutados por funcionarios públicos e instituciones del Estado. Desde enero hasta el 10 de noviembre de 2022, esta organización ha registrado 107 emisoras que han salido del aire por instrucciones de la Conatel en los estados Zulia (33), Falcón (19), Táchira (15), Sucre (10), Cojedes (6), Yaracuy (6), Barinas (3), Carabobo (3), Anzoátegui (2), Guárico (2), Monagas (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Lara (1) y Mérida (1).
Con frecuencia los dueños y directivos de las radios cerradas prefieren no declarar por temor a represalias o para evitar acciones en su contra cuando realizan los trámites para pedir que les devuelvan la señal y los equipos, cuando han sido incautados.
