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Alerta IPYSve | Tribunal de Táchira dictó orden de aprehensión contra periodista Obeysser Prada

El Tribunal Décimo de Primera Instancia en funciones de Control del Táchira emitió una orden de aprehensión contra el periodista independiente Obeysser Prada por los presuntos delitos de “promoción o incitación al odio”, contemplados en la normativa contra el odio, aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El oficio registrado bajo el código “Nº 10C-355-2021” con el asunto “SP21-P-2021-006277”, fue firmado por la jueza décimo de control Andrea Carolina González Cárdenas, quien el viernes 23 de julio dictó la orden de detención contra el reportero, y remitió el jueves 29 al Jefe de Búsqueda del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Cristóbal para su ejecución.

Prada informó a IPYS Venezuela el miércoles 4 de agosto, momento en el que tuvo conocimiento de forma extraoficial de la orden de detención, desconocer los detalles de la acusación e incluso del caso, ya que se encuentra exiliado desde tiempo atrás. “En realidad no sé de qué se me acusa, cuál es el delito en específico por el cual se abre la investigación, ni tampoco qué alegatos expone la persona que me denuncia”, señaló el reportero.

El 24 de mayo, Prada notificó al equipo de monitoreo de esta organización haber recibido información de fuentes internas del Ministerio Público (MP) sobre una investigación desarrollada en su contra, posterior a que en febrero un hombre de apellido Benítez Briceño interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Primera del órgano del Poder Ciudadano, por los supuestos delitos de instigación al odio y escarnio público.

Más de dos meses después, y sin haber recibido alguna citación o notificación para comparecer, fueron confirmadas las acciones legales contra el periodista, con el ascenso del caso desde la fiscalía hacia los tribunales de la entidad andina.

En enero de 2021, Prada denunció a través de sus redes sociales una serie de irregularidades reportadas por varios ciudadanos de San Cristóbal, entre los que se encontraba un empresario local y una médico pediatra, quienes señalaron como uno de los principales responsables a Jesús Tamani Bernal, efectivo de seguridad e hijo de Freddy Bernal, diputado a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre y “protector del Táchira”, cargo impuesto por Nicolás Maduro para restar poder a la gobernación de la entidad en manos de la oposición.

En esas denuncias, también fueron señalados otros funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acusaciones que desencadenaron en una serie de ciberataques y amenazas contra el reportero.

IPYS Venezuela condena esta grave situación que además de violatoria a la libertad de expresión, confirma la configuración de un proceso persecutorio contra el reportero por las autoridades venezolanas.

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