domingo , abril 28 2024

Alerta IPYSve | Tres reporteros atacados y amenazados por funcionarios públicos en dos días

Entre el 15 y 16 de marzo, tres periodistas denunciaron ser víctimas de amenazas y actos de intimidación que limitaron su labor informativa en el área metropolitana de Caracas y el estado Carabobo.

El reportero independiente Rayber Alvarado, la periodista de sucesos Rosibel Cristina González, de Unión Radio Noticias, y José Ricardo Hernández, del diario La Calle, fueron atacados, amenazados e intimidados por ejercer su rol informativo.

El hecho más reciente ocurrió en las inmediaciones de la medicatura del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) de Bello Monte, en Caracas, el martes 16 de marzo, cuando la periodista Rosibel González se encontraba tomando declaraciones de familiares de fallecidos en las afueras del recinto.

En medio de su registro, el jefe de seguridad de la clínica forense, identificado como Richard La Rosa, se acercó al lugar en que se encontraba González tomando testimonio de un familiar y gritó en reiteradas oportunidades a la reportera para que saliera inmediatamente del área, que es admisible para la prensa.

“La próxima vez, no lo vas a contar”, “te voy a sacar a golpes” y “te voy a halar por los cabellos”, fueron parte de las amenazas del funcionario contra la reportera, quien por temor a un ataque más grave decidió abandonar el lugar. Otro funcionario de la clínica forense comentó a González que debía tener cuidado con La Rosa, ya que tiende a ser violento. “Tienes que tener cuidado porque ese señor con quien pelea le ofrece tiros” fue lo dicho por el trabajador de la morgue a la comunicadora.

https://twitter.com/RosibelCGV/status/1371826715106930692?s=20

Rosibel González señaló que no es la primera vez que el Jefe de Seguridad de la morgue de Bello Monte amenaza con golpes a periodistas de la fuente de sucesos. Esta sede del SENAMECF desde el 2015 ha aplicado restricciones a los trabajadores de la prensa para ejercer su labor informativa. Gran parte de las áreas de la institución están catalogadas como “prohibidas” para que los reporteros registren los relatos de familiares de los fallecidos que llegan al lugar.

Un evento similar en la fuente de sucesos también vivió el reportero del diario La Calle, en Carabobo, José Ricardo Hernández, durante la noche del 16 de marzo. El periodista fue intimidado por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), mientras hacía la cobertura informativa.

La situación se presentó en las cercanías del distribuidor Los Caobos de la Autopista Circunvalación del Sur, en el sector conocido puente El Ahorcado de Valencia, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego.

De acuerdo al relato de Hernández, al llegar al sitio solo había tres funcionarios del Cicpc. “Llegué, me presenté, pedí información, y dos de los hombres se alejaron. Solo uno me dijo que hubo un tiroteo, había un herido dentro una camioneta y que estaban esperando ambulancia”.

 

 
 
 
 
 
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El periodista se fue hacia la acera de enfrente y comenzó a hacer registro audiovisual de lo que sucedía, cuando uno de los funcionarios se acercó, le tapó la cámara del teléfono y preguntó qué estaba haciendo. “En ese momento dejé de grabar y mostré mi carné de prensa. Él me insistió varias veces que no grabara, incluso con gritos”.

Lo siguiente fue el desalojo de todas las personas del lugar.

Amenazas constantes

El 15 de marzo, el periodista independiente Rayber Alvarado denunció a través de su cuenta de Twitter haber recibido amenazas, desde diciembre de 2020, por parte de miembros del Consejo Comunal “Nuevo Amanecer” de Los Magallanes de Catia de Caracas, además de personas que se identificaron como simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de presuntos funcionarios de la Policía de Vargas, debido a denuncias que ha publicado en sus redes sociales.

Alvarado informó a IPYS Venezuela que comenzó a recibir amenazas en llamadas y mensajes de texto el 6 de diciembre de 2020. Luego éstas se hicieron constantes a partir del 22 de enero y durante febrero de 2021. Los atacantes se comunicaban con el reportero para obligarlo a borrar publicaciones en las que denunciaba que el Consejo Comunal de Los Magallanes de Catia había instalado puntos de control en esta zona popular de Caracas, en los que se vigilaron a votantes durante las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.

“Este Consejo Comunal se ubicaba muy cerca de los centros de votación y le preguntaban a la gente si iban a votar y si decían que no los anotaban en una lista. Luego pregunté qué estaban haciendo con esa lista y ellos me indicaron que están anotando a las personas que no iban a votar para quitarle la caja CLAP” relató Alvarado.

Posteriormente recibió llamadas de al menos cuatro presuntos funcionarios de la Policía de Vargas que lo coaccionaron a borrar las publicaciones en las que el periodista denunció un intento de extorsión del que fue víctima en una “alcabala fantasma” de esa entidad. “Borra esa noticia de Instagram. Tenemos la placa del vehículo donde se trasladaban”, decía uno de los mensajes que recibió el comunicador.

Por temor a las represalias contra él o su familia, Alvarado accedió a borrar sus publicaciones y se ha autocensurado debido a que los atacantes dijeron conocer su lugar de residencia y lo amenazaron con perjudicarlo si continuaba divulgando este tipo de denuncias.

Rayber Alvarado ha sido víctima de agresiones físicas e intimidaciones por su labor periodística en varias oportunidades. En agosto de 2020 fue golpeado por un grupo de delincuentes que intentó robarle el teléfono durante una jornada de trabajo en el centro de Caracas, y en diciembre de 2020 tuvo que huir de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que intentaban arrancarle el teléfono en el hospital de Los Magallanes de Catia.

Ha quedado en evidencia que limitar la labor informativa de trabajadores de la prensa trae consigo graves violaciones a los derechos humanos. Perseguir a los reporteros ocasiona temor y acciones de autocensura que desencadenan y aumentan los vacíos informativos de las personas que se documentan a partir de la cobertura de los periodistas.

IPYS Venezuela rechaza las amenazas y los ataques sufridos por Alvarado, González, y Hernández, y responsabiliza al Estado venezolano sobre las consecuencias que se podrían desencadenar contra los reporteros o sus familiares. No generar mecanismos correctivos contra los funcionarios públicos alimenta la impunidad que puede ocasionar mayores y más graves delitos contra la prensa.

#InformarNoEsDelito

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